El presidente Javier Milei anunció anoche, en una cadena nacional pregrabada emitida desde el Salón Blanco con el gabinete completo, un paquete de medidas diplomáticas, administrativas, penales y militares destinado a impedir que avancen proyectos hidrocarburíferos en la plataforma continental argentina sin autorización de la autoridad nacional. El disparador explícito fue el yacimiento Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago de las Malvinas, operado por la israelí Navitas Petroleum (65%) y la británica Rockhopper Exploration (35%), que tomaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión y proyectan el primer petróleo para 2028.
“Hoy nuestra soberanía enfrenta un peligro concreto y urgente”, dijo el mandatario. “Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora.” La Argentina, agregó, “no se quedará de brazos cruzados”.
Los anuncios, uno por uno
El mensaje, de unos quince minutos, condensó cuatro instrumentos que el Gobierno presentará o firmará en las próximas horas y en la semana entrante.
Primero, un decreto reglamentario para “dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios” de la ley 26.659 —sancionada por unanimidad en 2011 y modificada en 2013 por la ley 26.915— contra quienes participen de iniciativas de extracción de petróleo en territorio argentino bajo ocupación británica. El decreto instruye a los organismos del Estado a informar a Cancillería todo incumplimiento detectado, coordina el procedimiento administrativo y incorpora declaraciones juradas obligatorias en los trámites hidrocarburíferos y en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el propósito de impedir que operen en el continente empresas que exploten recursos en la plataforma sin reconocer la soberanía nacional.
Segundo, un decreto de necesidad y urgencia que amplía los recursos del Ministerio de Defensa “con el fin prioritario de construir una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego e incrementar las capacidades en telecomunicaciones”. Milei la describió como el futuro “polo logístico más importante del Atlántico Sur” y como herramienta de “proyección geopolítica”. El anuncio retoma, con otro encuadre diplomático, un proyecto que el gobierno de Alberto Fernández había formulado en 2022; fuentes oficiales indicaron que la Casa Rosada busca financiamiento estadounidense para la base de Ushuaia y que la iniciativa se articula con la cooperación militar del denominado Escudo de las Américas.
Tercero, el envío “con carácter urgente” de un proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El texto tiene tres ejes: endurecer las penas de la ley 26.659 y extenderlas a proveedores, accionistas y directores, con prohibición de contratar en territorio argentino tanto con el sector público como con el privado y con juicio en ausencia cuando corresponda; crear un Consejo de Seguridad Nacional que articule Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, con facultades para responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales o no estatales; y establecer un régimen de protección de infraestructura crítica y un marco aeroespacial y marítimo.
Cuarto, el despliegue de “todas las herramientas del Estado” —diplomáticas, económicas, judiciales y legales— para disuadir violaciones. Cancillería, según Milei, ya envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en las islas. El Palacio San Martín había rechazado formalmente, en diciembre de 2025 y otra vez en 2026, la decisión final de inversión de Sea Lion.
“Quienes operan en nuestras islas a espaldas del gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal, en un territorio disputado, y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad. No se pueden hacer las dos cosas.”
Sea Lion: el yacimiento que cruzó el umbral
Sea Lion es el primer desarrollo offshore de la Cuenca Malvinas Norte que alcanzó decisión final de inversión. Navitas y Rockhopper la adoptaron el 10 de diciembre de 2025. La primera fase exige unos 1.800 millones de dólares hasta el primer barril y cerca de 2.100 millones hasta completarse. Apunta a 170 millones de barriles recuperables, con un pico inicial de alrededor de 50.000 a 55.000 barriles diarios, once pozos submarinos y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO). Una segunda fase sumaría otros 144 a 149 millones de barriles. El recurso contingente del campo completo, según Rockhopper, llega a 917 millones de barriles brutos. La perforación está prevista para 2027 y la primera producción comercial, para el primer semestre de 2028, con un horizonte de más de treinta años.
En agosto de 2026 Navitas formalizó la compra del FPSO OSX-1 por 125 millones de dólares, que se sumará a la unidad Aoka Mizu, operada por Bluewater, con el objetivo de elevar la capacidad hacia 125.000 y, en un escenario de expansión, hasta 180.000 barriles diarios hacia fines de la década. Navitas también adquirió el 65% de la licencia adyacente PL001, que pertenecía a la canadiense JHI Associates (JHI Falklands Inc., con sede en Toronto), para usar la infraestructura de Sea Lion como núcleo de un centro petrolero regional. Borders & Southern Petroleum, otra independent británica, retiene el hallazgo de gas condensado Darwin, en aguas profundas, estimado en 460 millones de barriles de líquidos recuperables.
Las grandes petroleras —Shell, TotalEnergies, Equinor— y las principales contratistas de servicios —SLB (ex Schlumberger), Halliburton— se mantuvieron al margen. El cálculo es comercial: una participación, aun indirecta, las expone a la ley 26.659 y pone en riesgo negocios de escala mucho mayor en Vaca Muerta y en la plataforma continental autorizada por la Argentina. Por eso el consorcio quedó en manos de dos compañías de menor porte, dispuestas a absorber el riesgo geopolítico.
Qué dice la ley que se quiere endurecer
La ley 26.659, publicada el 13 de abril de 2011 y reforzada por la 26.915, prohíbe a toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, que realice o esté autorizada a realizar actividades en la República Argentina, y a sus accionistas:
- desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin habilitación de la autoridad competente nacional;
- tener participación directa o indirecta en personas jurídicas que desarrollen esas actividades o que presten servicios para dichos desarrollos;
- contratar o efectuar transacciones, actos de comercio, operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas, de consultoría o asesoría —a título oneroso o gratuito— con quienes las desarrollen sin permiso argentino.
La autoridad de aplicación es la Secretaría de Energía. Tras un proceso administrativo, puede inhabilitar de cinco a veinte años a las personas físicas o jurídicas incumplidoras. La inhabilitación no se limita a hidrocarburos: impide desarrollar actividades de cualquier tipo en el país. Se suman la reversión de concesiones, el cese inmediato de exenciones y facilidades impositivas o previsionales, y la prohibición de contratar con el Estado nacional, las provincias y los municipios. El régimen penal, incorporado por la reforma de 2013, prevé prisión de cinco a diez años y multa equivalente al valor de mercado de 20.000 a 100.000 barriles de crudo WTI para quien encargue o realice búsqueda de hidrocarburos sin autorización, y de diez a quince años con multa de 150.000 a 1,5 millones de barriles para quien encargue o realice extracción, transporte o almacenamiento. La inhabilitación especial se extiende al doble del tiempo de la condena.
El proyecto que Milei enviará al Congreso replica esas penas sobre los proveedores, cierra el acceso a contratos públicos y privados en todo el territorio y habilita el juicio en ausencia. También pretende “extender este régimen a otras actividades en las islas que afectan nuestros recursos naturales”, fórmula que podría alcanzar a la pesca, la logística y el transporte marítimo.
Las empresas ya sancionadas y las que quedan en la mira
Entre 2012 y 2022 el Estado argentino declaró clandestinas e inhabilitó por hasta veinte años a un decena de compañías por explorar o explotar en la cuenca de Malvinas sin permiso nacional. El listado consolidado por Cancillería y la Secretaría de Energía incluye a:
- Falkland Oil and Gas Limited;
- Rockhopper Exploration PLC;
- Borders and Southern Petroleum PLC;
- Argos Resources LTD;
- Desire Petroleum PLC;
- Premier Oil PLC;
- Noble Energy Falklands Limited y Noble Energy Inc.;
- Edison International SPA;
- Navitas Petroleum LP.
Rockhopper fue declarada clandestina por la resolución 133/2012 de la Secretaría de Energía e inhabilitada por veinte años por la resolución 456/2013. Premier Oil recibió la resolución 481/2013. Navitas Petroleum LP fue inhabilitada por veinte años mediante la resolución 240/2022, dictada cuando Guillermo Carmona era secretario de Malvinas y Darío Martínez, secretario de Energía. En 2021 se inició el proceso también contra Chrysaor Holdings Limited y Harbour Energy Plc —producto de la fusión de Chrysaor con Premier—, que habían tomado participación en Sea Lion antes de ceder el 65% a Navitas en 2022.
Ese inventario no agota el universo que el decreto y el proyecto de ley pretenden alcanzar. Quedan expuestos, por participación directa o por prestación de servicios:
- Navitas Petroleum Development and Production Limited, operadora israelí con el 65% de Sea Lion, presidida por Gideon Tadmor, impulsor de los campos Tamar y Leviathan en el Mediterráneo oriental. Ya está inhabilitada desde 2022; el nuevo régimen apunta a acelerar medidas sobre activos, socios y cadena de valor.
- Rockhopper Exploration plc y sus subsidiarias Falkland Oil & Gas Ltd y Desire Petroleum Ltd (35% de Sea Lion y otras licencias al sur y al este de las islas).
- JHI Associates / JHI Falklands Inc., canadiense titular original de la licencia PL001, de la que Navitas tomó el 65% en 2026.
- Borders and Southern Petroleum plc, titular del hallazgo Darwin y con permisos isleños vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026.
- Bluewater, operadora del FPSO Aoka Mizu, y los titulares y gestores del FPSO OSX-1, recién incorporado.
- Cualquier socio estratégico que Navitas intente sumar para un plan de hasta 77 pozos, según informó la propia compañía a comienzos de septiembre: la ley 26.659 alcanza a quien tome participación, directa o indirecta.
- Fondos y bancos con paquetes relevantes en Rockhopper, según datos de Simply Wall St difundidos en junio de 2026: el grupo británico Aberdeen Plc (11,7%), el fondo israelí Noked Capital Ltd. (9,21%) y Exodus Israel Ltd. (6,06%), entre un entramado de unos 25 accionistas institucionales que concentran cerca del 80% de la petrolera británica.
- Proveedores de logística, finanzas, ingeniería, consultoría y transporte que firmen contratos con el consorcio. El artículo 2°, inciso 3, de la ley 26.659 ya los incluye; el proyecto de Milei los iguala en penas a las operadoras.
También podría entrar en la órbita ampliada —si el Congreso acepta extender el régimen más allá de los hidrocarburos— la naviera chilena Easter Island Naviera, que el 3 de septiembre, el mismo día de la cadena y de la visita relámpago de Milei a Santiago para el Foro Madrid y un encuentro con el presidente José Antonio Kast, cerró con la Falkland Islands Development Corporation un contrato para una segunda ruta marítima Punta Arenas–Malvinas. El decreto argentino 256/2010 exige autorización previa a todo buque que atraviese aguas jurisdiccionales argentinas rumbo al archipiélago.
En el plano judicial, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) presentaron el 1° de septiembre una demanda para frenar Sea Lion por falta de evaluación de impacto ambiental y de autorizaciones nacionales. El Gobierno analiza, según adelantó TN el mismo 3 de septiembre, ampliar actuaciones iniciadas en Tierra del Fuego y avanzar con cautelares sobre activos vinculados a las empresas involucradas.
El encuadre geopolítico y el día político
Milei encuadró la ofensiva en un cambio de clima internacional. Recordó que las Naciones Unidas reconocen la disputa de soberanía e instan a no introducir modificaciones unilaterales —resoluciones 2065 (XX), 31/49 y concordantes— y afirmó que el gobierno de Donald Trump “está revaluando” el respaldo histórico de Washington al Reino Unido. Presentó a la Argentina como “socio confiable, alineado con los valores occidentales”, con recursos estratégicos y sin la presión migratoria que, dijo, aqueja a Europa y al Reino Unido, al que describió en “un camino de declive”.
El Presidente reivindicó 18 resoluciones y declaraciones de foros internacionales obtenidas en tres años y más de 60 protestas formales ante actos unilaterales británicos. Invocó la primera cláusula transitoria de la Constitución y convocó a “un frente unido” porque “hay causas que están por encima de cualquier diferencia política y Malvinas es una de ellas”. La cadena midió 30,2 puntos de rating al inicio (21:00) y 29 al cierre (21:15); lideraron Telefe Noticias (7,2), Telenoche (5,8) y LAM (4,8).
La jornada había comenzado con otra tensión, de signo doméstico. El 2 de septiembre la Unión Industrial Argentina celebró el Día de la Industria en la planta de Laboratorios Elea, en Malvinas Argentinas, sin Milei, sin el ministro de Economía, Luis Caputo —que regresaba del G20 en Estados Unidos— y sin el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Solo asistió el secretario de Producción, Pablo Lavigne. El presidente de la UIA, Martín Rappallini, reclamó “un puente” entre la economía que se deja atrás y la competitiva que el Gobierno promete, advirtió que la industria está 10% por debajo de 2022, con sectores que caen 25 a 30 puntos, y cifró en 90.000 los empleos asalariados registrados perdidos desde agosto de 2023. El vicepresidente Guillermo Moretti fue más lejos: “Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno”. Rappallini se despegó: el discurso institucional, dijo, era el suyo, consensuado en el Comité Ejecutivo. Caputo replicó que “la mayoría de los empresarios entiende que tiene que haber un cambio de modelo, por más que sea difícil”. Axel Kicillof tampoco envió representantes al acto.
