El Senado retomó este jueves la discusión por una nueva Ley de Biocombustibles, luego de que la sesión prevista la semana pasada quedara sin efecto por falta de consenso. El debate expuso las diferencias entre las provincias que producen bioetanol y aquellas que reclaman cambios en el esquema previsto para el biodiésel.
En ese escenario, la senadora tucumana Beatriz Ávila respaldó el proyecto y puso el foco en las oportunidades que puede generar para la industria sucroalcoholera de Tucumán. La iniciativa plantea elevar el porcentaje obligatorio de bioetanol en las naftas del 12% al 15%.
“Finalmente, después de muchos meses de tarea, llega al plenario un nuevo marco regulatorio de la Ley de Biocombustibles”, afirmó Ávila antes del inicio de la sesión.
La legisladora señaló que el proyecto establece un horizonte de 15 años de estabilidad regulatoria, una condición que, según su planteo, puede favorecer nuevas inversiones. También destacó el peso de la actividad azucarera en Tucumán y recordó la experiencia del Plan Alconafta, que funcionó en la provincia durante la década de 1970.
El texto que llegó al Senado también propone cambios para el biodiésel. El corte obligatorio en el gasoil pasaría del 7,5% al 10%. Además, el nuevo régimen incorpora disposiciones sobre precios, importaciones y exportaciones. Las provincias también podrían autorizar porcentajes de mezcla superiores a los fijados por la normativa nacional.
“Esto va a tener un gran impacto en las economías regionales: significa mayor productividad, generación de empleo, inversiones y mayores ingresos para las provincias”, sostuvo la senadora tucumana.
El reclamo de las pymes de biodiésel
El debate también expuso el rechazo de algunas provincias al esquema previsto para el biodiésel. El senador pampeano Daniel Bensusán anticipó su voto negativo al dictamen y reclamó modificaciones para las pequeñas y medianas empresas del sector.
“Nosotros no estamos de acuerdo con el dictamen. Veníamos trabajando, defendiendo principalmente a las pymes que generan biodiésel en La Pampa, San Luis, Entre Ríos y parte de la provincia de Buenos Aires”, explicó.
El planteo apunta a la competencia entre las pymes del interior y las grandes compañías integradas, muchas de ellas vinculadas con la producción y exportación de aceite de soja. Según Bensusán, las empresas alejadas de los puertos enfrentan mayores costos logísticos.
“Estamos de acuerdo con que haya competencia, pero competencia entre iguales”, remarcó el senador.
Como ejemplo, Bensusán señaló la diferencia entre una planta ubicada a unos 600 kilómetros del puerto de Rosario y las grandes empresas que cuentan con una ubicación más cercana y acceso directo a la materia prima.
El senador también advirtió sobre el impacto laboral que podría generar el esquema cuestionado. Según sus cifras, están en juego más de 1.500 empleos directos, unos 8.000 indirectos y alrededor de 400 extrusoras de soja del interior.
Así, el debate en el Senado quedó atravesado por dos reclamos diferentes. Tucumán y otras provincias productoras de bioetanol buscan ampliar el mercado para el combustible de origen vegetal, mientras que las provincias con producción de biodiésel reclaman condiciones específicas para las pymes frente a las grandes empresas del sector.
