El fiscal Gerardo Salas solicitó el sobreseimiento del sacerdote Pablo Valdez, imputado por abuso sexual agravado de una adolescente que tenía 16 años al momento de los hechos investigados, en una causa que comenzó en mayo de 2022 en la parroquia Nuestra Señora de la Merced de Simoca y que transitó archivos, una anulación judicial y una imputación confirmada por el juez Mario Velázquez. La abogada querellante Luciana Gramaglio sostuvo que la Justicia no puede calificar de relación el abuso de un cura de 54 años contra una menor de 16, porque la vulnerabilidad, la diferencia de edad y la posición de autoridad espiritual del imputado impedían un consentimiento libre.
Pablo Valdez, entonces párroco de Simoca y de 54 años, conoció a la joven cuando ella tenía 14 años y asistía a la Infancia Misionera en una etapa de dificultades personales y bullying escolar; según la denuncia, los abusos reiterados comenzaron cuando cumplió 16 años, en el marco de una relación de dependencia emocional en la que él actuaba como confesor y líder espiritual y le pedía secreto y protección para no ir preso. En mayo de 2022 los padres y vecinos descubrieron la situación e intentaron linchar al sacerdote en la puerta de la parroquia; la policía intervino, la joven se desmayó en la vereda y el obispo suspendió al cura y se puso a disposición de la familia, mientras la causa se viralizaba y la denunciante, entonces de 16 años, declaró en cámara Gesell sin utilizar la palabra abuso pero describiendo las violencias y sus sentimientos hacia el sacerdote.
La fiscal Eugenia Posse archivó el expediente en dos oportunidades al considerar que no había delito sino una conducta moralmente reprochable y que la menor había consentido; un comisario de apellido Valenzuela le habría dicho a la joven en la comisaría que dejara de hacer acting y que, si quería, se ahorcara pero no hundiera al sacerdote. Cuando la denunciante alcanzó la mayoría de edad, con el apoyo de su abuela y de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina, contactó a Gramaglio y logró que el Tribunal de Impugnación anulara por unanimidad el archivo; la causa pasó a la fiscal Mónica García, que imputó a Valdez por abuso sexual agravado, y el juez Mario Velázquez hizo lugar y calificó de criticable, reprochable e inentendible la actitud de la fiscalía inicial.
En 2025 la joven volvió a declarar en cámara Gesell y profundizó los hechos, afirmando que el sacerdote le destruyó la cabeza; la causa estaba próxima a elevarse a juicio cuando el nuevo fiscal Gerardo Salas, en un escrito de 11 páginas, pidió el sobreseimiento al interpretar que se trató de una relación consentida, reconociendo la asimetría por edad y posición institucional pero sosteniendo que ello no impidió el consentimiento, y analizando el tono de voz de la denunciante y la ausencia de mensajes amenazantes o rastros físicos de lucha. La querella se opuso al pedido y Gramaglio explicó que, ante el contexto de vulnerabilidad, dependencia y poder, la niña no era libre de consentir los actos sexuales, mientras la Red de Sobrevivientes denunció que la Justicia busca cerrar la causa antes de la llegada del Papa León XIV a la Argentina prevista para principios de noviembre.
