La Compañía de Circuitos Cerrados (CCC) denunció que este sábado, alrededor de las 14.09, se produjo un corte intencional de cables de fibra óptica troncales y de distribución en la intersección de avenida Colón y Fortunata García, en San Miguel de Tucumán. Según el comunicado que la firma difundió en su cuenta de Instagram, el episodio dejó sin servicio a 1.041 abonados de los barrios SEOC y Ejército Argentino.
«Repudiamos enérgicamente este atentado. No fue un accidente ni una falla técnica, sino un ataque deliberado que perjudica a toda la comunidad», afirmó la empresa. En ese texto público, CCC no atribuyó el hecho a persona u organización alguna ni detalló si había presentado una denuncia policial o judicial.
El episodio se inscribe, sin embargo, en un conflicto laboral que la compañía mantiene desde hace meses con la seccional tucumana del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID). Fuentes vinculadas a CCC dijeron que no descartan que el daño a la red esté relacionado con esa disputa y que pudiera constituir una maniobra de amedrentamiento hacia los actuales propietarios.
Esa sospecha, al cierre de este sábado, no fue acompañada de pruebas que permitan atribuir el corte a integrantes del gremio ni de un parte oficial de la Policía o de la Justicia sobre una investigación en curso. El sindicato, que conduce en la provincia Roberto González, no había emitido hasta entonces una respuesta pública a esa hipótesis, y la empresa tampoco informó cuándo se restablecería por completo el servicio.
El conflicto enfrenta a la administración que encabeza Gustavo Olarte —quien adquirió la firma hace unos dos años, de acuerdo con las denuncias gremiales— con el SATSAID, que reclama la reincorporación de los despedidos o el pago íntegro de las indemnizaciones de ley. En un comunicado del 7 de noviembre, el gremio sostuvo que la empresa «despidió sin causa a 18 trabajadores, a quienes les niega la indemnización», y que las cesantías se formalizan «con causas inventadas» contra personal de hasta treinta años de antigüedad.
En septiembre, trabajadores y la propia cobertura de este medio habían cifrado en más de 20 los desvinculados sobre una planta que rondaba los 90 empleados, con impacto en atención al público, el área técnica, la cabecera y la contaduría. El SATSAID afirma, además, que la compañía paga el 70% del salario a quienes conservan su puesto, ofrece el 50% de la indemnización en 24 cuotas a los despedidos y propone contrataciones como monotributistas por 900.000 pesos en jornadas de ocho horas; González calificó esa conducta como «una falta de respeto, porque la empresa no paga porque no quiere».
El malestar era, de todos modos, anterior a esa oleada de despidos. En abril de 2025, el SATSAID ya se había movilizado frente a CCC, Providers y TCC —firmas que el gremio atribuyó entonces a la familia Olarte, con Paula Olarte como titular— para reclamar salarios, horas extras y vacaciones adeudadas y denunciar incumplimientos del convenio colectivo.
En enero de 2026, los trabajadores realizaron una asamblea en la sede de la empresa por lo que el sindicato describió como un «preocupante rumbo» de la compañía, con reclamos de barrios enteros sin señal y desacuerdos por la asignación de vacaciones. Según el gremio, los directivos se negaban entonces a escuchar su opinión, y aquella convocatoria no tuvo una respuesta pública detallada de la dirección.
El plan de lucha se visibilizó el 30 de septiembre con una movilización en las inmediaciones de la casa central, en la calle General Paz, y ante la Secretaría de Trabajo, donde el sindicato había formulado denuncias y reclamaba una instancia de conciliación. El 7 de noviembre, la seccional volvió a protestar en la Plaza Independencia, frente a la Casa de Gobierno, y anunció que las próximas medidas de fuerza se discutirían en asamblea, ante lo que González describió como una postura empresaria que no se había modificado.
Fuentes empresariales citadas sostienen ahora que las decisiones de la nueva administración buscan garantizar la estabilidad y la continuidad de la firma. Esa justificación, sin embargo, no responde por sí sola a los reclamos de reincorporación o de pago íntegro de las indemnizaciones que el gremio mantiene en pie.

