Los siete policías federales oriundos de Tucumán que habían sido detenidos por presunto cobro de coimas a bagayeros fueron excarcelados por orden de la Justicia Federal de Santiago del Estero, aunque permanecen bajo investigación.
Los abogados defensores Lucas Vieyra Ortiz y Fernanda Santín solicitaron la habilitación de la feria judicial para abordar el caso, luego de que se tomaran declaraciones testimoniales a los gendarmes que intervinieron en las detenciones y a otros testigos del operativo.
Los uniformados habían sido privados de su libertad en un procedimiento realizado en el puesto 27 de Abril, en Tucumán. La investigación busca determinar si un grupo de efectivos de la Policía Federal cobraba dinero a cambio de permitir el paso de camionetas y micros vinculados a traficantes de mercadería ingresada ilegalmente al país.
Tras el operativo surgió la versión de que los detenidos habrían intentado deshacerse de pruebas relevantes al arrojarlas al fuego. Sin embargo, las declaraciones testimoniales de los miembros de Gendarmería Nacional que participaron del procedimiento negaron esa hipótesis. Los testigos tampoco observaron que los policías federales quemaran un papel donde supuestamente registraban el dinero obtenido por las coimas, según informó *El Liberal*.
Precisamente, la presunta destrucción de evidencia había motivado que la Justicia dispusiera su prisión preventiva, ante el riesgo de que entorpecieran la investigación. Al no poder acreditarse esa irregularidad, el fundamento para mantenerlos detenidos perdió sustento.
Los liberados son la subinspectora Ivon Janet Herrera; el sargento Matías Trejo; los cabos primeros Miguel Barigozzi, Matías Mansilla, Rocío Fernanda Navarro Sabaté y Walter Maximiliano Valdivieso; y el cabo Mauro Nicolás Lazarte. Por esta misma causa, además, fueron separados de sus cargos los comisarios Alejandra Felisa Rejas y David Adrián Domínguez.
La defensa considera que los testimonios recabados deberían conducir a eliminar la imputación por presunta destrucción de pruebas. De esta manera, la acusación se centra en el presunto delito de cohecho, cuya pena prevista resulta excarcelable.
No obstante, los policías continuarán siendo investigados por el fiscal Pedro Simón y el juez Sebastián Argibay, quienes procuran establecer si efectivamente cobraban sobornos a los denominados “tours de compras” que circulaban por la región. Se había mencionado la existencia de una hoja con anotaciones del dinero ingresado por las supuestas coimas, pero ese extremo aún no pudo ser confirmado.
