Lo que parecía apenas una estrategia judicial para evitar un aumento salarial que distorsionara el presupuesto ha quedado, a la luz de los últimos acontecimientos, como una política de Estado: la Municipalidad de San Miguel de Tucumán funciona como una caja negra, con gasto discrecional por el que no rinde cuentas a nadie.
De lo poco que el ciudadano puede saber se infiere, necesariamente, que Rossana Chahla no está dispuesta a rendir un solo peso de lo que se gasta ni a explicar por qué uno de cada tres pesos se destina a la recolección de basura —más del doble del promedio de los municipios argentinos—, ni a dar cuenta de los miles de millones que se pagan a cooperativas opacas, cuánto gana un secretario, ni del costo de imprimir un diario oficial tan innecesario como desinformado.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán se negó a revelar cuánto cobran sus secretarios. Lo hizo ante un requerimiento formal de tres jueces de Faltas —Fabián Ignacio Lizondo Ruiz, Gerardo Augusto Poliche y Héctor Sebastián Toledo— que pidieron copia autenticada de los últimos 24 recibos de haberes del Secretario de Gobierno, del Secretario General, del Fiscal de Estado y de los restantes titulares de área, más el detalle de cualquier rubro complementario. El Ejecutivo, por dictamen del fiscal municipal Conrado Mosqueira y de la Contaduría General, ofreció una escala abstracta del cargo e invocó la Ley Nacional de Protección de los Datos Personales para preservar los recibos individuales.
La negativa, conocida la última semana de agosto, resume con precisión el dilema de la gestión de Chahla: un gobierno que se exhibe sin pausa y que, al mismo tiempo, resguarda como secreto de Estado la información más elemental sobre el costo de su propia cúpula y de todos los gastos del Municipio, una caja negra impenetrable.
La pretensión de los magistrados no es caprichosa. Se apoya en el decreto del 3 de marzo de 2024, por el cual el Departamento Ejecutivo reconoció a los jueces de Faltas “el mismo rango de Secretario de Estado Municipal con responsabilidad funcional”. Según el escrito, la escala del cuerpo pasó de la categoría 57 (Director A) hasta junio de 2023 a la 58 (Subsecretario) entre julio de 2023 y febrero de 2024, y a la 59 (Secretario) a partir de marzo de 2024. Los jueces adjuntaron sus propios recibos, denunciaron que las gestiones extrajudiciales fueron “negadas de manera sistemática” y afirmaron que, “en un manto de secretismo que llama la atención”, se les bloqueó el acceso personal a sus liquidaciones, que les llegan “eventualmente por mensajes vía chat”.
La Municipalidad contestó que una cosa es “la estructura remuneratoria abstracta, objetiva y general del cargo” y otra “la información privada, patrimonial y estrictamente personal” de cada funcionario. El expediente quedó sorteado a la Sala II del fuero Contencioso Administrativo. El conflicto, lejos de ser un incidente salarial, se cruzó con otra disputa institucional: la reestructuración del Tribunal dispuesta por la Oficina de Gestión Administrativa de Causas, que rotó competencias y trasladó juzgados. El 29 de agosto, tras la derogación del decreto que asimilaba los haberes, el presidente del Tribunal acusó a la Intendencia de “desviación de poder” y calificó la baja como “represalia”.
Que un municipio no informe el sueldo de sus secretarios a quienes, por decreto propio, tienen el mismo rango, no es un detalle de expediente. Es el síntoma de un problema más amplio: el ocultamiento sistemático de los gastos de la gestión municipal.
La caja de la basura: tres de cada diez pesos
Ningún rubro ilustra mejor esa opacidad que la gestión de residuos. El Presupuesto 2026, aprobado por unanimidad el 18 de diciembre de 2025, prevé erogaciones por 349.783 millones de pesos. De ese total, la Intendencia proyectó unos 110.000 millones para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos: el 31,5% del presupuesto. Tres de cada diez pesos que gasta San Miguel de Tucumán se destinan a la basura.
La comparación con otros distritos es elocuente. Un estudio del Banco Mundial sobre ciudades argentinas estimó que los municipios gastan, en promedio, el 13% de su presupuesto en residuos sólidos y limpieza urbana. En Córdoba, según *La Voz del Interior*, la higiene urbana insumió en 2025 el 18,4% del gasto total —un récord local, 33% más que dos años atrás— y aun así queda lejos del peso que ese rubro tiene en la Capital tucumana. San Miguel de Tucumán duplica con creces el promedio nacional y supera por más de trece puntos a una de las ciudades que más gasta en el país en ese servicio.
El contrato con Transportes 9 de Julio S.A., prestadora desde 1991, es el más voluminoso de las arcas comunales. En noviembre de 2024, el contador general Marcelo Albaca estimó el gasto de recolección en “cerca de los 25 mil millones anuales”, más de 68 millones de pesos por día. En diciembre de ese año, el Concejo prorrogó por cinco años —con revisión anual— el contrato y la emergencia ambiental. Medios locales cifraron entonces el servicio en unos 3.200 millones de pesos mensuales. En febrero de 2026, *Que Diario* agrupó la recolección, los subsidios al transporte y el Concejo Deliberante como “los tres agujeros negros” de la Municipalidad: números “difusos, incompletos o directamente inaccesibles”.
La prórroga se votó en sesión extraordinaria, la última de 2024, sin que el Concejo hubiera consensuado el pliego de una nueva licitación enviado en abril. El portal Tucumán Digital relató que funcionarios municipales y del Consorcio Metropolitano habrían hecho ingresar, con nombres falsos, a directivos de 9 de Julio a las plantas de San Felipe y Overo Pozo, presentados como personal de una “consultora”. El medio interrogó si un llamado con menos de diez días hábiles para ofertar podía considerarse transparente.
El Consorcio Metropolitano —presidido por María Eugenia Andrade, propuesta por la Capital— licitó en 2025 por primera vez desde 2014 servicios de tratamiento y disposición. Anunció un ahorro del 31% para 2026: presupuesto del ente de 23.800 millones, de los cuales 20.800 corresponden a servicios. San Miguel de Tucumán aporta el 66% y genera unas 234.468 toneladas anuales (19.539 mensuales). Cada capitalino produce cerca de 29 kilos de residuos por mes. El ahorro estimado para la Capital por la baja de costos del Consorcio se calculó en 6.653 millones anuales. Ese alivio no modifica el hecho de que la recolección domiciliaria —el contrato con 9 de Julio— sigue concentrando una porción del presupuesto municipal sin parangón en otras ciudades comparables, y sin que el contrato completo, las cláusulas de actualización, las penalidades y las auditorías técnicas estén publicados de forma simple, permanente y accesible.
La paradoja urbana es conocida: vecinos de Barrio Norte y otras zonas denuncian contenedores convertidos en basurales a cielo abierto mientras el rubro absorbe más de 300 millones de pesos diarios, según cálculos periodísticos sobre la partida 2026. La gestión sostiene que erradicó más del 45% de los basurales heredados y que endureció actas ambientales. El servicio, a la vista, no cierra la brecha entre lo que se gasta y lo que se percibe.
El millonario gasto en cooperativas ignotas
En mayo de 2026, la concejala Ana María González presentó una denuncia penal ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana del Ministerio Público Fiscal contra cinco funcionarios: Luciano Chincarini (Servicios Públicos), Camila Giuliano (Gobierno), Rodrigo Gómez Tortosa (Secretario General), Sebastián Ruiz Toscano (Economía y Hacienda) y Marcelo Albaca (contador general). El escrito atribuye contrataciones directas por unos 2.700 millones de pesos a cooperativas y particulares, invocando “necesidad y urgencia” para tareas que la denunciante considera ordinarias, previsibles y programables: corte de pasto, desmalezamiento, limpieza de espacios verdes, fabricación de refugios de paradas y equipamiento urbano.
González sostiene que varias prestatarias no estaban inscriptas en el Registro de Proveedores al momento de la firma, que algunas carecían de inscripción tributaria plena y que regularizaron su situación el mismo mes de la contratación. “A un año y medio, cortar el pasto no es una emergencia”, dijo en FM La Tucumana. “La intendenta Chahla delegó esa facultad a los funcionarios y yo pregunto: ¿quién controla a los funcionarios?”
El expediente incluye, entre otros, estos casos:
- Cooperativa Atres Impresiones: 40 paradas de colectivos por 398 millones de pesos a principios de 2025 (unos 9 millones por unidad) y, en diciembre, 20 refugios más por 252 millones (unos 12 millones por unidad). En 2024 se habían aprobado tres refugios multimedia por 68,2 millones (22,7 millones por unidad). La edil estima un costo técnico de entre 4 y 5 millones por refugio simple.
- Cooperativa Providers S.A.: 165 kits de “micro embarcado” para el transporte público por 398 millones.
- Cooperativa Proyectar Futuro: mantenimiento por 394 millones en un trimestre.
- Alberto Obeid: 165,3 millones (cerca de 55 millones mensuales) para mantener 116.070 m² en la Sección 2 —superficie equivalente a menos de diez plazas—, con acto originado en la secretaría de Chincarini.
- Cooperativas Profeta Isaías y REMACOOP: alrededor de 188 millones cada una para secciones equivalentes.
- Cooperativa “Juntos para Vivir Mejor”: eco-canjes, folletería y stands por 50 millones en tres meses, sin inscripción previa en el registro de proveedores, según la denuncia.
- Esca Construcciones S.R.L.: 14 tótems interactivos para el Vía Crucis por 141 millones, con anticipo del 70% antes de la entrega.
Chincarini calificó la presentación de “claramente política”, recordó que González integró ocho años la gestión de Germán Alfaro y señaló que la edil fue separada del municipio en 2024 por la desaparición de una camioneta oficial a su cargo cuando era directora de Deportes. El gabinete ofreció estar “a disposición de la Justicia”. La senadora Beatriz Ávila respaldó la demanda: “Yo les diría que vayan y contesten a la Justicia si esto es político”.
La denuncia no es un capítulo aislado. En 2024, la propia gestión Chahla había judicializado el Consorcio Metropolitano de la era Alfaro: pagos por 5.267 millones en diez meses de 2023, de los cuales —según la auditoría encargada a la UBA y al estudio Concilio & Sarralde— sólo el 21% se vinculaba “clara e inequívocamente” con la gestión de residuos. El 79% restante correspondía a “tareas adicionales”. Tres cooperativas —Benjamín Aráoz, 14 de Agosto y Juntos Seremos Más— concentraron la mayor parte. Albaca dijo que “manejaron el Consorcio para los residuos como un almacén”. Chahla lo llamó “un monumento a la corrupción”. La denuncia de González, dos años después, plantea que el esquema de cooperativas y contrataciones directas no se extinguió: cambió de destinatarios y de argumento jurídico —de las “tareas adicionales” del consorcio a la “emergencia ambiental” municipal—.
El papel llega a la puerta; los números, no
El 13 de agosto, el diario El Tucumano publicó el resultado de un relevamiento presentado ante la Comisión de Gobierno Abierto e Innovación Tecnológica del Consejo Económico y Social (CES) municipal, del que ese medio forma parte desde julio de 2024. El reporte, titulado “Hacia una Soberanía Ciudadana”, es el único documento aportado entre más de cien instituciones, medios y personalidades convocadas. Su tesis es grave: la Municipalidad construyó infraestructura digital, pero esa infraestructura obstaculiza el derecho de los vecinos a conocer los asuntos públicos.
El contraste que el diario eligió como metáfora es deliberado. La gestión distribuye, mediante un acuerdo con el Sindicato de Canillitas, alrededor de 10.000 ejemplares mensuales de la revista en papel “El Sanmiguelino” en hogares del centro. Papel biodegradable, “impacto sensorial”, lectura “sin interrupciones ni algoritmos”. Consultados por el costo de producción y distribución, el subsecretario de Gestión Estratégica, Humberto Ponce de León, y la directora de Comunicación Estratégica, Silvana Firpo, dijeron haberlo “reducido al mínimo”. No precisaron el número.
Mientras el papel llega a la puerta, el Boletín Oficial digital —el lugar donde deberían publicarse licitaciones, decretos y resoluciones que comprometen el presupuesto— exige registrarse en la plataforma CiDiTuc y entregar datos personales. Superada esa barrera, el buscador no admite consulta temática. No se puede escribir “bacheo”, “Plaza Urquiza” o “refrigerios”. Sólo se busca por número de boletín o por fecha de publicación.
“Dar con una licitación exige conocer de antemano el número de boletín o la fecha de publicación. En otras palabras: la transparencia de la mayor erogación municipal presupone el conocimiento previo del acto que el ciudadano quiere conocer. Los datos están cargados; el acceso, no resuelto.”
El asistente virtual “Migue”, de CiDiTuc, consultado por licitaciones concretas, respondió que no maneja estado, expedientes, montos, proveedores ni fechas —datos que figuran en el propio Boletín— y derivó al ciudadano a “las vías de comunicación oficiales o la página web”: el lugar donde ya estaba. El municipio creó en diciembre de 2025, por Decreto N.° 0596/INT/2025, una Dirección de Inteligencia Artificial. Su chatbot, constata el reporte, tiene igual o menor información de referencia que el vecino promedio.
En el portal de licitaciones se publican el pliego, la resolución y los plazos. No se publican las adjudicaciones: quién ganó, por qué monto final y mediante qué acto. El vecino puede saber qué se licita. No puede saber en quién y en cuánto terminó. El estándar que aplica El Tucumano no es caprichoso: es el artículo 32 de la Ley Nacional 27.275 de Acceso a la Información Pública, que exige publicar las contrataciones “con sus respectivos instrumentos, adjudicaciones y modificaciones”, y la propia Estrategia de Datos 2023-2030 que la Municipalidad se autoimpuso.
En 2023, siendo candidata, Chahla había dicho en FM La Tucumana: “No sabemos lo que entra al municipio, no está en ninguna página, no hay un boletín oficial. No se puede trabajar en base a supuestos números. ¿Cuál es el presupuesto real de la municipalidad? ¿Se sabe eso? Cuánto gana cada una de las reparticiones, cómo es la distribución”. El boletín se creó. El acceso, según el informe de agosto, no se resolvió.
El reporte concluye que la comunicación municipal “se emite sin escuchar” y “entrena a una infantilización de la ciudadanía para no preguntar”. La frase es dura. El contraste que describe, no: la Intendencia reparte su periódico puerta a puerta y no informa el costo de esa campaña; niega los recibos de sus secretarios a jueces del mismo rango; y exige al vecino un ejercicio de precognición para hallar un contrato.
El alto perfil y la caja que no se ve
Rossana Chahla cultiva una presencia pública minuciosa. Supervisa pavimento en Elena White, entrega una silla de ruedas a Héctor y Julia después de una asamblea de presupuesto participativo, anuncia el bono de 100.000 pesos para los municipales, presenta el Portal de Datos Abiertos con 36 tableros, 1.329 indicadores y el respaldo de Bloomberg Philanthropies, y afirma: “Tenemos un gobierno abierto, democrático, donde todos puedan conocer números y datos”. El portal informa cuadras sin pavimento, iluminación y población por barrio. No informa cuánto cobra un secretario, quién se adjudicó una licitación ni cuál es el costo mensual exacto, actualizado y auditado, del contrato de residuos.
Esa disociación —la nitidez de lo nimio y la niebla de lo millonario— es el núcleo político del problema. El Concejo Deliberante, que debería ser el órgano de control, figura entre los más caros del país. Un relevamiento de la Fundación Libertad ubicó a San Miguel de Tucumán en el primer puesto por costo anual por concejal (668,3 millones de pesos en la serie 2024, con 18 ediles). El Presupuesto 2026 reserva el 6,18% al cuerpo.
La Secretaría General, a cargo de Gómez Tortosa, concentra la mayor masa salarial del Ejecutivo, según desagregados periodísticos del presupuesto. La planta total, según Capital Humano, se redujo a 4.588 agentes respecto de los 12.123 relevados en la auditoría de 2023 sobre la gestión Alfaro. Chahla exhibe esa depuración como credencial de orden. La credencial convive con la negativa a mostrar los recibos de la cúpula y con un portal que no publica adjudicaciones.
En marzo de 2025, al lanzar el Portal de Datos, la intendenta dijo que “lo que decimos hay que cumplirlo”. El informe de El Tucumano de agosto de 2026 documenta el incumplimiento en el punto más sensible: el dinero.
Cisneros, el financista, y Chincarini, el hombre en Servicios Públicos
Sobre ese tablero se proyecta una figura que la intendenta ha procurado, con éxito desigual, mantener a distancia pública: Carlos Cisneros. En 2023, Cisneros impulsó la candidatura de Chahla a la Intendencia. Es el financista de esa campaña y el operador que colocó piezas en el gabinete municipal a cambio de ese respaldo.
Luciano Chincarini, secretario de Servicios Públicos —el área que concentra recolección, mantenimiento de espacios verdes y buena parte de las contrataciones observadas por González— figura, según El Federalista, como empleado de la Caja Popular de Ahorros en relación de dependencia, además de funcionario municipal. Hasta el día de hoy el funcionario no confirmó haber pedido licencia o si, como ocurrió con José César Díaz —cuya designación en la Caja fue declarada nula por acumulación de haberes públicos, con intimación de devolver más de 600 millones—, percibió dos remuneraciones del Estado en simultáneo, en contravención de la Constitución provincial.
La pregunta no es menor. Chincarini aparece como causante de varios expedientes de contratación directa (3027/2025, 3267/2025, 5214/2025 y otros) para desmalezamiento y mantenimiento. Es, al mismo tiempo, el funcionario que responde las denuncias sobre cooperativas y el nexo más visible entre la caja municipal de servicios y el entramado histórico de Cisneros.
Cisneros ha dicho que Chahla era “una bocanada de aire fresco” y que la acompañará “en lo que haga”. Ha propuesto fórmulas hacia 2027. Ha controlado cartelería pública y medios. Y ha visto erosionarse su imperio sobre la Caja Popular: el Tribunal de Cuentas observó estados financieros y denunció al interventor Díaz por una deuda con la Provincia que podría superar los 3.381 millones entre 2020 y 2023. El diputado enfrenta, en paralelo, una causa federal de enorme densidad patrimonial.
La Intendencia no ha ofrecido una explicación pública, detallada y documentada, sobre el alcance actual de esa influencia en el manejo de fondos municipales. La ausencia de esa explicación forma parte de la caja negra.
Una herencia denunciada y un presente sin rendición
Chahla construyó su primer año de gestión sobre la denuncia del pasado alfarista: deuda de cerca de 5.000 millones y 388 millones en caja al 30 de octubre de 2023; 6.506 agentes, con 2.726 incorporados en los últimos seis meses de Alfaro; 46% de los recién nombrados sin registro de asistencia; parque automotor con 10% de vehículos “desaparecidos”; más de 500 basurales; y el Consorcio como “monumento a la corrupción”. Presentó denuncias penales, incluida una por un faltante de 500 millones en aportes reintegrables de la Provincia (2020-2021) canalizados, según el fiscal Mosqueira, por una cuenta bancaria a nombre de la Municipalidad que no figuraba en los registros administrativos.
Ese relato de origen —el saneamiento contra el descontrol— exigía, para ser creíble en el tiempo, una rendición de cuentas simétrica. Lo que el vecino encuentra en 2026 es otra cosa: un Portal de Datos que describe la ciudad y no las adjudicaciones; un boletín que obliga a adivinar la fecha del acto; un periódico oficial cuyo costo no se informa; secretarios cuyos haberes se resguardan aun frente a jueces del mismo rango; un tercio del presupuesto absorbido por residuos sin contrato íntegro a la vista; cooperativas denunciadas por 2.700 millones; y un secretario de Servicios Públicos ligado laboralmente a la entidad que históricamente comandó el financista de la campaña.
La pregunta del título no es retórica. Si Chahla proyecta una carrera provincial —y el propio tablero peronista la ha colocado, en distintos momentos, en esa hipótesis—, la caja negra de la Municipalidad no es un problema de comunicación. Es un problema de gobierno. Un Ejecutivo que publicita la restauración de una escultura y oculta el recibo de un secretario le pide al elector un acto de fe. Los informes de El Tucumano, las presentaciones de los jueces de Faltas, la denuncia de González y los números del presupuesto de residuos coinciden en un punto: esa fe no está documentada.
La Ley de Acceso a la Información Pública, la ordenanza del boletín digital, el decreto que igualó a los jueces con los secretarios y la Estrategia de Datos 2023-2030 son, todas, normas o compromisos de la propia gestión o del ordenamiento general. Cumplirlas no requiere una nueva épica. Requiere publicar el contrato de 9 de Julio, las adjudicaciones, los haberes de la cúpula, el costo de “El Sanmiguelino” y el detalle de cada cooperativa. Mientras eso no ocurra, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán seguirá siendo, para el contribuyente que paga y no puede preguntar, una gran caja negra. Y esa caja, en un año que ya mira hacia 2027, pesa.
