La Fiscalía de la Nación de Perú presentó una denuncia constitucional contra el ex mandatario Manuel Merino y los ex ministros Antero Flores-Aráoz (titular del Consejo de Ministros) y Gastón Rodríguez (del Interior) por la muerte de dos manifestantes.
La acusación los tilda de presuntos autores, por omisión impropia, de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves a título de dolo eventual por las muertes de los manifestantes Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez.
La denuncia habla de la violenta y desproporcionada represión policial, con empleo de perdigones, gases lacrimógenos y otros, contra ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta, lo cual constituyó una flagrante violación a los derechos humanos.
En la denuncia se dice que los imputados en su condición de altos funcionarios del Ejecutivo «tenían el deber de protección y actuación especial frente al bien jurídico vida e integridad física, en el contexto de las protestas sociales continuas que se desarrollaban desde el 9 de noviembre del 2020».