Nicolás Agustín Albaca Romano, efectivo de la Policía de Tucumán de 23 años, falleció este miércoles tras permanecer siete días internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Centro de Salud Zenón Santillán, donde había ingresado en estado gravísimo con asistencia respiratoria mecánica y lesiones severas en el hemitórax izquierdo con compromiso pancreático.
El hecho se produjo alrededor de las 0.30 del martes 6 de octubre en la garita policial situada en la intersección de la calle Charcas y el pasaje Díaz Vélez, en la zona de El Bajo y del Predio Ferial de San Miguel de Tucumán. De acuerdo con la reconstrucción de la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo del fiscal Carlos Sale, el agente Benjamín Eduardo Díaz se encontraba en el interior de la casilla, cerca de la puerta, cuando accionó su pistola reglamentaria calibre 9 milímetros marca FN Browning; el proyectil impactó en el hemitórax izquierdo de Albaca Romano, que se hallaba en el exterior junto a los uniformados Marcos Andrés Díaz y David Nazareno Santillán, sin orificio de salida.
Vecinos de la zona alertaron a personal de la Comisaría Seccional Segunda después de advertir que un efectivo había recibido un disparo y perdía sangre. Un móvil del Distrito Urbano al mando del subcomisario Cristian del Carril trasladó de inmediato al herido al nosocomio, donde fue intervenido quirúrgicamente de urgencia por un equipo médico que constató las lesiones internas, entre ellas pancreatitis aguda y necesidad de múltiples drenajes.
En un primer momento Díaz declaró que el arma se había accionado accidentalmente mientras la manipulaba. Sin embargo, en la audiencia del 7 de octubre el auxiliar fiscal Alejandro Andole le imputó el delito de lesiones graves en calidad de autor, y el juez Guillermo Taylor dispuso la prisión preventiva hasta el 1 de diciembre por riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación. Ante la confirmación del deceso, la Fiscalía readecuó la calificación hacia la figura de homicidio.
La defensa técnica, a cargo de los abogados José María Molina y Fabrizio Caruso, impugnó la preventiva y sostuvo que no existen elementos de intencionalidad, que el episodio pudo configurarse como accidente o negligencia, y que Díaz permaneció en el lugar, entregó su teléfono y se sometió a pericias, entre ellas el dermotest y un dosaje. Los letrados señalaron que los testimonios de los compañeros coincidían en la ausencia de discusión previa. La madre de la víctima había planteado que podía existir otra versión de lo ocurrido.
El caso permanece bajo investigación de la Unidad Fiscal de Homicidios II para precisar las circunstancias exactas del disparo y las responsabilidades correspondientes. La muerte de Albaca Romano, personal transitorio policial de la Dirección de Distritos Urbanos N° 1, cierra una agonía de siete días que comenzó con un balazo entre efectivos de la misma fuerza en plena guardia.
