El ex legislador José Orellana, condenado en el pasado por abuso sexual y actualmente dedicado a conferencias sobre liderazgo, se refirió a la investigación por el secuestro de 470 kilos de cocaína que mantiene a Famaillá en el centro de la escena judicial y política. Orellana desestimó las sospechas que ponen a la ciudad y a algunos de sus habitantes bajo la lupa y cuestionó la forma en que se ha abordado públicamente este caso.
“Que en esta ciudad haya personas que eligieron un camino equivocado es una cosa, pero cómo se está tratando este tema es una falta de respeto total y una subestimación de la inteligencia de los famaillenses”, sostuvo Orellana, uno de los referentes políticos locales relacionados a la causa.
En una entrevista con La Gaceta, el dirigente analizó el impacto que tiene la causa y la incertidumbre sobre su desenlace. Consultado sobre si Famaillá podría ser un centro de acopio de drogas, fue categórico: “De ninguna manera. Trabajamos para que sea una ciudad ordenada y en crecimiento. Que la droga pase por aquí es algo lógico por la ruta tradicional, pero ese no es mi mundo”.
La discusión adquirió carácter político al mencionar que uno de los detenidos, Rodrigo “Icha” Chávez, había sido candidato a concejal, si bien por otra lista opositora al sector con vínculos con la familia Orellana. “Nos quisieron vincular arbitrariamente con esos detenidos pero no tenemos relación con ellos”, aclaró.
Orellana reconoció que Famaillá es un centro de inversiones y tránsito como paso obligado en la región, pero rechazó la idea de que esté involucrada en el narcotráfico. “Nos sorprende que se diga que es base de estructuras criminales en direcciones que parecen fantasiosas”, afirmó.
Respecto a versiones que señalan apariciones de avionetas sospechosas o maniobras ilícitas, el ex legislador lo consideró “una película” y calificó como un amarillismo contraproducente las afirmaciones que dañan la imagen de la ciudad.
Orellana defendió la condición social y profesional de los habitantes, rechazando comparaciones con otras localidades conflictivas. “Nuestra gente se dedica a sus actividades normales y la Justicia está investigando. Nunca que se haya planteado ante el gobernador un plan antinarco general”, sostuvo.
Finalmente, cuestionó la atribución de responsabilidad por el crecimiento económico de algunos imputados, explicando que no conoce ni mantiene vínculos con ellos. “Si hay delito, la Justicia y Policía deben actuar. Nosotros no estamos en contra, pero sí molestos por cómo se trata a Famaillá y nos vincula indebidamente”, concluyó.
