El Tribunal de Cuentas de Tucumán amplió la denuncia penal contra el interventor de la Caja Popular de Ahorros (CPA), José César Díaz, tras confirmar que el organismo que controla Carlos Cisneros desde hace 25 años incumplió sistemáticamente la Ley 5.115 durante el período 2020-2023, afectando recursos clave del sistema de salud provincial en plena emergencia sanitaria.
Mediante el Acuerdo N.º 5183, aprobado el 11 de noviembre de 2025, el Tribunal detectó una deuda de $3.381.104.038 generada por la falta de transferencia del 25% del resultado bruto del sector juegos y una suma fija mensual de $400.000 que por ley debían destinarse al Sistema Provincial de Salud (SIPROSA).
Crisis en cascada para el entorno Cisneros
Esta nueva complicación judicial se suma a la ya grave situación que enfrenta el círculo íntimo de Cisneros. Recientemente, el Tribunal de Cuentas había abierto un Juicio de Responsabilidad contra el cuñado del diputado, el legislador Hugo Ledesma -quien se desempeñaba como subinterventor de la CPA durante los hechos investigados-, por un presunto desvío de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social por $26,8 millones.
La investigación revela que la CPA efectuó los pagos al SIPROSA recién después de que el Tribunal abriera el Juicio de Responsabilidad y denunciara penalmente las irregularidades en junio de 2024. El primer pago, de $588.222.576, se concretó el 12 de noviembre de 2024, cinco meses después de la denuncia, mientras que otro pago por $320.526.135 se realizó recién el 27 de mayo de 2025.
Patrón de irregularidades
El Acuerdo 5183 sostiene que la conducta del interventor configura una retención indebida de caudales públicos y podría encuadrarse en los delitos de violación de deberes de funcionario público y malversación. El Tribunal consideró de «especial gravedad institucional» que estos incumplimientos se produjeran durante los años 2020 a 2023, en plena emergencia sanitaria por COVID-19 y dengue.
«El incumplimiento persistente privó al SIPROSA de recursos esenciales destinados a la salud de los tucumanos, en violación de la Ley 5.115 y del principio de legalidad financiera», señala el texto, agregando que la maniobra «no fue un mero error contable, sino una acción deliberada y prolongada que perjudicó el interés público».
Ampliación de la causa penal
Por estas razones, el Tribunal resolvió ampliar la denuncia penal ante la Fiscalía de Delitos Complejos, donde ya tramita la causa N.º S-048030. La ampliación incluye los pagos realizados en noviembre de 2024 y mayo de 2025, actualmente bajo verificación de la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía de Estado.
Esta nueva investigación profundiza la crisis judicial que envuelve a Carlos Cisneros, quien además enfrenta serias acusaciones por su presunta participación como cabecilla de una asociación ilícita para fabricar pruebas contra futbolistas de Vélez, en una causa donde el juez Bernardo Daniel Lerario Babot lo señaló como «el de arriba» que dirigía las operaciones desde la estructura de La Bancaria y la Caja Popular de Ahorros.
El entramado judicial que se teje alrededor de la Caja Popular y sus funcionarios evidencia un patrón de conducta que trasciende las distintas administraciones y que hoy tiene en jaque no solo al histórico dirigente sino a toda su estructura de poder.