A casi veinte años de un hecho que conmocionó las estructuras del poder en Tucumán, el caso por el asesinato de Paulina Lebbos se acerca a su etapa final. En marzo del próximo año, y luego de 21 años de trámites judiciales, se sentarán en el banquillo de los acusados el ex pareja de la joven víctima, César Soto, y Sergio Kaleñuk, imputados como autor material del homicidio y principal encubridor, respectivamente. Este debate oral constituye la última fase de una extensa serie de procesos que ya derivó en condenas para ex funcionarios de Seguridad y de la policía, e incluso para un fiscal que intervino en la investigación.
La acusación del fiscal Carlos Sale detalla un episodio de gran violencia. Según la teoría del caso, en la madrugada del 26 de febrero de 2006, Paulina llegó a la vivienda de su novio Soto, ubicada en la calle Estados Unidos. Tras una discusión, Soto habría usado su fuerza física para estrangularla, causándole la muerte por asfixia y con la intención de matarla. La joven había estado con amigos en un local nocturno de El Abasto y luego tomó un remise hacia la casa de Soto, pero nadie la vio llegar. Permaneció desaparecida hasta que su cuerpo fue hallado días después al costado de la ruta 341, en la zona de Tapia.
De acuerdo con la investigación, el horror continuó tras la muerte. La Justicia considera que Soto pidió ayuda de inmediato a Sergio Kaleñuk, un hombre con vínculos en el club Atlético Tucumán y con fuertes conexiones políticas, dado que su padre, Alberto, era secretario privado del entonces gobernador José Alperovich. Según Sale, ambos habrían trasladado el cadáver hasta el kilómetro 2.8 de la Ruta 341, en Tapia, donde quedó oculto hasta que fue descubierto de manera fortuita el 11 de marzo por dos hermanos de apellido Goitea.
Para asegurar la impunidad, el plan incluyó la fabricación de coartadas y la eliminación de evidencias. Mientras el cuerpo yacía abandonado, Sergio Kaleñuk se habría dirigido al club Central Córdoba para aparentar que estaba vendiendo entradas para un partido de fútbol. En ese trayecto, mantuvo comunicación con el entonces subjefe de policía, Nicolás Barrera, y con su propio padre. Finalmente, se habría deshecho del teléfono celular de la víctima para borrar todo rastro.
Este juicio llega después de sentencias históricas que demostraron cómo el aparato estatal protegió a los responsables. En 2019, la Sala III de la Cámara Penal condenó a penas de entre 5 y 6 años de prisión al exsecretario de Seguridad Eduardo Di Lella, al ex jefe de Policía Hugo Sánchez, al ex subjefe Barrera y al ex jefe de la Unidad Regional Norte, Rubén Brito. Todos fueron hallados culpables de encubrimiento agravado, abuso de autoridad y falsedad ideológica.
El escándalo también alcanzó al Poder Judicial. En 2021, el ex fiscal Carlos Albaca recibió una condena de seis años de prisión por su rol en el encubrimiento durante los siete años que tuvo la causa a su cargo. Se determinó que Albaca desvió pistas clave, permitió la pérdida de muestras de ADN y omitió realizar pericias esenciales sobre los sospechosos vinculados al poder, consolidando una red de protección que demoró la verdad por casi dos décadas. Además, existen numerosas causas pendientes por falso testimonio contra más de 30 personas, las cuales, según Alberto Lebbos, padre de Paulina, se encuentran paralizadas.
La próxima audiencia de marzo genera una gran expectativa. Tras años de lucha de Alberto Lebbos, el proceso contra Soto y Kaleñuk busca cerrar la herida abierta por el homicidio de Paulina. Por primera vez, el tribunal juzgará no a quienes ayudaron a ocultar el delito, sino al presunto autor material y a su principal colaborador, quienes, según la Justicia, utilizaron sus contactos para intentar quedar impunes en uno de los casos más resonantes de la historia provincial. Se prevé que a lo largo de los dos meses declaren más de 100 testigos ante los jueces Fabián Fradejas, Luis Morales Lezica y Gustavo Romagnoli, integrantes de la Sala III de la Cámara Conclusional.