Una compleja red de maniobras fraudulentas fue descubierta en una estación de servicio de Famaillá, donde los dueños presentaron una denuncia penal contra varios de sus empleados por presunta estafa. Los acusados habrían utilizado de manera indebida el sistema de beneficios que la empresa petrolera otorga a sus clientes. El caso, que maneja cifras millonarias y operaciones aparentemente ficticias, está bajo la órbita de la fiscal Mónica García de Targa, del Centro Judicial de Monteros.
La pesquisa se inició luego de que la compañía afectada advirtiera serias irregularidades en los registros de ventas ligados a la tarjeta promocional lanzada en 2019. Este programa permitía a los usuarios recibir un 10% de reintegro por cada carga de combustibles premium o por compras realizadas en el local. La petrolera cubría dos tercios del costo del beneficio, mientras que la estación asumía el tercio restante, una propuesta que logró una importante aceptación entre los consumidores.
Según la denuncia radicada por el letrado Amancio Petray, el mecanismo del fraude habría sido llevado a cabo por los empleados a cargo de ingresar los datos de las operaciones: estos registraban ventas que nunca ocurrieron, asociándolas a tarjetas de clientes falsos, cuestionables o creados específicamente para el ilícito. Posteriormente, utilizando esas identificaciones fraudulentas, retiraban el dinero acumulado como premio en cualquier estación de la misma cadena.
El esquema ilegal se destapó en febrero de 2025, cuando un reporte enviado por la petrolera al gerente del establecimiento dejó al descubierto notables discrepancias entre el volumen real de combustible despachado y los reintegros emitidos por el sistema de premios. Esta advertencia impulsó una auditoría interna que terminaría confirmando la envergadura del desfalco.
Los responsables del complejo detectaron que, entre enero de 2024 y la fecha de la denuncia, se habían registrado cargas supuestas por más de $ 24 millones vinculadas a usuarios inexistentes, de las cuales se extrajeron más de $ 19 millones en efectivo. Los registros internos evidenciaron una clara desproporción entre la venta real de combustible y los montos solicitados como beneficio.
La auditoría también logró identificar que los empleados implicados habrían conformado cuatro grupos para ejecutar el fraude, integrados por familiares, terceros sin identificar e incluso tres mujeres que compartían el mismo apellido. Un patrón recurrente se observaba en todos los casos: la mayor parte de las cargas se realizaban durante la madrugada, en lapsos de tiempo muy cortos y por sumas inferiores a $ 40.000, una estrategia que habría buscado eludir los sistemas de alerta automáticos.
En la presentación judicial se solicita que se investigue a alrededor de 10 empleados, a quienes se les atribuyen perjuicios económicos individuales que oscilan entre los $ 700.000 y los $ 2,4 millones. Los propietarios acompañaron la denuncia con documentación, registros y planillas que respaldan sus afirmaciones, en tanto esperan que la Fiscalía avance con las medidas necesarias para develar por completo el operativo.
La investigación se centra ahora en establecer la responsabilidad penal de los implicados y evaluar si este método fraudulento pudo haberse aplicado en otras estaciones de la red. Mientras tanto, los dueños de la firma calculan que el perjuicio total asciende a varios millones de pesos, en una causa que podría derivar en imputaciones por defraudación y asociación ilícita.