La concejala capitalina Ana María González ratificó y amplió ante las cámaras del programa Parte de Prensa la denuncia penal que presentó la semana pasada contra cinco altos funcionarios del gabinete de la intendenta Rossana Chahla por presuntas irregularidades en doce contrataciones directas por un total de 2.700 millones de pesos. En una extensa entrevista, exhibió documentación y lanzó una frase que agitó el escenario político tucumano: “Así como el problema de Javier Milei es Karina Milei, el problema de Rossana Chahla es (Marcelo) San Pedro” (foto), en clara alusión al esposo de la jefa comunal.
San Pedro es un empresario argentino del sector de la salud y la tecnología. Se desempeña en el sector de la venta mayorista y distribución de insumos y aparatología médica de alta complejidad. Ha operado comercialmente como representante de firmas internacionales de tecnología médica en el norte argentino.
Su rol en el sector privado de la salud ha suscitado diversos cuestionamientos. Se le ha señalado en denuncias periodísticas y políticas por presuntos conflictos de intereses relacionados con la provisión de equipamiento médico de alta complejidad a dependencias estatales durante las gestiones de su esposa.
San Pedro, según fuentes de la Municipalidad, ha sido el responsable de mantener una relación «estable» de Chahla con Carlos Cisneros, quien fuera el padrino político de la Intendenta y ahora ha decidido confrontar con el gobernador. Muchos consideran a la influencia del diputado nacional el factor clave para el alejamiento de la Jefa de Gobierno municipal y Jaldo.
Consultada sobre el sentido de esa afirmación, González evitó mayores precisiones pero dejó una insinuación elocuente: “A buen entendedor, pocas palabras. Ella sabe perfectamente lo que quise decir”.
La edil detalló que su investigación —realizada durante meses junto a su equipo de abogados— reveló “muchísimas irregularidades” en contrataciones para corte de césped, mantenimiento de plazas, refugios de colectivos, tótems interactivos y eventos públicos, todas amparadas en la supuesta emergencia municipal. “Encontramos cooperativas que cobraron 400 millones de pesos trimestrales para tareas de corte de césped, limpieza y mantenimiento de espacios públicos. Pero esas cooperativas ni siquiera estaban inscriptas en el registro de proveedores del municipio, que es un requisito básico para contratar”, afirmó.
Según su relato, varias de esas entidades fueron dadas de alta tributariamente en el mismo mes en que comenzaron a recibir los millonarios contratos. “Algo no estaba bien. Por eso decidimos poner todo en manos de la Justicia”, sostuvo.
González también cuestionó los montos abonados por infraestructura urbana. Los refugios de colectivos fuera de las cuatro avenidas principales habrían costado 12 millones de pesos cada uno, cuando —según su análisis de costos— no superarían los 4 o 5 millones. Los refugios con pantallas LED llegaron a facturarse por 22 millones, cuando el valor razonable oscilaría entre 8 y 10 millones. Asimismo, apuntó contra una contratación de 141 millones de pesos para la instalación de tótems con pantallas LED durante el Vía Crucis de Semana Santa. “¿Dónde está la emergencia? ¿Emergencia es cortar el pasto? ¿Emergencia es poner refugios? ¿Emergencia es un Vía Crucis con 20 o 30 personas?”, disparó.
La denuncia abarca específicamente los siguientes contratos:
- Fabricación e instalación de paradas de colectivos y refugios a cargo de Atres Impresiones S.A.: a principios de 2025, 40 paradas por 398 millones de pesos; en diciembre de 2025, 20 refugios más por 252 millones; y en 2024, tres refugios multimedia por 68 millones, con sobreprecios que superaban los 10 millones por unidad.
- Compra de 165 kits de monitoreo para el transporte público a Providers S.A. por 398 millones de pesos, calificados como “necesidad inmediata e imprevista”.
- Provisión de 14 tótems interactivos para el Vía Crucis a Esca Construcciones S.R.L. por 141 millones de pesos en marzo de 2025.
- Contratación de la Cooperativa de Trabajo “Juntos para Vivir Mejor” por 50 millones de pesos para tres meses de tareas de promoción ambiental.
- Adjudicaciones a particulares como Alberto Obeid e Ivana Longhino, y a las cooperativas “Profeta Isaías”, “Remacoop”, “Constutuc” y “Proyectar Futuro” para desmalezamiento y mantenimiento de espacios verdes.
Entre los acusados figuran el secretario de Servicios Públicos, Luciano Chincarini —quien, además, figura como monotributista en relación de dependencia con la Caja Popular de Ahorros de la Provincia, entidad históricamente manejada desde las sombras por el diputado nacional Carlos Cisneros—; el secretario General, Rodrigo Gómez Tortosa; la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano; el secretario de Economía y Hacienda, Sebastián Ruiz Toscano; y el contador General, Marcelo Albaca.
Manejo de 400 millones de manera directa
La concejala insistió en que el núcleo del problema radica en el abuso sistemático de la contratación directa. “Un ministro provincial tiene facultad para contratar 10 millones y acá un secretario municipal maneja 400 millones de pesos de manera directa. Eso llama muchísimo la atención”, remarcó.
En otro tramo de la entrevista, González subrayó que ninguna de las resoluciones cuestionadas lleva la firma de la intendenta Chahla. “La intendenta no firma en ningún lado. Todo está firmado por secretarios”, afirmó, al tiempo que apuntó contra el contador general del municipio, a quien acusó de haber avalado administrativamente las contrataciones. “Es el que tenía que controlar. Y mientras tanto compró una casa en un country de Yerba Buena y viajó a China. Que la Justicia investigue”, dijo.
La edil respondió además a las declaraciones del secretario Chincarini, quien había calificado la presentación como una revancha personal. “No estoy despechada. Soy una concejal elegida por el voto popular. Lo que quisieron hacer conmigo fue callarme y amedrentarme”, replicó. Y minimizó las acusaciones sobre una antigua camioneta municipal: “Quieren comparar una chatarra modelo 98 dada de baja con 2.700 millones de pesos en contrataciones directas. Es ridículo”.
González adelantó que la denuncia inicial será ampliada en los próximos días, ya que continúan surgiendo nuevas irregularidades. “Esto recién empieza”, advirtió.
El episodio se produce en medio de la creciente tensión interna del peronismo tucumano y de las versiones que vinculan a varios funcionarios del gabinete municipal —en especial Chincarini— con la influencia del diputado Cisneros. Días atrás, la propia Chahla había apartado de su cargo al subsecretario de Gobierno Alejandro Sangenis, considerado un operador del cisnerismo, tras sus críticas al ministro provincial Darío Monteros en el mismo contexto de la denuncia.
