El proyecto de Presupuesto 2027 abrió un nuevo capítulo en la relación entre la Nación y las provincias por el financiamiento de la infraestructura. El texto establece un esquema de beneficios impositivos para las empresas que obtengan concesiones para construir nuevas rutas nacionales o ampliar corredores existentes. Pero el acceso a esas ventajas quedó sujeto a una condición que involucra de manera directa a los gobiernos provinciales.
El artículo 67 dispone que las jurisdicciones deberán adherir al régimen y otorgar exenciones sobre impuestos provinciales como Ingresos Brutos y Sellos para que las empresas puedan acceder a los beneficios previstos por la Nación.
La propuesta contempla ventajas para las inversiones vinculadas con las concesiones. Entre ellas aparece un esquema de amortización acelerada de los bienes y obras afectados a los contratos. Para las obras de infraestructura vial, el plazo de amortización se calculará a partir de la vida útil estimada, con una reducción del 50%.
El régimen también incorpora un mecanismo para recuperar el IVA asociado a las operaciones de las concesiones y permite computar como pago a cuenta el 100% del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias. Ese crédito podrá aplicarse de manera sucesiva contra Ganancias, IVA y contribuciones patronales al SIPA.
Sin embargo, el proyecto establece límites para los saldos que no puedan utilizarse. El texto señala que «el remanente no compensado no podrá ser objeto, bajo ninguna circunstancia, de compensación con otros gravámenes a cargo del contribuyente o de solicitudes de reintegro o transferencia a favor de terceros».
La condición provincial aparece como uno de los puntos centrales. El artículo 67 establece que «la adhesión de las jurisdicciones correspondientes, en estos términos, será condición necesaria para la vigencia de los beneficios previstos en los párrafos precedentes de este artículo».
La posición de Tucumán
El esquema planteado por la Nación toma relevancia particular en Tucumán por una definición que el Gobierno provincial ya adoptó respecto de las rutas nacionales.
El ministro de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Nazur, confirmó que la provincia no aceptará recibir la gestión ni el mantenimiento de los más de 600 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan el territorio tucumano.
La posibilidad surgió a partir del Decreto 253, mediante el cual el Gobierno nacional habilitó mecanismos para transferir a las provincias determinadas responsabilidades sobre corredores nacionales.
La postura tucumana fue clara: la Nación debe conservar la responsabilidad sobre las rutas que permanecen bajo su jurisdicción. Desde la administración provincial sostuvieron que cada nivel del Estado debe hacerse cargo de la infraestructura que le corresponde.
Esa definición adquiere ahora otra dimensión frente al Presupuesto 2027. El Gobierno nacional plantea incentivos para que las concesionarias desarrollen obras viales, pero condiciona parte de esos beneficios a decisiones tributarias que deben adoptar las provincias.
Obras previstas para Tucumán
El Presupuesto 2027 también incluyó partidas específicas para infraestructura en Tucumán. Una de las principales es el Acueducto Vipos, que contempla una inversión de unos $25.113 millones durante 2027 y un costo total superior a los $148.000 millones.
El proyecto también incorpora fondos para la planta depuradora de líquidos cloacales de Concepción, con una previsión de $2.196 millones.
En materia vial, aparecen obras sobre las rutas nacionales 9 y 38, además de trabajos previstos para el acceso sur a San Miguel de Tucumán.
El gobernador Osvaldo Jaldo también fijó una posición respecto del proyecto de Presupuesto. El mandatario tucumano planteó la necesidad de que el Congreso avance con su aprobación.
“Hay que acompañar el presupuesto nacional, porque no podemos tener un gobierno nacional que no tenga un presupuesto. Ya hemos tenido gobiernos que han estado tres años sin presupuesto, y ustedes saben que cuando no hay presupuesto, quien administra las partidas discrecionalmente es el jefe de gabinete”, afirmó.
El debate sobre el Presupuesto 2027 tendrá así varios frentes para las provincias. En el caso tucumano, uno de ellos pasa por las obras de infraestructura y las rutas nacionales, mientras el Gobierno provincial mantiene su postura de no asumir responsabilidades que considera propias de la administración central.
