A partir de las cero horas de este miércoles 8 de julio, comenzó a regir el nuevo esquema tarifario para el servicio de taxis en San Miguel de Tucumán. La actualización, que representa un incremento del 33%, fue formalizada tras la promulgación de la ordenanza por parte del Departamento Ejecutivo Municipal. Con estos nuevos valores, la bajada de bandera se posicionó en $1.200 (frente a los $900 previos), mientras que el costo de la ficha por cada 100 metros recorridos o minuto de espera se elevó de $90 a $120.
El presidente de la Federación Nacional de Conductores de Taxis en la provincia, Julio Rodríguez, confirmó que los permisionarios iniciaron el proceso técnico de recalibración de los relojes taxímetros tras recibir el aval de la secretaria de Gobierno municipal, Camila Giuliano. El dirigente justificó la suba al señalar que el sector enfrenta una severa crisis de rentabilidad producto de la inflación en los costos de mantenimiento. «Este ajuste busca paliar el desfasaje económico que soportamos debido a los sucesivos aumentos en los combustibles, las dos subas consecutivas en el precio del GNC en pocas semanas y el incremento de los repuestos e insumos vehiculares», argumentó.
La aprobación parlamentaria de la medida en el Concejo Deliberante local expuso las profundas diferencias políticas en torno al transporte urbano. El oficialismo logró sancionar el proyecto por una ajustada mayoría de nueve votos contra siete, en una sesión caracterizada por el cruce de reproches entre los ediles que defendieron la necesidad de garantizar la supervivencia del servicio y los bloques opositores, quienes advirtieron sobre el impacto directo que el tarifazo tendrá sobre el mermado bolsillo de los usuarios.
La vigencia del nuevo cuadro tarifario coincide con un recrudecimiento de la disputa legal y operativa contra las aplicaciones globales de transporte como Uber y DiDi. Desde la Municipalidad de la capital confirmaron que ambas empresas de tecnología ya fueron intimadas formalmente mediante cartas documento para que adecuen su funcionamiento a las exigencias regulatorias locales, dado que continúan operando al margen de la normativa vigente.
Desde la Federación de Conductores respaldaron la ofensiva administrativa y alertaron que, en caso de persistir el incumplimiento y la presunta competencia desleal, las autoridades municipales procederán al secuestro de las unidades particulares que presten servicio de manera clandestina. En paralelo, la batalla judicial iniciada por el gremio contra las plataformas digitales se encuentra empantanada en el fuero Contencioso Administrativo, luego de que la Cámara Civil y Comercial se declarara incompetente, prolongando un escenario de incertidumbre regulatoria en el transporte de pasajeros de la capital.
