Pese al secretismo que rodea en la Justicia Federal de Tucumán la causa contra el diputado nacional Carlos Cisneros, la Asociación Bancaria —gremio al que pertenece el legislador— ya maneja las fechas de las primeras audiencias judiciales. Durante una reunión con afiliados, sus dirigentes advirtieron a las empleadas que “necesitarán de su presencia” para brindar apoyo político al investigado. Con esa frase dejan en claro que la inasistencia no es una opción.
La convocatoria se produjo en el marco de una charla gremial en la que se invitó también a un locro por el Día del Trabajador. La dirigente femenina del sindicato convocó específicamente a las compañeras para los días 7 y 8 de mayo, con el argumento de respaldar a “nuestra compañera Luli” —en referencia a Lourdes Parache— y a “Carlos, que se ha puesto al frente de esta causa”. Según la grabación del encuentro, se mencionó la organización de “un desfile”, una marcha y otras actividades, y se insistió en la necesidad de contar con su asistencia.
Este es el audio completo de la reunión:
El caso judicial que involucra a Cisneros deriva de la denuncia por abuso sexual presentada en marzo de 2024 por Lourdes Parache, empleada de la Caja Popular de Ahorros, contra cuatro futbolistas de Vélez Sarsfield. La Justicia provincial sobreseyó a los jugadores al considerar que se trató de una relación consentida y que la denuncia formaba parte de una maniobra extorsiva. El expediente derivó al fuero federal, donde el fiscal Rafael Vehils Ruiz solicitó la indagatoria de Cisneros, la abogada Patricia Neme y Federico Petraglia, entre otros, por presunta trata de personas con fines de explotación sexual (Ley 26.364). Parache, inicialmente presentada como víctima, también es investigada por falso testimonio.
En rigor, la carátula de la causa dejó expuesto con claridad que no es a Luli a quien van a apoyar: el gremio quiere simular una marcha feminista para presionar a la Justicia por la absolución de Cisneros en la causa de Trata de Personas, una hipótesis con sólido fundamento a partir de las pericias realizadas al celular de la víctima y de sus amigas. El feminismo es una causa que supuestamente abrazó el diputado y empresario, y utilizó a discreción en su carrera política nacional.
La causa federal, a cargo del juez Guillermo Díaz Martínez, avanza con pedido de medidas de coerción y ha generado notificaciones a la Cámara de Diputados para evaluar un eventual apartamiento del legislador peronista, integrante del bloque Unión por la Patria. El oficialismo nacional analiza acciones disciplinarias, aunque no se ha solicitado aún el desafuero de manera explícita. Por esto, cualquier medida judicial contra el diputado podría terminar en el desafuero del ex bancario.
La exhortación gremial, que invoca un supuesto feminismo de defensa de las víctimas de violencia machista, utiliza como eje la figura de Parache, quien según la investigación federal habría sido instrumentalizada en una trama más amplia. Cisneros, secretario de Administración de La Bancaria a nivel nacional y propietario del Multimedios Enterate, mantiene una estrecha relación histórica con el gremio y con la Caja Popular, entidad que controla desde hace décadas y que ha sido objeto de cuestionamientos por su manejo financiero y patrimonial.
Además, Cisneros y su círculo íntimo han demandado judicialmente a El Federalista y a El Tucumano para frenar las publicaciones en las que se reveló el armado de la Causa Vélez, los millonarios bienes injustificables de sus hijas y, entre otras cosas, el ataque contra La Gaceta en 2000, donde fue incendiada una edición completa del centenario matutino que ahora es aliado de su agresor.
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