La Policía de Tucumán, a través de la Dirección General de Delitos Rurales y Ambientales, concretó este jueves un allanamiento en una vivienda del barrio Villa del Parque, en El Cadillal, del hombre a quien los vecinos señalan como posible responsable de la muerte de al menos 19 perros, y secuestró un rifle de aire comprimido calibre 5.5, 250 balines, una radio HT, frascos y bolsas de fertilizantes e insecticidas de distintas marcas, productos químicos y una bolsa con alimentos para perros, todo bajo disposición de la Fiscalía de Delitos Complejos en el marco de la causa por infracción a la ley 14.346 de Protección Animal.
El procedimiento, autorizado por la jueza Criss Rosa Luz Correa y supervisado por el comisario principal Luis Godoy, jefe de Zona Norte, el comisario mayor Silvio Luna, director general de Delitos Rurales y Ambientales, y el comisario mayor Adrián Hisa, subdirector, se produjo después de que los residentes del sector denunciaran desde el sábado 31 de octubre una serie de decesos de mascotas y perros comunitarios que presentaban síntomas de intoxicación aguda, como temblores, salivación excesiva, vómitos, convulsiones y parálisis respiratoria, cuadros que la médica veterinaria Victoria Biscardi, también vecina, atribuyó a compuestos organofosforados presentes en plaguicidas y pesticidas.
Los vecinos basaron sus sospechas en registros de cámaras de seguridad que mostraron a una camioneta oscura, identificada como Toyota, circulando tres veces por el lugar y arrojando algo por la ventanilla, tras lo cual un perro se acercó a consumirlo y fue hallado muerto horas después, mientras otro aparecía agonizando, lo que llevó a unos 80 residentes a exigir respuestas y a que la investigación avanzara hasta el registro del domicilio, donde el sospechoso fue notificado de la apertura de las actuaciones sin que se dispusiera su detención, en tanto la fiscalía deberá peritar los elementos secuestrados para determinar si alguno pudo ocasionar la mortandad.
La ley 14.346 establece como actos de crueldad lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por sólo espíritu de perversidad, con penas de 15 días a un año de prisión, y el caso se suma a la conmoción que generó en la villa turística la presunta matanza masiva, de la que El Federalista dio cuenta el 4 de noviembre al informar sobre los videos de la camioneta y la confirmación de 19 muertes.
