Con Sbdar presente: Escracharon a Lorenzetti en la UBA y suspendieron la apertura del Congreso de Derecho Ambiental

Este jueves, decenas de estudiantes, trabajadores y activistas ambientales irrumpieron en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y obligaron a suspender la apertura del XI Congreso Argentino de Derecho Ambiental, en el que el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti debía participar como director del encuentro y de la Carrera de Especialización en Derecho Ambiental de la casa de estudios. Al grito de “la tierra no se vende” y consignas como “Lorenzetti serás juzgado por el pueblo” y “se cuidan, se cuidan, los jueces y la timba que la tierra no se vende, se defiende en cada esquina”, los manifestantes repudiaron la presencia del magistrado por su intervención en las resoluciones del máximo tribunal sobre la vigencia de la Ley 26.737 de Tierras Rurales, derogada por el artículo 154 del DNU 70/2023 del presidente Javier Milei.

El encuentro, organizado por la Fundación Expoterra y la Carrera de Especialización, había convocado a más de 450 inscriptos de todo el país y de América Latina, con conferencias previstas de Aída Kemelmajer de Carlucci y Eugenio Llamas Pombo, además de un cierre a cargo del propio Lorenzetti el viernes y paneles sobre efectividad judicial, inteligencia artificial aplicada al ambiente y justicia climática. La protesta, impulsada por agrupaciones como la juventud del PTS, Contraimagen, Alerta Roja y los Comités por un Movimiento por un Partido de la Nueva Clase Trabajadora, junto al profesor e investigador del CONICET Guillermo Folguera y el referente Luca Bonfante, impidió el inicio formal de las actividades y dejó registradas imágenes de pancartas y carteles en el auditorio que recordaban la decisión judicial. Entre los expositores se encontraba la vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Claudia Sbdar. (foto abajo)

Sbdar, tercera desde la izquierda, en el frustrado Congreso.

Bonfante señaló que “cómo puede venir a hablar de proteger el ambiente un juez que firmó la entrega de nuestros territorios y bienes comunes al capital extranjero”, mientras una estudiante de Derecho, Evelin Cano, sostuvo que “la tierra, el agua y los bienes comunes naturales no son una mercancía”. El trasfondo de la manifestación se remonta a las resoluciones de la Corte Suprema de septiembre y octubre: el 29 de septiembre, con la firma de Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, el tribunal revocó por falta de legitimación un fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras impulsada por el CECIM La Plata, lo que abrió un breve período de vigencia del artículo 154 del DNU.

Diez días después, el 9 de octubre, en un expediente conexo impulsado por la Asociación Civil Árbol de Pie, comunidades originarias y la legisladora Magdalena Odarda, la Corte dictó una medida cautelar interina —firmada por Rosatti, Lorenzetti y los conjueces Barroetaveña y Pérez Curci, con disidencia de Rosenkrantz— que suspendió los efectos de esa derogación hasta que el Juzgado Federal de Bariloche se pronuncie sobre la legitimación de los actores y examine el pedido cautelar, reponiendo provisoriamente los límites del 15 % a la titularidad extranjera de tierras rurales. Lorenzetti defendió públicamente esa última decisión al sostener que “la Corte siempre defendió la protección de los recursos naturales y lo seguirá haciendo”, y justificó la cautelar en la tutela del daño ambiental y la necesidad de evitar daños irreparables mientras se resuelve el fondo.

En el plano legislativo, la Cámara de Diputados aprobó recientemente un proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que restablece las restricciones de la Ley 26.737, con 124 votos a favor, y el texto debe volver al Senado, en medio de las negociaciones políticas que El Federalista ha seguido de cerca en torno al DNU 70 y el rol de los gobernadores. No se registraron declaraciones oficiales de Lorenzetti ni de las autoridades de la Facultad de Derecho sobre el episodio de este jueves, que dejó suspendida la ceremonia inaugural prevista para las 9:30 horas en el Aula Magna, el mismo recinto en el que el magistrado había recibido en 2024 la medalla de honor de la World Jurist Association.

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