La Justicia provincial acumula nuevas denuncias en el marco de la investigación contra Diego Ovejero, una causa que genera creciente preocupación tanto en el sector azucarero como en la city financiera tucumana. Los investigadores sospechan que la supuesta estructura de compra y venta de azúcar montada por el acusado habría sido en realidad una pantalla para desplegar un diversificado esquema de estafas y fraudes comerciales de alcance aún no determinado.
«Es el primer caso que tenemos de estas características. Nunca se denunció penalmente a una persona por utilizar una estrategia de este tipo en el mercado local», confió uno de los instructores del expediente. Ovejero, quien se presentaba como un abogado volcado de lleno a la actividad agroindustrial, habría aprovechado su vinculación de parentesco con un prominente industrial de la provincia para sortear los filtros de confianza, ganarse la buena fe de productores y abrirse paso en el circuito de negocios.
En las últimas horas, las pesquisas judiciales arrojaron datos clave sobre la ingeniería financiera utilizada para el presunto fraude. Los denunciantes señalaron que Ovejero operaba a través de la firma Food Trading Dos SAS, mediante la cual libró una serie de cheques con la supuesta intención de reintegrar fondos a los damnificados. La totalidad de estos documentos, que superan los $153 millones, fueron rechazados de manera sistemática por falta de fondos. A esto se suma el uso de cheques apócrifos confeccionados de forma fraudulenta bajo la denominación de la firma Bellamar Estancias SA. “En este caso no se trataba de cuentas vacías, sino de documentos falsos directamente”, ratificó Federico Helguera, uno de los damnificados que ya formalizó su presentación ante los tribunales.
El expediente también incorpora testimonios sobre maniobras paralelas con las firmas El Marqués SAS y Miyagi SA, además de ardides extrajudiciales para dilatar los reclamos de los acreedores. Según consta en las denuncias, el investigado llegó a entregar formularios 08 mellizos —correspondientes a un mismo vehículo— a diferentes acreedores en concepto de garantía. Asimismo, implementó un mecanismo de fraude con tarjetas de crédito: persuadía a sus acreedores de realizar compras de mercadería con plásticos a nombre de allegados para saldar deudas y, tras retirar los bienes, llamaba a las entidades emisoras para desconocer los consumos. Esto provocaba la anulación automática de las operaciones, dejando a los comercios descapitalizados y sin el cobro de la mercadería.
