El vicepresidente Pedro Alliana juró este viernes como presidente de la República del Paraguay para completar el mandato constitucional hasta el 15 de agosto de 2028, horas después de que el Senado destituyera por unanimidad a Santiago Peña en un juicio político acelerado por el colapso del banco digital Ueno Bank. La intervención de la entidad, dispuesta por el Banco Central del Paraguay (BCP) el martes 3 de noviembre, congeló los ahorros de casi tres millones de clientes —equivalente al 60% de la población adulta— y fondos públicos por cientos de millones de dólares, desatando protestas y una crisis institucional que el Partido Colorado logró contener dentro de sus filas.
El Senado, constituido en tribunal, declaró culpable a Peña de “mal desempeño en sus funciones” con 44 votos a favor y una ausencia, sobre un total de 45 miembros. La votación se produjo en ausencia del mandatario, cuyos abogados comparecieron después de que se rechazara su pedido de una prórroga de 72 horas. El presidente del Senado, Basilio Núñez, anunció la separación inmediata del cargo. Peña se convierte así en el segundo presidente paraguayo destituido por juicio político desde el restablecimiento democrático, después de Fernando Lugo en 2012.
La crisis social se hizo inmediata. Millones de paraguayos quedaron sin acceso a sus ahorros para gastos cotidianos, alimentación y pagos básicos. En Asunción se registraron protestas, filas frente a sucursales cerradas, bloqueos y enfrentamientos con la policía, que empleó camiones hidrantes y gases lacrimógenos en los primeros días. Tras la destitución, centenares de personas celebraron en las calles. El guarani se depreció cerca del 5% y los bonos soberanos cayeron ante la incertidumbre.
Minutos después de la votación, policías y fiscales notificaron a Peña la orden de detención domiciliaria en su residencia de Asunción. La fiscal Silvia González indicó que permanecería detenido en su domicilio y que debía presentarse el sábado ante la fiscalía. La medida fue dispuesta por fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción. Varios colaboradores renunciaron, entre ellos el ministro del Interior Enrique Riera, el jefe de Gabinete y el asesor jurídico. El presidente del BCP, Carlos Carvallo, también enfrentó una orden de captura.
Alliana, de 52 años (nacido el 19 de febrero de 1974 en Pilar, Ñeembucú), es un dirigente de larga trayectoria en la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado). Fue gobernador de Ñeembucú entre 2008 y 2013, diputado nacional de 2013 a 2023 —presidió la Cámara Baja entre 2019 y 2022— y presidente del partido entre 2015/2016 y 2023. Es cercano al expresidente Horacio Cartes y al movimiento Honor Colorado. Casado con la diputada Fabiana María Souto, tiene cuatro hijos. En su discurso de asunción, ante el Congreso y con la banda presidencial, prometió: “Los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a causa del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos”. Ordenó acciones inmediatas con preferencia para los menos favorecidos, anunció recortes de gasto superfluo, priorizó el trabajo territorial y restringió viajes al exterior a “razones impostergables”. Reafirmó su fidelidad al Partido Colorado.
El Congreso designó como nuevo vicepresidente al senador Antonio “Tony” Barrios, médico neonatólogo, exministro de Salud Pública durante el gobierno de Cartes y aliado del mismo movimiento. Barrios, de 69 años, renunció a su banca para asumir el cargo hasta 2028.
El poder permanece en manos del Partido Colorado, que contuvo el impacto político de la crisis. Alliana, quien había pausado su precandidatura para 2028, representa un perfil más territorial y de militancia que el tecnócrata Peña. En Buenos Aires, el gobierno de Javier Milei recibió con optimismo la sucesión y descartó cambios en la relación bilateral, señalando que Alliana ya era visto como sucesor natural y que la continuidad colorada preserva la alineación previa. Milei había visitado Asunción en dos ocasiones durante 2025 y mantenía una relación cercana con Peña.
La rapidez del proceso —menos de una semana entre la intervención bancaria y la destitución— dejó al país con un nuevo presidente, un expresidente bajo detención domiciliaria y millones de ahorristas y pensionistas a la espera de la recuperación de sus fondos. Alliana enfrenta el desafío de restituir la confianza financiera y social mientras completa los casi dos años restantes de mandato.
