El clima en las facultades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) atraviesa jornadas de profunda inquietud. Lo que comenzó como una serie de testimonios aislados ha derivado en una demanda colectiva por seguridad y transparencia, luego de que se hicieran públicas graves denuncias de acoso que afectan la normalidad académica. Según diversas agrupaciones y estudiantes independientes, el sentimiento predominante es de vulnerabilidad, al punto de que muchas alumnas han manifestado temor de asistir a las aulas.
La problemática pone bajo la lupa la eficacia de los protocolos vigentes contra la violencia de género en el ámbito universitario. A pesar de los esfuerzos institucionales previos, las víctimas señalan una burocracia administrativa que, en la práctica, no ofrece medidas de protección inmediatas ni sanciones ejemplares. La falta de respuestas contundentes por parte de las autoridades académicas ha generado un vacío que los propios estudiantes intentan llenar mediante la visibilización de los casos en redes sociales y asambleas.
Desde los sectores gremiales y estudiantiles, se exige una revisión integral de los mecanismos de denuncia. El reclamo no es solo por la persecución de los hechos consumados, sino por la implementación de políticas preventivas que garanticen un entorno de estudio libre de hostigamiento. La situación ha escalado al punto de comprometer el derecho a la educación, ya que la deserción temporal de quienes se sienten amenazadas empieza a ser una realidad tangible en los registros de asistencia.
La universidad se enfrenta ahora al desafío de recuperar la confianza de su comunidad. En un contexto social que demanda compromiso ético y celeridad judicial, la UNT debe decidir si profundizará sus reformas internas o si permitirá que la inercia administrativa siga dejando desamparadas a quienes denuncian. La excelencia académica, advierten los especialistas, es inseparable de un marco de respeto y seguridad para todos sus integrantes.
