Esta semana no fue buena para el sector que lidera el exintendente de Yerba Buena, Mariano Campero: comenzó con la noticia confirmada de que Paula Omodeo secundaría a Lisandro Catalán; además, que Roberto Sánchez competiría por la intendencia de Concepción dentro de esa alianza y, finalmente, se confirmó que no habría ruptura entre su «jefa política» Patricia Bullrich y el presidente Javier Milei.
De todas las informaciones, el radical eligió la menos trascendente para justificarse: la decisión de Creo de desistir en la presentación judicial conjunta para evitar que el gobernador Osvaldo Jaldo pueda ser reelecto. Esa fue la excusa que esgrimió el hasta hoy diputado tucumano del bloque de La Libertad Avanza para presentar la renuncia.
Pero Campero no puede quejarse de su paso por el oficialismo nacional. Su apoyo incondicional a polémicos proyectos del Poder Ejecutivo propició, indirectamente, el acceso a un millonario y blando crédito hipotecario que le permitió (por fin) acceder a su vivienda propia.
La renuncia
Campero formalizó este jueves su dimisión mediante una carta dirigida a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, en la que anunció que a partir de ese momento conformaría el monobloque Cambia Tucumán. El tucumano mantiene mandato hasta diciembre de 2027.
En el escrito, Campero fue directo. Sostuvo que “hay situaciones en Tucumán que hacen imposible seguir integrando el bloque”. El eje de la justificación fue el “acuerdo que hay entre el gobernador Osvaldo Jaldo (Partido Justicialista) y Lisandro Catalán, de LLA Tucumán”. Según el legislador, ese entendimiento “motivó recientemente el desistimiento por parte del partido Creo de la acción judicial que impulsamos junto a otras fuerzas de la provincia para impedir una nueva candidatura del gobernador Jaldo por el artículo 90 de la Constitución provincial”. Agradeció a Javier Milei y anticipó que seguiría acompañando las iniciativas del Gobierno que considere correctas.

La presentación judicial había sido impulsada el 26 de octubre por Cambia Tucumán ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El espacio de Campero solicitó una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Provincia de Tucumán para que se declare parcialmente inconstitucional el artículo 90. El objetivo era impedir que Jaldo —vicegobernador de Juan Manzur entre 2015 y 2023 y gobernador desde entonces— pueda aspirar a un nuevo mandato. La demanda contó inicialmente con el respaldo de los apoderados de Fuerza Republicana, el PRO y Creo. La Libertad Avanza no se sumó. La Corte ya había pedido dictamen al procurador Eduardo Casal sobre su competencia originaria para tratar el planteo.
El giro de Creo se produjo en los últimos días. El partido comunicó a los otros sectores su decisión de retirar la firma y presentó el escrito correspondiente ante el máximo tribunal. Hasta ese momento no se conocieron explicaciones públicas de sus autoridades. El desistimiento coincidió con el acercamiento visible entre Catalán y Paula Omodeo, exdiputada de Creo, y con las versiones de que la dirigente integraría la fórmula libertaria. En septiembre, Catalán había expulsado a Omodeo, a Sebastián Murga y a Gustavo «Tapita» García del grupo de WhatsApp de La Libertad Avanza. Dos meses después, el escenario cambió.
La decisión de Creo generó reacciones inmediatas en el arco opositor. El intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola, referente de Cambia Tucumán, apuntó contra Catalán: “Esto confirma el acuerdo del turista Ca$talan con el peronismo. La incoherencia en política sí tiene costo”. Desde Fuerza Republicana también se cuestionó el retiro y se ratificó la continuidad del planteo. Jaldo, por su parte, había respondido al desafío judicial con una frase que circuló en los últimos días: “Se quiere sacar de la cancha a un candidato. Si bien se ataca el artículo 90, va dirigido a una sola persona”.
Campero utilizó precisamente ese desistimiento como la razón formal de su ruptura con el bloque oficialista. Lo hizo en un contexto en el que Catalán avanzaba en la conformación de una fórmula con Omodeo como compañera de fórmula y en negociaciones con Roberto Sánchez para que el radical compita por la intendencia de Concepción dentro de la alianza. Sánchez, exintendente de esa ciudad y exdiputado nacional, conservaría su identidad partidaria. Para liberar la postulación, el actual intendente Alejandro Molinuevo encabezaría la lista de legisladores por la sección Oeste junto con Raquel Nievas.
A nivel nacional, las versiones de quiebre entre Patricia Bullrich y Javier Milei quedaron desactivadas. El presidente definió a la senadora como su “socia política” y descartó cualquier alejamiento. Bullrich, por su lado, ratificó el alineamiento en los pilares del programa. La salida de Campero, cercana a la exministra de Seguridad, se produjo en un momento de dificultades del oficialismo para reunir quorum en Diputados.
La semana pasada, Campero había participado en una reunión de diputados cercanos a Bullrich que fue posteada en las redes y sirvió para recomponer la alicaída imagen del radical, ante la posibilidad de ser «El» hombre de la referente nacional. Pero la reconciliación pública con Milei destrozó esta esperanza.
Reunión de trabajo; reunión de equipo @PatoBullrich https://t.co/e8Pnm0jNZ5
— Mariano Campero 🇦🇷 (@mariano_campero) November 4, 2026
El crédito del Banco Nación y la respuesta a las críticas
El apoyo de Campero a proyectos del Poder Ejecutivo coincidió temporalmente con el acceso a un crédito hipotecario del Banco Nación. En mayo de 2025 recibió un préstamo en UVAs por aproximadamente $275 millones, con el que compró su primera vivienda familiar en Yerba Buena. El valor declarado de la operación superó los $300 millones. Por el ajuste por inflación, la deuda actualizada figura en torno a los $322 millones en la Central de Deudores del Banco Central.
El nombre del diputado apareció en listados de funcionarios y dirigentes que accedieron a la línea +Hogares con BNA. Ante las críticas, Campero respondió que se trató de una línea abierta a cualquier ciudadano que califique, gestionada en una sucursal local junto a su esposa, docente, y sin privilegios. “Lo hice como cualquier ciudadano que labura más de 15 años rompiéndose el lomo”, sostuvo. Aseguró que no hubo “ventana especial” ni trato diferencial por su condición de legislador y que la coincidencia con debates en el Congreso fue “fortuita”. El trámite, según explicó, había comenzado entre ocho meses y un año antes del desembolso.
En su descargo público, el exintendente insistió en que un préstamo hipotecario no es un beneficio político sino una deuda a 30 años. “Es una deuda que nos permite tener nuestra casa”, escribió. Aclaró que antes alquilaba junto a su mujer y sus tres hijos y que el crédito fue para acceder a la primera vivienda familiar.

