Este lunes será un punto de inflexión para la libertad de expresión en la provincia cuando se realice la audiencia que definirá si el portal El Tucumano deberá levantar las notas documentadas sobre los bienes de las hijas del polémico diputado nacional Carlos Aníbal Cisneros. Las demandantes —Marta, Cecilia y Mercedes Cisneros— invocan la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres y normativas internacionales de género para solicitar la supresión de publicaciones que detallan sus participaciones societarias e inmobiliarias, sustentadas en registros públicos. La audiencia se transmitirá en directo por el streaming de La Tucumana.
La medida autosatisfactiva urgente fue presentada el 25 de marzo de 2026 ante un juzgado civil de Tucumán por el abogado Juan Andrés Robles. En un escrito de 31 páginas, las tres hermanas citan la Convención de Belém do Pará, la CEDAW y la Ley Micaela, aunque no explicitan de qué modo preciso las notas periodísticas configurarían violencia mediática.
Las publicaciones en cuestión, basadas en registros del Boletín Oficial de la Provincia, el Registro Inmobiliario y planos de mensura, documentan exhaustivamente el entramado patrimonial de las demandantes. Un eje central es Emprendimiento Turístico S.R.L., sociedad constituida en plena pandemia y publicada en el Boletín Oficial N° 29.848 del 29 de octubre de 2020 (Aviso N° 233.352, Expediente N° 3156/205-E-20). Su objeto social abarca la explotación de hoteles, cabañas, restaurantes, bares, salones de fiestas, gimnasios, spa, turismo y franquicias hoteleras. El capital social fue de $1.000.000, integrado íntegramente en efectivo.
La titularidad se distribuye del siguiente modo: Cecilia Mariana Cisneros posee el 40 % y fue designada gerente; María Mercedes Cisneros y Marta María Cisneros detentan cada una el 25 %, lo que suma el 90 % para las tres hermanas. El 10 % restante corresponde a Juan Federico Petraglia, según publicó El Tucumano.
La sociedad explota el exclusivo complejo de cabañas La Madrina —ocho unidades de diseño superior, con terrazas privadas, parrillas y cocheras techadas, calificadas con 9,8 en Booking— y el restaurante Muppa Cocina Ritual, inaugurado en febrero de 2023 con huerta propia y carta de autor. El predio, de aproximadamente 7.000 metros cuadrados sobre la Ruta 307, kilómetro 61,7, lindante con el Arroyo Blanquito, ofrece la vista más cotizada del valle y triplica en superficie al vecino Hotel Mirador de Tafí. Operadores inmobiliarios locales valuaron el conjunto entre 3,7 y 5 millones de dólares. El terreno donde se asienta el complejo no pertenece a la sociedad, sino que se encuentra a nombre de Petraglia, quien tramita prescripción adquisitiva sobre tierras inscriptas a nombre de terceros.
A 500 metros, el propio Carlos Cisneros declaró ante la Oficina Anticorrupción un inmueble de 3.284 m² en Tafí del Valle con destino “cesión gratuita”, ingresado a su patrimonio cuatro meses después de la constitución de la SRL. Las notas también documentan la participación de las hermanas en otras sociedades, como Malaquita SRL, y la titularidad o vinculación con al menos seis departamentos de alta categoría en barrio norte de San Miguel de Tucumán, así como operaciones financieras e inmobiliarias de envergadura.
Este patrimonio familiar adquiere particular relieve al contextualizarse con la trayectoria de Carlos Cisneros, quien durante tres décadas ejerció un control prácticamente monopólico del juego en la provincia a través de la Caja Popular de Ahorros, bajo licencia sindical. Documentos internos secuestrados en allanamientos judiciales en el marco de la causa por asociación ilícita —balances comparativos de la CPA de 1999-2002, informes de auditoría externa que alertan sobre fondos de dudosa procedencia y balances semestrales de la década de 2010— revelan el incumplimiento sistemático de la norma provincial que exige destinar el 25 % del resultado bruto del juego al Sistema Provincial de Salud (SIPROSA).
Entre 1995 y 2025, el negocio del juego movilizó un volumen estimado de USD 9.500 millones. De haberse aplicado estrictamente la ley, el SIPROSA debería haber recibido aproximadamente USD 2.400 millones en tres décadas. En los hechos, solo percibió alrededor de USD 285 millones. La diferencia supera los USD 2.100 millones que nunca llegaron a financiar hospitales, equipamiento ni atención médica para los tucumanos. Ejemplos concretos ilustran el desvío: en el año 2000, sobre $264,6 millones apostados, solo se transfirieron $8,7 millones (3,3 %); en 2002, la transferencia fue del 3,7 %. El reciente Acuerdo N° 5183 del Tribunal de Cuentas (noviembre de 2025) denuncia una deuda vigente de $3.381 millones con el SIPROSA, aunque se considera apenas la punta del iceberg de un desfinanciamiento crónico documentado en las pruebas judicializadas.
Cisneros ha sostenido públicamente que “no soy dueño de nada”. No obstante, las investigaciones periodísticas, sustentadas en documentación oficial, ponen de manifiesto un significativo patrimonio familiar construido en paralelo a su influencia en el sector del juego, cuyo origen resulta incierto en el contexto de las causas judiciales que involucran al legislador.
Este no es el primer intento de este tipo contra El Tucumano. En diciembre de 2024, el juez Pedro Yane Mana había avalado una medida similar que ordenó la primera censura previa bajo la figura de “difusión abusiva de información aunque sea verídica”. En cambio, en un caso análogo planteado por el gremialista José Hugo Saab, el juez Santiago Peral rechazó la pretensión de suprimir 372 notas.