La audiencia que se desarrolla en estos momentos definirá la validez de las pericias UFED en la causa Vélez no es un trámite más. Es, en los hechos, la llave que puede habilitar o clausurar una investigación por asociación ilícita, con nombre y apellido, sobre quienes aparecen reiteradamente mencionados en los mensajes recuperados por peritos oficiales del Estado. Por eso la expectativa excede largamente a las partes: periodistas, abogados y actores políticos siguen minuto a minuto una decisión que puede cambiar el eje del expediente.
La asociación ilícita, en términos concretos
Si las pericias UFED son incorporadas, el expediente deja de analizar sólo un hecho denunciado y pasa a examinar un patrón de conductas coordinadas, con reparto de roles, finalidad común y persistencia en el tiempo, los elementos típicos que exige el Código Penal para investigar una asociación ilícita.
Los mensajes recuperados describen instrucciones, dirección del relato, decisiones económicas y control de la exposición mediática. No son interpretaciones periodísticas: son textos, audios y secuencias temporales reconstruidas técnicamente. En ese material aparecen, de manera reiterada, Carlos Cisneros, diputado nacional, secretario general de La Bancaria y hombre fuerte de la Caja Popular de Ahorros, como referencia central cuando se habla de abogados, dinero y estrategia.
Los nombres que emergen de la prueba
La prueba técnica —si queda firme— no se agota en Cisneros. Aparecen Patricia Neme, como abogada que interviene desde el inicio con indicaciones precisas sobre qué decir y cómo presentar los hechos; Patricio Char, quien en audiencia dejó escapar la expresión “causa armada” al criticar las pericias; y un entramado de colaboradores y operadores mediáticos que amplificaron el relato antes de que existiera sustento probatorio.
En los mensajes privados, la denunciante —identificada como L.P.— reconoce falta de poder de decisión y cumplimiento de órdenes, expresiones que, de ser valoradas judicialmente, obligan a analizar subordinación y dirección externa. Esas admisiones no se produjeron en sede judicial ni bajo presión: fueron comunicaciones íntimas, luego borradas y recuperadas por UFED.
Qué cambia si se rechaza la nulidad
Aceptar la nulidad implicaría excluir la única prueba que conecta los hechos con una estructura organizada. Rechazarla, en cambio, obliga al Ministerio Público Fiscal a ampliar el objeto de la investigación, convocar a nuevos imputados y determinar quiénes planificaron, dirigieron y financiaron el armado del caso. No es una opción discrecional: es una consecuencia jurídica.
Por eso la discusión sobre la nulidad no es técnica en abstracto. La defensa y el MPF señalaron que el planteo fue extemporáneo, presentado después de conocidos los resultados, sin cuestionar cadena de custodia ni idoneidad de los peritos. Desde la querella, el intento de anulación aparece ligado a que la evidencia resultó contraria a sus intereses.
La presión fuera del expediente
La expectativa pública se ve reforzada por movimientos defensivos fuera de los tribunales: campañas mediáticas, ataques a periodistas críticos y publicaciones destinadas a instalar climas emocionales. Todo eso ocurre mientras muchos periodistas esperan información oficial y una definición clara del juez. En términos prácticos, si la Justicia habilita la prueba, la discusión se traslada del show mediático a la investigación penal.
Lo que está en juego
Tucumán no espera sólo un fallo procesal. Espera saber si se puede investigar al poder cuando la evidencia lo señala. Con Carlos Cisneros en el centro, con Patricia Neme y Patricio Char como piezas visibles de la estrategia jurídica, y con L.P. admitiendo en mensajes privados que actuó bajo órdenes, la decisión sobre las pericias UFED definirá si la causa Vélez se cierra sobre sí misma o se abre a una investigación por asociación ilícita.
La audiencia dirá si el expediente sigue siendo un caso aislado o si, finalmente, se permite ir a fondo. Tucumán entero está expectante. Porque la respuesta no será neutra: marcará un precedente.
