El proyecto de Presupuesto 2027 de Tucumán, que prevé recursos por $7,3 billones, comenzó su recorrido legislativo con una exposición del ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, ante representantes de los distintos bloques políticos. El funcionario defendió las principales previsiones de la iniciativa, explicó los criterios de distribución del gasto y respondió los cuestionamientos de los parlamentarios.
La reunión se realizó en la Legislatura y contó con la participación de integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, junto con otros legisladores. La presentación funcionó como una instancia previa al tratamiento formal de la iniciativa, que tiene como fecha tentativa de debate en el recinto el 10 de diciembre.
Abad sostuvo que la propuesta mantiene la orientación de los últimos ejercicios y prioriza cuatro áreas centrales de la administración provincial. «Hay un incremento en educación, salud, seguridad y desarrollo social. Son los ejes principales y se les da prioridad, como venimos haciendo en los últimos tres presupuestos», explicó.
En términos generales, el ministro detalló que el cálculo de recursos y gastos contempla una variación ajustada por inflación del 18%, frente a una inflación promedio proyectada del 21%. También aclaró que las estimaciones de ingresos siguen las pautas nacionales, debido a que cerca del 80% de la recaudación tributaria tucumana depende de los fondos coparticipables.
Otro de los puntos que buscó destacar fue la situación financiera de la Provincia. Abad aseguró que las cuentas se encuentran equilibradas y descartó dificultades para afrontar los compromisos salariales de fin de año. «Vamos a pagar los sueldos de diciembre y el aguinaldo sin ningún problema. Estamos bien encaminados en ese tema», afirmó.
En materia de infraestructura, el funcionario enumeró distintos trabajos que cuentan con financiamiento provincial y nacional. Entre ellos mencionó las intervenciones en rutas provinciales y en la ruta nacional 157, las obras de prevención de inundaciones en La Madrid, la remodelación del aeropuerto y de la terminal de ómnibus, además de proyectos hídricos, eléctricos y de acueductos.
«Si ustedes recorren la provincia, van a encontrar movimiento en todos lados. Siempre van a encontrar una máquina trabajando. Hay un montón de obras que se están haciendo y nos sentimos orgullosos», expresó.
La asistencia social también ocupó un lugar central en la exposición. El ministro anticipó un aumento de los recursos para esa área y destacó la política alimentaria en las escuelas, que alcanza a unos 450.000 estudiantes. «Es una de las preocupaciones, lo estamos atendiendo y lo vamos a seguir haciendo. Tiene que ver con la paz social que tenemos en la provincia, pero también con una cuestión humana: nuestra doctrina siempre se basa en la justicia social», manifestó.
Los artículos que podrían cambiar antes de la aprobación
Más allá de los números generales, la presentación dejó expuestas algunas diferencias sobre artículos específicos de la iniciativa. Uno de los principales cuestionamientos de la oposición apuntó al artículo 29, que establece pautas para las adecuaciones presupuestarias de los otros poderes del Estado.
Abad sostuvo que la redacción no representa un conflicto institucional y remarcó que la Legislatura tendrá la última palabra. «Ya está resuelto, la Legislatura va a introducir las modificaciones que crea conveniente. Nosotros proponemos y damos las razones técnicas, y la Legislatura lo aprueba, lo modifica o lo rechaza. Eso no es un motivo de conflicto», señaló.
Sin embargo, el titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Carlos Gallia, anticipó que impulsará cambios en ese apartado. «Lo vamos a modificar, porque si bien tiene una intención que no es la que todos piensan, viola la autonomía de los poderes judicial y legislativo», advirtió.
También hubo consultas sobre la situación de las comunas y los mecanismos de fiscalización. El ministro explicó que el esquema previsto contempla controles posteriores y reconoció que todavía existen dificultades tecnológicas para incorporar a todas las administraciones rurales al sistema.
«Estamos trabajando para incorporarlas, pero hoy no están dadas las condiciones tecnológicas», indicó. Además, defendió la tarea del Tribunal de Cuentas y aseguró que las irregularidades detectadas en gestiones anteriores recibieron sanciones.
Otro de los puntos abordados fue el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo. Abad consideró que, por su carácter autónomo y autárquico, corresponde garantizarle las condiciones necesarias para desarrollar sus funciones. Gallia coincidió con ese criterio y sostuvo que el organismo «tiene que manejarse de forma autárquica».
El oficialismo prevé el debate para diciembre
Tras el encuentro, Gallia explicó que la reunión ampliada permitió adelantar las principales discusiones antes del tratamiento en comisión. El legislador adelantó que convocará a los integrantes del cuerpo para avanzar con el análisis del texto y ratificó que el 10 de diciembre aparece como la fecha tentativa para su debate en el recinto.
«Estas reuniones sirven justamente para que, cuando lleguemos a la sesión, todos sepamos qué se va a debatir y no haya sorpresas», sostuvo.
El presidente de la comisión también calificó como equilibrada la propuesta y destacó la distribución de los recursos. «El excedente es de 305 millones frente a 700 del año pasado, es poco, pero las principales variables, como educación, salud, seguridad, obras públicas y asistencia social, se llevan más del 60%, y eso es lo que nos da la paz social», afirmó.
En ese marco, precisó que el plan de obras públicas contempla una inversión cercana a los $620.000 millones. No obstante, advirtió que las previsiones pueden modificarse durante el próximo ejercicio. «El presupuesto es una foto de lo que va a pasar el año que viene, y esa foto puede variar, porque los ingresos pueden ir para arriba o para abajo», concluyó.
Por su parte, el vicepresidente primero de la Legislatura, Aldo Salomón, quien encabezó la reunión en representación del vicegobernador Miguel Acevedo, destacó el intercambio entre los distintos espacios políticos y el equipo económico. La exposición permitió abrir la discusión sobre las prioridades de gasto y dejó planteados algunos cambios que la comisión deberá resolver antes de que el proyecto llegue al recinto.

