La Sala IV de la Cámara en lo Civil y Comercial Común de Tucumán hizo lugar a la apelación de la camarista Malvina Seguí y ordenó a la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT) rehacer sus padrones electorales. Según la sentencia, los cuatro años de antigüedad que el estatuto exige a los socios adherentes para votar y ser elegidos deben contarse desde el 31 de octubre de 2025, fecha en que la reforma estatutaria se publicó en el Boletín Oficial, y no desde la asamblea del 5 de noviembre de 2021.
El fallo revierte la decisión del juez Raúl Tejerizo, titular del Juzgado Civil y Comercial Común de la XIII Nominación, que el 10 de noviembre había rechazado el amparo electoral de Seguí y levantado la cautelar que mantenía en suspenso los comicios. Con este criterio, unos cincuenta funcionarios judiciales incorporados como adherentes no alcanzarían la antigüedad requerida hasta el 31 de octubre de 2029, por lo que quedan al margen de la renovación de autoridades que impulsa la conducción encabezada por Marcela «Machi» Ruiz.
La sentencia lleva la firma de las vocales Florencia Presti y Gisela Fajre. Fajre explicó que intervino como segunda vocal porque María Soledad Monteros, integrante habitual de la sala, se encuentra de licencia, y que lo hizo para «no afectar los derechos amparados» ante el plazo de tres días previsto para dictar sentencia.
Lo que resolvió la Cámara. El tribunal declaró «arbitrario» el criterio de la AMT de computar el plazo del artículo 8 del estatuto desde cualquier momento anterior al 31 de octubre de 2025 y ordenó confeccionar los padrones conforme a esa pauta. Además, impuso las costas de ambas instancias a la asociación demandada y reservó la regulación de honorarios.
La resolución no fija una nueva fecha de elecciones, que la conducción había convocado para el 3 de diciembre mediante una resolución del 22 de octubre. Los mandatos de la actual Comisión Directiva vencen el 15 de diciembre y la entidad todavía puede recurrir la sentencia.
La cronología de la reforma. El fallo reconstruye el trámite ante la Dirección de Personas Jurídicas: la asamblea extraordinaria del 5 de noviembre de 2021 aprobó la reforma y la presentó ese mismo mes, pero el organismo formuló observaciones y advirtió que la asociación carecía de autoridades con mandato vigente. Para la Cámara, aquella modificación «no produjo efecto inmediato alguno», porque le faltaba la aprobación estatal que exige la ley.
La AMT convocó una nueva asamblea el 16 de septiembre de 2025, y el 28 de octubre de ese año la Dirección de Personas Jurídicas dictó la resolución 379, que aprobó la reforma. La publicación en el Boletín Oficial se concretó tres días después, el 31 de octubre, fecha que el tribunal tomó como punto de partida para la antigüedad de los adherentes.
Los fundamentos. Las camaristas sostuvieron que los artículos 5 y 40 del estatuto no se contradicen, como había entendido Tejerizo. El primero alude a los funcionarios «que se incorporen a partir de esta reforma estatutaria», mientras que el segundo dispone que el estatuto rige desde su publicación oficial, previa autorización de Personas Jurídicas, fórmula que abarca todo el texto «sin distinguir entre cláusulas reformadas y cláusulas mantenidas».
El tribunal añadió que el artículo 40 no fue modificado en ninguna de las dos asambleas, lo que a su juicio expresa la voluntad de los socios de conservarlo. De ese modo, desestimó la tesis de primera instancia, según la cual el artículo 5 contenía una regla temporal específica que desplazaba la cláusula general de vigencia.
La asociación había invocado el artículo 157 del Código Civil y Comercial, que asigna efectos a la modificación del estatuto desde su otorgamiento. La Cámara respondió que esa norma no rige para las asociaciones civiles, sometidas a control estatal permanente, y citó la resolución general 7/2015 de la Inspección General de Justicia, aplicada en Tucumán por Personas Jurídicas, cuyo artículo 404 establece que las reformas estatutarias no entran en vigencia hasta ser aprobadas.
«No puede sostenerse válidamente que los derechos políticos de determinados socios y socias comiencen su existencia, previamente a la aprobación de la propia incorporación».
En la misma línea, el fallo señaló que «difícilmente pueda hablarse de ‘permanencia’ en la asociación si primero no se autorizó la ‘incorporación’».
Las juezas aclararon que lo resuelto «no importa desconocer la pertenencia de los funcionarios y funcionarias a la entidad demandada, ni restar valor a su participación» ni a los aportes que realizaron. Sin embargo, concluyeron que ese reconocimiento no puede traducirse en el ejercicio anticipado de derechos políticos que el estatuto difirió, y que la solución preserva también los derechos de los socios fundadores, entre ellos la propia actora.
Una presentación fuera de plazo. La Cámara tuvo por extemporánea la réplica de la AMT, firmada por su apoderado, Luis Alejandro Medina. Según la sentencia, el escrito ingresó el 17 de noviembre a las 22.02, cuando el plazo de veinticuatro horas del artículo 29 del Código Procesal Constitucional había vencido a las 18.
Medina sostenía que ese era el primer día hábil para presentarse, contado desde la notificación del 13 de noviembre. En ese escrito, de dieciséis páginas, la asociación había defendido el voto de los adherentes con la doctrina de los actos propios y los principios pro participación y pro sufragio, y había recordado que en la asamblea del 23 de abril de 2026 se dejó constancia de que quienes contaban con cuatro años de antigüedad tenían voz y voto.
Un expediente accidentado. Seguí, vocal de la Cámara de Apelación del Trabajo del Centro Judicial Concepción, promovió el amparo el 14 de octubre, patrocinada por el abogado Eduardo Eugenio Racedo, con el objetivo de excluir del padrón a unos cincuenta funcionarios sobre un cuerpo electoral regular de alrededor de doscientos asociados. El 21 de octubre, Tejerizo rechazó «por ahora» la cautelar de no innovar, pero el 29 de octubre la misma Sala IV revocó esa decisión y suspendió el cronograma electoral hasta la sentencia de fondo.
Tras el rechazo del amparo del 10 de noviembre, Tejerizo concedió el 12 de noviembre la apelación de Seguí con efecto suspensivo, lo que restableció la cautelar y volvió a paralizar los comicios. El trámite había incluido antes una ola de inhibiciones de magistrados, que el camarista Benjamín Moisá resolvió al ordenar a Tejerizo que tramitara la causa con plena jurisdicción.
Una entidad en crisis. La disputa por el padrón se suma a la prolongada crisis institucional de la AMT, cuya conducción perdió en octubre de 2025, por un solo voto, la representación ante el Consejo Asesor de la Magistratura frente a la lista de Daniel Marranzino y Carlos Saltor. Desde entonces, la entidad afronta además los reclamos contables de la jueza Ana María Iácono y del juez Gonzalo Ortega, que derivaron en una orden judicial para exhibir libros, facturas y gastos del ejercicio 2025.
Seguí había anunciado el 25 de septiembre su intención de competir por la presidencia de la asociación. Con la sentencia de la Cámara, la conducción de Ruiz queda ante la disyuntiva de recurrir o rehacer los padrones a contrarreloj, a menos de un mes del vencimiento de los mandatos.

