La concejala alfarista Ana González presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal (MPF) contra cinco secretarios municipales de San Miguel de Tucumán por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público, al detectar contrataciones directas “irregulares” por un monto total que asciende a 2.700 millones de pesos. En tanto, desde la administración capitalina respondieron que la denuncia responde a una búsqueda de protagonismo y que los procedimientos fueron realizados dentro del marco legal vigente.
Los funcionarios responsabilizados son: Luciano Chincarini (Servicios Públicos), Camila Giuliano (Gobierno), Marcelo Albaca (Contador General), Rodrigo Gómez Tortosa (Secretaría General) y Sebastián Ruiz Toscano (Economía y Hacienda).
La denuncia, que cuenta con la representación legal de Juan Macario Santamarina, denuncia “hechos presuntamente delictivos” detectados a partir de “un patrón de conducta consistente en la contratación directa de determinadas cooperativas de trabajo”, según el texto al que tuvo acceso LA GACETA. Se alega que estos actos fueron respaldados por “sumas millonarias” con la justificación de “situaciones de necesidad y urgencia” que encubren tareas “ordinarias, previsibles y programables”.
Además, la acusación sostiene que, de al menos una docena de casos formulados, se contrataron firmas que “no se encuentran inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad” y que “carecían incluso de inscripción ante los organismos tributarios competentes para desarrollar las tareas”, regularizando su situación únicamente en el mes en que fueron requeridas para prestar servicios directos a la Municipalidad.
Un aspecto agravante señalado apunta a que las contrataciones “presentan montos que resultan, prima facie, manifiestamente excesivos”, lo que aporta indicios suficientes para impulsar una investigación por los delitos de malversación de caudales públicos y cohecho pasivo. El monto más alto denunciado corresponde a aproximadamente 398 millones de pesos destinados a la adquisición de 165 kits de “micro embarcado” para el transporte público a través de la cooperativa Providers S.A.
Desde la gestión municipal que conduce Rossana Chahla informaron que, al cierre de la edición, no habían recibido notificación oficial sobre la denuncia, pero expresaron su “firme voluntad de estar a disposición y cumplir con todo lo que requiera la Justicia”.
Luciano Chincarini, titular de la Secretaría de Servicios Públicos, calificó la denuncia como “claramente política”, destacando que la concejala denunciadora fue parte durante ocho años del gobierno del exintendente Germán Alfaro, “una gestión reiteradamente señalada por hechos de corrupción” y que, señaló, nunca brindó explicaciones a la comunidad. Agregó que ella fue “exonerada en una causa vinculada a la desaparición de una camioneta oficial que sigue sin aparecer”.
El funcionario interpretó que el accionar de González busca “adelantar los tiempos electorales judicializando la política”, y respaldó la actuación administrativa señalando que “todo se realiza dentro del marco de procedimientos legales, administrativos y contables vigentes, con intervención de áreas técnicas y órganos de control”.
En otro capítulo del reclamo, la denuncia incluye un apartado contra Marcelo Albaca por presunto enriquecimiento ilícito. Se indica un viaje al exterior —China— realizado por el contador General y se adjunta un estado de deuda. Se menciona un crédito hipotecario con el Banco Nación por unos 415 millones de pesos para una propiedad en el Country del Golf, estimando que el desembolso en efectivo oscilla entre 120 y 160 millones, cifra que se considera “prima facie incompatible” con los ingresos de Albaca como funcionario municipal.
Por tales motivos, la concejala solicitó, además, su incorporación como querellante, el allanamiento urgente en la Municipalidad para el secuestro de expedientes administrativos ligados a compras directas y registros municipales de proveedores, informes de Ipacym, ARCA y Rentas Provinciales, allanamientos en domicilios de cooperativas involucradas, y la autorización para acceder a información crediticia bancaria de Albaca.
En cuanto a las contrataciones cuestionadas, son doce las activadas directamente a cooperativas para tareas ordinarias como desmalezamiento, limpieza y mantenimiento de espacios verdes. Por ejemplo, la firma con Proyectar Futuro ascendió a 394 millones por tres meses en 2025; mientras que la cooperativa Atres Impresiones recibió un contrato por 398,6 millones para la fabricación e instalación de 40 refugios para paradas de colectivos.
La demanda sostiene que se repite un “patrón reiterado” de contratación directa para tareas previsibles, “que deberían canalizarse mediante licitación pública conforme a la legislación vigente”.
