El obispo de la diócesis de la Santísima Concepción, Monseñor José Antonio Díaz, anunció el jueves que el sacerdote de esa localidad, Daniel Molina, acusado de abuso sexual, ha sido inhabilitado por diez años para ejercer públicamente su ministerio sacerdotal. No obstante, se le permite celebrar la misa de manera privada, sin la presencia ni participación del público.
El comunicado completo indica que la inhabilitación del P. Molina es consecuencia de un proceso canónico que se llevó a cabo en respuesta a las denuncias presentadas en su contra. El Tribunal encargado de presidir el proceso canónico fue constituido por jueces ajenos a la diócesis y a la provincia correspondiente, para garantizar la imparcialidad. Después de concluir el proceso, los jueces solicitaron la pérdida del estado clerical, pero el obispado intervino para reducir la pena a la inhabilitación del ejercicio público del ministerio por diez años, con la posibilidad de reducirla a siete años si el P. Daniel Molina cumple ciertas condiciones.
La sentencia no implica la exclusión del estado clerical, sino solamente una inhabilitación para ejercer públicamente su ministerio, por lo que se le permite únicamente celebrar misa de manera privada. Durante el tiempo de la pena, también se le prohíbe el ejercicio de otros oficios eclesiales y servicios pastorales. La desobediencia a la sentencia podría incluso llevar a la dimisión del estado clerical.
El comunicado exhorta al pueblo de Dios a acompañar al P. Daniel, ayudándolo a cumplir humildemente con esta pena expiatoria por su bien espiritual y el de la Iglesia.
