La investigación por el femicidio de Érika Antonella Álvarez, de 25 años, quedó formalmente elevada a juicio oral y público. La decisión se conoció este jueves 17 de septiembre, luego de cuatro jornadas de audiencia de control de acusación y admisibilidad de la prueba.
El proceso está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios I, encabezada por el fiscal Pedro Gallo y la auxiliar Carolina Brito Ledesma. En el expediente permanecen imputados Felipe “El Militar” Sosa, Justina Gordillo y Jorge “Chicho” Díaz. Un cuarto acusado, Nicolás Navarro Flores, recibió el 29 de julio una condena de tres años de prisión mediante un juicio abreviado.
Para Sosa, la Fiscalía solicitó prisión perpetua como autor material del femicidio. En tanto, para Gordillo y Díaz pidió seis años de prisión efectiva por delitos vinculados con el encubrimiento.
La acusación contra Sosa
Según la reconstrucción presentada por el Ministerio Público Fiscal, Álvarez salió de su casa durante la madrugada del 7 de enero de 2026 y llegó minutos después al domicilio de Sosa, en Yerba Buena. La joven había tomado un vehículo de Uber desde su vivienda de San Miguel de Tucumán.
La Fiscalía ubicó entre las 3:50 y las 7 de ese día el momento en que se produjo el ataque. Para los investigadores, Sosa aprovechó la situación de vulnerabilidad de la víctima y la relación desigual que mantenía con ella.
El fiscal Gallo sostuvo esa hipótesis durante la audiencia y puso el foco en las condiciones personales y sociales de Álvarez. “Nosotros ponemos mucho foco en la especial vulnerabilidad de Érika. Vulnerabilidad como mujer, pero también una vulnerabilidad en la relación con Sosa de tipo económico y social. Sumado también a un problema de consumo problemático que padecía la víctima. Todo eso fue aprovechado por Sosa para generar una clara relación desigual de poder entre ambos”, señaló.
La acusación sostiene que Álvarez sufrió múltiples golpes en la zona cráneo-facial y cervical. La causa de muerte establecida fue un traumatismo cráneo-facial y cervical.
Gallo también hizo referencia a los elementos encontrados en el teléfono de Sosa. “Esto surge del análisis del teléfono celular del imputado, quien tenía expresiones absolutamente denigrantes para con las mujeres y particularmente para las mujeres que convocaba para encuentros en su domicilio. Él consideraba a Érika un objeto más de divertimento”, afirmó.
El destino final del cuerpo también forma parte de la hipótesis fiscal. Álvarez fue encontrada el 8 de enero en un basural de Manantial Sur, dentro de una bolsa. Para Gallo, ese dato también forma parte de la caracterización del crimen. “Desde nuestro punto de vista, inclusive la forma en que se le da muerte y termina la víctima envuelta en una bolsa en un basural es hasta simbólico y significativo”, sostuvo.
Qué papel les atribuye la Fiscalía a Gordillo y Díaz
La acusación también describió las acciones que, según la investigación, realizaron los otros dos imputados después del crimen.
A Justina Gordillo se le atribuyen comunicaciones con Sosa desde las 7:32 del 7 de enero y una visita a su domicilio. La Fiscalía sostiene que colaboró con el ocultamiento del cuerpo, la eliminación de rastros y la desaparición de elementos pertenecientes a Álvarez.
Además, el Ministerio Público Fiscal señaló que Gordillo habría ayudado a Sosa a abandonar Tucumán con destino a Buenos Aires. Para esa maniobra, según la acusación, le entregó una motocicleta KTM, dinero e información vinculada con la causa.
Por esos hechos, la Fiscalía solicitó seis años de prisión efectiva por encubrimiento por favorecimiento personal y real, con agravantes vinculados con la gravedad del delito precedente, el ánimo de lucro y su condición de funcionaria pública.
En cuanto a Jorge “Chicho” Díaz, la acusación sostiene que llegó a la vivienda de Sosa a las 15:17 en una camioneta Chevrolet S10 perteneciente a la firma “Mundo Limpio”. Allí, según la Fiscalía, colaboró con la limpieza del lugar y con la eliminación de rastros.
También se le atribuye participación en la desaparición del teléfono de Álvarez. Antes de retirarse, siempre de acuerdo con la acusación, Díaz se llevó un estuche con una pistola Glock calibre 40, una escopeta calibre 12 y municiones que Sosa le habría entregado para ocultarlas.
Para Díaz, la Fiscalía pidió seis años de prisión efectiva por encubrimiento por favorecimiento personal y real, agravado por la gravedad del hecho precedente.
Un juicio con 77 testigos
La etapa preparatoria terminó con más de 25 convenciones probatorias entre las partes. La jueza aprobó el requerimiento de apertura a juicio y habilitó la prueba que será utilizada durante el debate.
El Ministerio Público Fiscal llevará 77 testigos, entre ellos Navarro Flores, quien ya recibió una condena, efectivos policiales, integrantes del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y personas vinculadas con los acusados.
El expediente también incorpora pruebas genéticas de ADN, registros de cámaras de seguridad públicas y privadas, peritajes digitales y teléfonos celulares secuestrados, además de otros elementos vinculados con la escena del crimen, como cuerdas y las bolsas utilizadas para cubrir el cuerpo.
Con la elevación a juicio ya aprobada, las actuaciones pasarán a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA). Ese organismo deberá avanzar con el sorteo del tribunal que tendrá a su cargo el debate y establecer la fecha para el inicio del juicio oral.
