Los escándalos por las multimillonarias y descontroladas cooperativas; la basura más cara del país y el oscurísimo convenio para esconder absolutamente cómo se gasta cada peso de la Municipalidad necesitaban alguna noticia que desviara la atención de las monstruosas irregularidades del Gobierno de San Miguel de Tucumán.
Así apareció, de pronto, una auditoría al Tribunal de Faltas. Los jueces que la padecen son los mismos que reclamaban cobrar, según lo dictan las normas municipales, igual que un secretario de la ciudad. Lo más elocuente es quién aparece al frente del control: Marcelo Albaca, el contador general que figura en casi todos los expedientes oscuros de esta gestión.
La secuencia no admite otra lectura. El 26 de agosto, el presidente del Tribunal, Fabián Lizondo, y los jueces Gerardo Poliche y Héctor Toledo pidieron a la Justicia copia autenticada de los últimos 24 recibos de haberes de los secretarios —Gobierno, Secretaría General, Fiscalía municipal— y de cualquier rubro complementario. El fundamento era el Decreto 0262, de marzo de 2024: la propia Intendencia les había reconocido “el mismo rango de Secretario de Estado Municipal con responsabilidad funcional”. Adjunto a la demanda iban sus liquidaciones. Compulsadas con las de la cúpula, decían, se vería que no cobran lo que la norma promete. Esa negativa a revelar los haberes fue el punto de partida de la investigación de El Federalista sobre la caja negra municipal.
La Municipalidad no entregó los recibos. Pidió preservar los datos. Y, enseguida, derogó el decreto. El 0285/SG/2026 barrió la paridad salarial que los jueces estaban haciendo valer en la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativa. Lizondo no habló de un ajuste técnico. Habló de represalia. Presentó el expediente 4262/26 —“Gravedad institucional, quiebre del equilibrio democrático y requerimiento urgente de legalidad”— y le escribió a Rossana Chahla que usar las prerrogativas del Estado “para castigar a quienes exigen que se respeten sus derechos” es una desviación de poder. Advirtió abuso de autoridad, coacción e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“El presente comunicado trasciende la mera impugnación técnica de un acto administrativo; constituye una advertencia ineludible frente a un ejercicio del poder que se ha apartado de los principios republicanos básicos.”
— Fabián Lizondo, presidente del Tribunal de Faltas
Tres semanas después, La Gaceta informa que el municipio auditó al Tribunal y detectó “serias ineficiencias” en el manejo de expedientes. El organismo que en 2025 tramitó más de 97.000 actas y recaudó 1.993 millones —cifras que la propia Intendencia celebró como fruto de la descentralización— pasa a ser el problema. El que no publica cuánto cobra un secretario se ofrece, ahora, como auditor de quienes le pidieron esa cifra.
En marzo, Chahla había impulsado a Lizondo a la presidencia del Tribunal. En julio estalló el pleito por la descentralización: un dictamen consideró inconstitucional el decreto que mueve a los jueces; la magistrada Luciana Estofán rechazó que los llamaran “meros directores”. Matías Balardini, director administrativo designado por la Intendencia, defendió la reforma. El conflicto salarial no nació en septiembre. Se cocina desde que los jueces dejaron de ser funcionales al relato de modernización y empezaron a preguntar por la plata.
La basura, el secreto y las cooperativas
Lo que esa auditoría no examina es el tablero que esta redacción viene documentando. El Presupuesto 2026 reserva unos 110.000 millones —el 31,5% del total— a recolectar, compactar y disponer residuos. Tres de cada diez pesos. El Banco Mundial estima que los municipios argentinos destinan, en promedio, el 13% a ese rubro. Córdoba llegó al 18,4% y lo presentó como récord. San Miguel de Tucumán duplica el promedio nacional. Cada kilo le cuesta al municipio unos 469 pesos. El contrato de Transportes 9 de Julio, prorrogado cinco años sin licitación, no está a un clic. Las plantas de San Felipe y Overo Pozo las operan Esur y Ciageser, del mismo holding que la recolectora, por más de 68.000 millones a cinco años. El detalle de esa partida está en la nota de El Federalista sobre la caja de la basura.
Sobre esa cadena se apoya el convenio que Chahla, Camila Giuliano y Sebastián Ruiz Toscano firmaron el 28 de diciembre de 2023 con Concilio & Sarralde. No fue un informe puntual sobre Alfaro. Fue un contrato de cuatro años, prorrogable, de auditoría “contable, financiera, jurídica, laboral, tributaria y administrativa”, pagado por horas, con oficina y muebles dentro del edificio municipal. Los informes son confidenciales. El comité que certifica las horas lo integran Octavio Concilio y Marcelo Albaca. El brochure del estudio lista como clientes, uno al lado del otro, a la Municipalidad y al Consorcio GIRSU. El auditor del que paga se anuncia como proveedor del que trata y entierra.
En mayo, la concejala Ana González denunció penalmente a cinco funcionarios —Luciano Chincarini, Giuliano, Rodrigo Gómez Tortosa, Ruiz Toscano y el propio Albaca— por doce contrataciones directas por 2.700 millones. El expediente fue publicado por El Federalista el 20 de mayo. Cooperativas sin inscripción en el registro de proveedores cobraron cientos de millones por cortar pasto. Atres Impresiones facturó 398 millones por 40 refugios y otros 252 por veinte más. Proyectar Futuro, 394 millones en tres meses. Providers, 398 millones en kits de “micro embarcado”. Un secretario municipal, dijo González, maneja 400 millones en forma directa; un ministro provincial, 10. La intendenta no firma. Firman los secretarios. Albaca avala. La edil lo ratificó días después: “El problema de Chahla es San Pedro”.
Chincarini, además, figura como empleado de la Caja Popular, la entidad del mapa de Carlos Cisneros, financista de la campaña de Chahla. El Federalista documentó ese doble vínculo el 22 de mayo. El mismo estudio que asesora al municipio audita liquidaciones de esa caja. El circuito no es una coincidencia de apellidos. Es un mismo método: contratar adentro, certificar adentro, reservar el papel. En ese mismo tramo, Chahla apartó a Alejandro Sangenis tras defender la gestión en un medio de Cisneros: la crónica de su salida.
El 4 de septiembre, sin debate y con el sí de los presentes, el Concejo facultó a Hacienda a agrandar hasta un 15% el Presupuesto de 349.000 millones. Emiliano Vargas Aignasse pidió que no se lo llamara ampliación. Son 52.350 millones de margen discrecional, sin destino votado, en manos del mismo Ruiz Toscano que firmó el convenio secreto. El municipio que no muestra el recibo de un secretario acaba de obtener permiso para mover, sin partida pública, una cifra equivalente a la mitad de lo que gasta en basura.
Auditar ahora el archivo de faltas, con Albaca en el aparato de control, deja en evidencia no sólo la absoluta falta de transparencia en la Municipalidad sino también las pretensiones de ocultar todo con enérgicas estrategias de presión extremas para lograr la sumisión de cualquier disidencia o queja.
Investigación previa de El Federalista:
• Chahla y la gran caja negra: miles de millones sin control (31/08/2026)
• Ana González denuncia contrataciones directas por $2.700 millones (20/05/2026)
• Chincarini, denunciado y empleado de la Caja Popular (22/05/2026)
• “El problema de Chahla es San Pedro” (24/05/2026)
• Chahla echó a Sangenis (22/05/2026)
