El gobernador Osvaldo Jaldo anticipó este miércoles que su gestión avanzará en la normalización de los entes autárquicos intervenidos, entre ellos el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), la Caja Popular de Ahorros y el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST), conocido como Subsidio de Salud. En declaraciones a la prensa, el mandatario sostuvo que la decisión forma parte de una revisión institucional más amplia y que el primer paso consiste en actualizar los estatutos y las cartas orgánicas, que están desfasados, antes de designar las conducciones definitivas. “Hablar de normalizar es fácil. Ahora, hay que ver cómo, con quién y con qué normas legales lo hacemos”, afirmó, en respuesta a las críticas de la oposición que reclaman el fin de intervenciones que en varios casos se prolongan desde la década de 1990.
Jaldo destacó especialmente la dimensión del Subsidio de Salud, al que calificó como la obra social más grande e importante del interior del país, con cerca de 400.000 beneficiarios entre titulares y adherentes. Señaló que poner al frente de ese organismo a una conducción que administre los servicios de salud exige no equivocarse y actualizar previamente toda la carta orgánica. El mismo criterio, indicó, se aplica al IPLA y a la Caja Popular de Ahorros. El IPLA permanece intervenido desde el 13 de julio de 2000 —actualmente bajo la intervención de Dante Loza— pese a que la normativa provincial limita ese mecanismo a un plazo excepcional; en agosto la Justicia provincial ordenó al Ejecutivo adoptar en 60 días los actos para poner fin a la intervención y conformar el Directorio previsto en la Ley 7.243, una sentencia que la Provincia apeló.
La Caja Popular de Ahorros está intervenida desde 2003 y el Subsidio de Salud desde 1991. En los últimos años el Tribunal de Cuentas y causas judiciales investigaron irregularidades en transferencias de fondos del juego hacia el sistema de salud y otros destinos. Jaldo ya había anticipado en marzo de este año la intención de normalizar estos entes en diálogo con el vicegobernador Miguel Acevedo, y en agosto confirmó que acataría el fallo sobre el IPLA, aunque el proceso de actualización normativa y designación de autoridades aún no se ha formalizado. La normalización, de concretarse, impactará en organismos que manejan recursos de salud, vivienda, juego y servicios públicos, y que durante décadas han sido conducidos por interventores designados directamente por el Poder Ejecutivo.
