En un video publicado este viernes 12 de diciembre en sus redes sociales, el diputado nacional Carlos Cisneros lanzó un virulento ataque contra la prensa, la Justicia y la fiscalía que investiga la causa por asociación ilícita que lo involucra como presunto jefe de una red para fabricar pruebas contra futbolistas de Vélez Sarsfield. El mensaje, cargado de lenguaje victimizante, apunta directamente al fiscal general Edmundo «Pirincho» Jiménez y busca presentar a la investigación como una maniobra ilegítima, en lo que parece ser una nueva fase de su contraofensiva mediática tras las graves revelaciones que lo comprometen.
El video, un Reel difundido masivamente en Instagram, comienza con Cisneros acusando a «un portal» de haber realizado una «publicación malintencionada» que reveló «cuestiones que hacen a la causa Vélez» e identificó con nombre y apellido a la denunciante. Según su relato, esta publicación habría provocado un «brote psicótico» en la joven, identificada en la causa como L.P., llevándola a presentarse desesperada en la fiscalía que lleva el caso. «Preguntándole a la fiscal si se suicidaba, la causa seguía», afirmó el diputado, sin presentar evidencia de dicho episodio.
El eje de la crítica: filtración y parcialidad judicial
El núcleo de su denuncia apunta a una supuesta infiltración al interior del sistema judicial. Cisneros aseguró que «hay empleados que filtran información de las investigaciones que se llevan a cabo dentro de esta causa a los abogados de los que están acusados», y que esta filtración es utilizada para «dañar psicológicamente, moralmente y socialmente» a la denunciante. «La fiscalía no investigó como corresponde desde el primer momento», sentenció.
Su crítica se extendió al Equipo de Coordinación de Investigaciones Fiscales (ECIF). Calificó un informe pericial como «sesgado» y «mal hecho», acusando a los peritos que lo firmaron, Gerardo Marrancino y Edgar Aranda, de hacerlo «sabiendo que lo estaban haciendo mal». Aseguró que el informe, elevado al sistema por Valentina Leccese, «se entrometió en la vida privada de la víctima» y que fue filtrado a la defensa de los futbolistas para construir una narrativa mediática favorable.
El ataque directo a Jiménez y la fiscal a cargo
El diputado fue particularmente duro con la jerarquía del Ministerio Público Fiscal. Acusó a la fiscal a cargo del caso, Adriana Reynoso Cuello, de tener una «actitud parcial», «poca perspectiva de género» y de «jugar en todo momento a favor de los acusados». «Esta causa debería haber sido elevada [a juicio] hace mucho, mucho tiempo», insistió.
Pero su blanco principal fue el fiscal general Edmundo «Pirincho» Jiménez. Cisneros calificó como «pésima» su respuesta ante el informe del ECIF, citando palabras que atribuyó a la propia fiscal Reynoso Cuello: «Si ya está subido, así que planteen los…». Con esta declaración, busca instalar la idea de desidia o complicidad de Jiménez, su principal adversario en la pulseada judicial y política que mantienen.
Un discurso en contraste con las pruebas
La apasionada defensa de Cisneros, en la que se presenta como paladín de las víctimas de género al afirmar que desde La Bancaria tienen un protocolo contra la violencia y que él actúa porque «tengo hijas, mujeres, tengo nietas, esposas», choca frontalmente con las pruebas reunidas en su contra. La investigación del juez Bernardo Lerario Babot se basa en chats que lo señalan como «el de arriba» que ordenaba operaciones, testimonios que indican que compró un teléfono a la denunciante para destruir evidencia, y la confesión de la propia L.P. de haber sido «prisionera» cumpliendo órdenes.
La publicación de este video representa un intento de retomar la iniciativa en el relato público, luego de una semana devastadora en la que se revelaron documentos sobre el desvío de USD 2.100 millones de la Caja Popular y declaraciones judiciales que pedían su detención. Al atacar directamente a la prensa por la filtración y a la Justicia por su imparcialidad, Cisneros busca deslegitimar las fuentes de las acusaciones y reposicionarse como una víctima de una persecución mediático-judicial, en una estrategia que ya incluyó la contratación del abogado Fernando Burlando y una campaña de afiches en Buenos Aires. El mensaje final del video es una clara advertencia: «Nosotros no nos intimidan, pueden hacer o inventar las denuncias que quieran».
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