La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT), cuya conducción encabeza la camarista Marcela “Machi” Ruiz, presentó ante la Cámara su réplica a la apelación de la vocal Malvina Seguí y sostuvo que los socios adherentes —unos cincuenta funcionarios judiciales incorporados tras la asamblea extraordinaria del 5 de noviembre de 2021— deben integrar el padrón y participar en la elección de autoridades convocada para el 3 de diciembre. El escrito, firmado por el apoderado Luis Alejandro Medina y de dieciséis páginas, pide que se confirme la sentencia de primera instancia del juez Raúl Tejerizo, que el 10 de noviembre había avalado ese criterio y levantado la cautelar de suspensión, al considerar que la reforma estatutaria produce efectos internos desde su otorgamiento asambleario y no desde su publicación en el Boletín Oficial del 31 de octubre de 2025.
Medina argumentó que la interpretación de Seguí, que computa la antigüedad de cuatro años exigida por los artículos 8 y 37 del estatuto recién a partir de octubre de 2025, convierte en letra muerta durante cuatro años la previsión del artículo 5 sobre funcionarios incorporados “a partir de esta reforma estatutaria”, y que debe prevalecer la norma específica sobre la cláusula transitoria del artículo 40. Invocó el artículo 157 del Código Civil y Comercial, según el cual la modificación del estatuto produce efectos desde su otorgamiento, así como la doctrina de los actos propios y la buena fe, dado que los adherentes aportaron cuotas, participaron de la vida institucional y, en la asamblea del 23 de abril de 2026, se dejó constancia de que quienes contaban con cuatro años de antigüedad tenían voz y voto; excluirlos, sostuvo, no amplía derechos sino que los restringe, en contra de los principios pro participación y pro sufragio que rigen también en las asociaciones civiles.
La apelación de Seguí fue concedida por Tejerizo el 12 de noviembre con efecto suspensivo, de modo que el punto relativo a las elecciones permanece en pausa hasta que la Sala IV de la Cámara resuelva; el expediente pasó a estudio de la vocal Florencia Presti porque María Soledad Monteros, preopinante, se encuentra de licencia, en un orden que incluye a Gisela Fajre. El planteo se inscribe en la prolongada crisis institucional de la AMT, marcada por el escándalo electoral de octubre de 2025 que le costó el control del Consejo Asesor de la Magistratura, el surgimiento de organizaciones alternativas como REJUFIDE, las demandas por transparencia de balances y gastos impulsadas por jueces como Ana María Iácono y Gonzalo Ortega, y la candidatura de Seguí a la presidencia de la entidad, cuyos mandatos actuales vencen el 15 de diciembre.

