La intervención formal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) en la causa Vélez (FTU 23/2026) abre la posibilidad de que el organismo recomiende o impulse la aplicación del Protocolo Único de Articulación para el abordaje de situaciones de trata y explotación. El objetivo sería evitar que María de Lourdes Parache continúe bajo la influencia del círculo de Carlos Cisneros, Patricia Neme y Federico Petraglia, los tres investigados por presunto sometimiento funcional.
El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz dio esa intervención para profundizar la pesquisa sobre el presunto sometimiento laboral de Parache. PROTEX no decide el procesamiento ni reemplaza al juez Guillermo Díaz Martínez, pero puede examinar pruebas, cruzar información e impulsar medidas. Entre ellas figura, según sus funciones institucionales, el seguimiento del cumplimiento de los derechos que la Ley 26.364 reconoce a las víctimas y la posibilidad de proponer la activación del circuito de protección.
Ese circuito es el que establece el Protocolo Único de Articulación (Resolución 1/2023 de la Jefatura de Gabinete). No es una recomendación optativa: ordena la detección, judicialización, rescate, acompañamiento y asistencia integral. Incluye la Línea 145, el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento (PNR), la derivación a los Puntos Focales Provinciales y prestaciones de asistencia psicológica, médica y jurídica gratuita, además de evaluación de riesgo y medidas de resguardo independientes del entorno investigado. El protocolo y la Ley 26.364 no condicionan esa asistencia a que la persona se reconozca como víctima.
Hasta el momento, según lo publicado por El Federalista el 13 de octubre, no había constancia pública de que se hubiera activado respecto de Parache. La joven permanece representada judicialmente por profesionales vinculados al círculo que se investiga como posible estructura de captación.
El episodio más reciente ocurrió el 1 de octubre de 2026. Alrededor de las 10:30, Juan Andrés Robles —abogado de Cisneros, Neme y Petraglia en la causa federal— llegó a los Tribunales Federales de calle Las Piedras acompañado de Parache para que declarara en el expediente en el que sus representados están investigados. La Fiscalía Federal y el Juzgado Federal N° 2 no recibieron el acto por incompatibilidad de la defensa. Robles había firmado, entre el 28 y el 30 de septiembre, los escritos de desvinculación de Cisneros y Neme, y había acompañado a Petraglia en su indagatoria. Días antes había patrocinado a Parache en la queja que la Corte Suprema de Tucumán rechazó el 11 de septiembre (sentencia 1343).
La superposición no es aislada. El Tucumano reconstruyó que siete abogados vinculados a La Bancaria y a la Caja Popular actuaron por Parache. Cisneros admitió por escrito haberlos facilitado. El 30 de marzo de 2026, en el Registro Notarial N° 115 de Famaillá, Parache otorgó poder a Robles y a José César Díaz (escritura 115); inmediatamente después, las tres hijas de Cisneros otorgaron poder a los mismos profesionales (escritura 116). Pedro Parra, abogado de Petraglia en la causa provincial, también representó a Parache en sede federal. Neme y Díaz, agentes de la Caja en licencia psiquiátrica, firmaron escritos por la joven mientras seguían cobrando sueldos de esa entidad.
PROTEX, que administra el sistema sincronizado de denuncias de la Línea 145 y tiene el mandato de hacer seguimiento de los derechos de las víctimas, está en condiciones de recomendar al fiscal Vehils Ruiz —y, a través de él o directamente según el caso, al juez— la activación del protocolo. Eso podría incluir una evaluación de riesgo, el ofrecimiento de asistencia jurídica independiente del entorno investigado y medidas de resguardo que reduzcan la influencia laboral, gremial y de patrocinio que todavía se documenta sobre Parache. No puede ordenarlo de manera imperativa —el circuito es interinstitucional y algunas medidas requieren intervención del Ejecutivo o del juez—, pero sí puede impulsarlo con fuerza institucional ahora que interviene formalmente en la causa.
El juez Díaz Martínez sigue siendo quien decide el próximo paso formal sobre Cisneros, Neme y Petraglia (procesamiento, sobreseimiento o más investigación). La posibilidad de que PROTEX reclame la aplicación del protocolo no prejuzga ese resultado, pero coloca en el centro una cuestión que El Federalista ya había señalado: la presunta víctima permanece, meses después de la remisión federal, sin las medidas de protección que el propio Estado se impuso, mientras continúa representada por el círculo que se investiga como posible responsable de su sometimiento.
