Florece una nueva Asociación Bancaria que recupera la violenta mística de su jefe, Carlos Cisneros. Los escraches públicos y la virulencia han desplazado -al menos por ahora- a la cuidada estética rubia burguesa, de Yerba Buena, que el gremio había desplegado en los últimos años. Nace una estrella: Emilia.
Por Germán García Hamilton*
Parecen siglos desde aquella manifestación del cisnerismo bancario en cuya primera fila se desplegaba todo el glamour del yerbabuenismo, la corrección política y la supuesta defensa del feminismo. En aquella marcha, que sucedió hace apenas siete meses, la elegante ex esposa de uno de los empresarios más ricos de la provincia, junto a su abogada Patricia Neme, secundaban a Cecilia Sánchez Blas, la secretaria general de la Bancaria, cuyas coloraciones de pelo siempre evitaron desentonar con la estética cisnerista.
El gris de la lluviosa mañana del jueves fue el escenario perfecto para el despliegue de la nueva estética bancaria: pelos más oscuros, remeras negras, ausencia de tintura y, sobre todo, patoterismo sindical explícito de la mano de la nueva estrella del gremio, una entidad que siempre se jactó de la virulencia de sus manifestaciones y la sumisión de sus representados: Emilia Gutiérrez Cutín. La flamante líder mostró toda su versatilidad al pasar de virulenta victimaria a compungida víctima en sus dos roles de la misma semana.
Con el alisado perfecto de su pelo pero con vestimenta más popular, la agraciada joven que debutó hace menos de una semana con intimidaciones públicas a un afiliado varón fue una de las actrices principales de una obra panfletaria en la que se denunciaban las intimidaciones del patriarcado a las mujeres. Porque, claro, según esta lógica no está mal que una mujer poderosa intimide a un empleado con amenazas de sanciones laborales por haber expuesto la sumisión que pretende el cisnerismo de los afiliados.
Párrafo aparte: este humilde “escrachado” debe admitir su preferencia por este nuevo estilo más natural que encarna Emilia, en contraposición a los excesos de coloración y plastificación que había impuesto el diputado nacional, un hombre que, pese a su confeso compromiso con los trabajadores, siempre optó por los estilos y las villas de veraneo de la ahora decadente oligarquía y burguesía tucumana. ¿Debería preocuparse Sánchez Blas?
Lejos quedaron los globos de colores, los vestidos elegantes y el “dress-code” inaccesible que en octubre de 2025 dio color a las pálidas mañanas de los tribunales penales. Aquella marcha pseudo-feminista —también en defensa de “Luli” y, sobre todo, de Carlos— exhibía un glamour calculado: jóvenes bancarias bellas, peinadas y vestidas con sofisticación, reclamando “perspectiva de género” mientras victimizaban a Patricia Neme y exigían justicia rápida. Ahora, bajo la gris llovizna del 7 de mayo de 2026, el cisnerismo abandonó los buenos modales y adoptó una actitud más explícitamente patotera: uniformadas con remeras negras idénticas y paraguas del gremio, las mismas afiliadas salieron a la calle sin un solo globo ni un solo toque de color.
La convocatoria se gestó con antelación y de manera explícita. En una reunión gremial de abril —que incluyó la invitación a un locro por el Día del Trabajador en el Club Caja Popular—, una dirigente exhortó directamente a las afiliadas: debían estar presentes los días 7 y 8 de mayo “para apoyar a nuestra compañera Luli” y a “Carlos, que se ha puesto al frente de esta causa”. Se habló de “un desfile”, una marcha y “otras actividades”. El tono no dejaba margen: “necesitarán de su presencia”. El audio se filtró y generó inmediato malestar interno.
Días después de la filtración, la propia Emilia Gutiérrez Cutín y Andrea Escaño Aragón confrontaron y amenazaron en plena oficina de la Caja Popular a un joven empleado que había difundido el audio. Lo tildaron de “traidor” y “poco hombre”, involucraron a su familia y generaron un clima de intimidación explícita. El joven filmó el episodio, que también se viralizó. El mensaje era claro: quien exponga los mecanismos internos de presión, paga las consecuencias.
Este es el video completo en el que las sindicalistas bancarias, Emilia Gutiérrez Cutín y Andrea Escaño Aragón, amenazan a un empleado de la Caja por haber difundido un apriete a sus compañeras para marchar por Carlos Cisneros cuando sea investigado por Trata de Personas. pic.twitter.com/VPWfFw7n2x
— Germán Gehache (@desalienado) May 2, 2026
La marcha partió desde la sede de la Bancaria (Congreso 651) y se concentró frente a los Tribunales Penales, en paralelo a la audiencia que se realizaba ese mismo jueves en el Tribunal de Impugnación Penal. Las participantes, uniformadas y equipadas para la lluvia, desplegaron un operativo visible y organizado. Las consignas y carteles se centraron exclusivamente en atacar al juez Augusto José Paz Almonacid (calificado de “cómplice”), al periodista Julio Valenzuela, director de El Tucumano (“el quinto violador”), y al periodista Germán García Hamilton (“odiador serial de mujeres”), pese a que Cisneros lo había calificado de “nene de la mamá”. Ni una sola pancarta ni un solo cántico mencionó a los cuatro jugadores de Vélez Sarsfield que Parache había denunciado por violación en manada.
La manifestación funcionó como una operación de distracción perfecta. Mientras se gritaba “justicia por Luli” y “tocan a una, respondemos todas”, se ocultaba que el juez Paz Almonacid había dictado el sobreseimiento de los cuatro jugadores tras pericias UFED irrefutables en los celulares de Parache y sus amigas. Los chats y audios revelaron que la denuncia fue armada y que Parache, en mensajes privados, admitió sentirse “prisionera de muchas cosas que no compartía ni comparto”. El expediente fue remitido a la Justicia Federal para investigar el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, con Cisneros, sus abogados y allegados en la mira.
Al mismo tiempo, la movilización tapó el historial de la Caja Popular de Ahorros, entidad que Cisneros y su Bancaria recuperaron en una larga y violenta pulseada entre 2013 y 2018. Una vez controlada, la Caja —que por ley debe destinar el 25 % de sus resultados al Sistema Provincial de Salud— registró desvíos millonarios: de los más de 2.400 millones de dólares esperados en 30 años, solo se transfirieron entre el 3,3 % y el 3,7 %. El faltante supera los 2.100 millones de dólares que nunca llegaron a los hospitales públicos. Auditorías del Tribunal de Cuentas, denuncias por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica, y la reciente remoción de interventores cercanos a Cisneros completan el cuadro de un manejo opaco.
En síntesis, la marcha del 7 de mayo no fue un reclamo genuino por justicia para Lourdes Parache. Fue un operativo político-gremial para presionar a la Justicia y silenciar a la prensa que investiga a Cisneros, mientras se desviaba la atención de dos cuestiones centrales: el posible armado de una falsa denuncia para encubrir una red de trata y el vaciamiento histórico de la Caja Popular de Ahorros. Pero más de que la Bancaria haya pasado del yerbabuenismo aesthetic al patoterismo explícito, seguramente los centenares de empleados bancarios del sector privado que semana a semana pierden sus trabajos por el cierre de sucursales se sienten orgullosos de que todos sus aportes históricos al gremio se utilicen con fines tan altruistas como es proteger a sus ex compañeros de la investigación por trata de personas.
(*) El autor es editor general de ElFederalista.com.
