La Fiscalía de Delitos Complejos instruye una causa por extorsión y robo agravado contra tres agentes que habrían interceptado a un conductor de Uber Moto en mayo, desviándolo hacia una zona oscura del Parque Guillermina para sustraerle $200.000. El caso se suma a una serie de denuncias por abusos policiales registradas durante 2024 y 2025, que contrastan con las afirmaciones del gobernador Osvaldo Jaldo sobre la reducción de la inseguridad en la provincia.
El nuevo caso
La Unidad Fiscal de Delitos Complejos investiga una denuncia por presunta extorsión y robo agravado contra tres policías que, el 11 de mayo pasado, habrían interceptado a un conductor de Uber Moto en la avenida Alfredo Guzmán. Según la querella, los agentes —a bordo del móvil TUC 0721— obligaron al conductor y a su pasajero a desviarse hacia una zona poco iluminada del Parque Guillermina, donde, tras amenazarlo con detenerlo o secuestrar su moto, se apropiaron de $200.000 en efectivo.
El motociclista activó la grabación automática de audio de la aplicación Uber, herramienta que registra el entorno sonoro del viaje en un archivo encriptado, accesible solo por requerimiento judicial. Según su relato, los agentes cubrieron la patente del móvil antes de retirarse. Los abogados Macario Santamarina y Agustina Mitre, patrocinantes de la querella, solicitaron la obtención de ese audio, la reconstrucción del recorrido GPS y la identificación de los tripulantes del móvil.
La presentación subraya que el caso se enmarca en un patrón de episodios similares denunciados en los últimos años, donde taxistas, repartidores y motociclistas refirieron desvíos hacia zonas sin cámaras, amenazas de detención y solicitudes de dinero para evitar supuestas infracciones.
Antecedentes: denuncias públicas y operativos cuestionados
1. Detención arbitraria en El Bajo (abril de 2025)
A fines de abril, un joven denunció mediante redes sociales que fue interceptado por dos patrulleros y cuatro motocicletas en la intersección de 24 de Septiembre y Moreno, cuando salía de cenar con su hermana. Le arrebataron el celular, lo trasladaron a la Comisaría Décima (Villa 9 de Julio) y lo obligaron a firmar un acta justificativa de una supuesta contravención. Según el denunciante, los efectivos afirmaron durante la detención: “son órdenes de Jaldo”. Fue liberado a las 4 de la madrugada en el corazón de Villa 9 de Julio.
2. Operativos “El Trencito” en Villa Alem (agosto de 2024)
Vecinos de Villa Alem denunciaron detenciones arbitrarias y sistemáticas en el marco de operativos policiales conocidos como “El Trencito”. Cristian, uno de los afectados, declaró haber sido detenido tres veces sin motivo, retenido hasta 10 horas con el argumento de “averiguación de antecedentes”. Su padre, Julio César, de 62 años, afirmó: “Al que ven en la calle, lo detienen sin razón. Esto viola nuestros derechos; parece la época de la dictadura”.
3. Allanamiento violento en Tafí Viejo (abril de 2025)
El caso más grave ocurrió en la madrugada del 19 de abril en una vivienda de Monteagudo al 1.700, en Tafí Viejo. Un grupo de jóvenes —varios de ellos dirigentes estudiantiles— denunció que efectivos de la División Motorizada irrumpieron sin orden judicial, golpeando a los presentes. Santino Mena, uno de los denunciantes, sufrió fracturas en brazo y rodilla. Sus familiares y quienes intentaron grabar también habrían sido agredidos. El caso fue elevado a la Unidad Fiscal de Decisión Temprana por presuntos apremios ilegales y abuso de autoridad. Los denunciantes exigen el cese del operativo “Trencito”.
Contraste con las declaraciones oficiales sobre seguridad
Estas denuncias se conocen en un contexto en el que el gobernador Osvaldo Jaldo ha destacado reiteradamente una mejora en los índices de seguridad provinciales. Durante el lanzamiento del Operativo Felices Fiestas, Jaldo aseguró que los homicidios bajaron un 40% y los delitos un 30% en 2025 respecto a 2024, y afirmó: “Tenemos los índices más bajos de los últimos 25 años”. Agregó que “la Policía cumplió con los objetivos institucionales” y que en Tucumán “no hay tierras ocupadas por narcos”.
El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, respaldó dichas estadísticas, indicando que coinciden con los registros del Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio Público Fiscal provincial.
Sin embargo, la serie de denuncias por abusos policiales —que incluyen extorsión, detenciones arbitrarias, violencia en allanamientos y presuntas coimas— plantea serias contradicciones entre el relato oficial y los hechos investigados por la Justicia. Los casos mencionados, algunos ya judicializados y otros en etapa de denuncia pública, reflejan un patrón de actuación que vulnera garantías básicas y que contrasta con la imagen de una fuerza policial que, según el gobernador, “arriesga la vida” en un marco de pleno respeto institucional.
La investigación del nuevo caso en el Parque Guillermina podría aportar evidencia tecnológica objetiva (audio y GPS) para determinar responsabilidades y evaluar si existe una sistematicidad en los abusos denunciados.