El decomiso de 37 kilogramos de cocaína de alta pureza en la localidad tucumana de Valentín Jiménez, sobre el límite interprovincial con Santiago del Estero, dio origen a una investigación federal que amenaza con desatar un escándalo institucional de repercusión nacional. Especialistas en la lucha contra el narcotráfico detectaron evidencias físicas concluyentes de que el cargamento de estupefacientes ya había sido incautado en un procedimiento previo y que, mediante maniobras espurias bajo análisis, fue desviado de los depósitos oficiales para ser reintroducido en el circuito del comercio ilegal.
La hipótesis delictiva comenzó a ganar sustento científico durante las pericias de rigor practicadas sobre el cargamento. Los peritos de la Dirección General de Drogas Peligrosas (Didrop) Este advirtieron que los panes de cocaína presentaban numeraciones correlativas estampadas, así como pequeñas perforaciones y cortes lineales en sus envoltorios de polietileno. Según explicaron fuentes judiciales, estas marcas coinciden de manera exacta con los protocolos de las fuerzas de seguridad al momento de inventariar la sustancia y extraer las muestras testigo para los reactivos químicos de campo.
El procedimiento se originó al mediodía durante un control de rutina del Operativo Lapacho sobre la Ruta Nacional 9. Allí, los efectivos interceptaron un camión Mercedes Benz cuyo conductor exhibió una marcada reticencia a abrir el capot del rodado, alegando supuestos desperfectos mecánicos. Ante la firmeza del personal policial, que le impidió continuar la marcha, el transportista realizó una comunicación telefónica a su empleador. Al regresar, ofreció de manera espontánea la suma de $500.000 para sortear la fiscalización; el intento de cohecho motivó su inmediata aprehensión y la requisa de urgencia del motor, donde se hallaban ocultos los paquetes rectangulares.
La gravedad institucional del caso escaló tras la declaración del imputado en sede policial. El chofer, oriundo de la provincia de Salta, confesó haber sido contratado en la ciudad fronteriza de Orán y señaló de forma directa a un miembro en actividad de una fuerza de seguridad nacional como el encargado de acondicionar el camión y facilitarle el tránsito libre de controles hacia Santiago del Estero, donde el cargamento aguardaba ser comercializado. En la región fronteriza, el valor de mercado del kilogramo de cocaína se estima en 2.500 dólares, aunque en el submundo criminal estas «partidas rematadas» suelen ofrecerse a valores sensiblemente inferiores para acelerar su descarte.
«Pusimos al tanto de las autoridades judiciales federales esta situación porque existen elementos morfológicos que indican que se trata de sustancia que ya fue secuestrada en otra causa y que volvió a circular», confirmó de manera taxiva el jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau. El funcionario remarcó que toda la evidencia fue remitida al juzgado correspondiente para realizar la trazabilidad de los códigos numéricos de los panes y cotejarlos con las actas de destrucción e incautación de las provincias del norte.
Este preocupante hallazgo representa el segundo episodio en menos de una semana que coloca a las fuerzas de seguridad en el foco de las sospechas por connivencia con el narcotráfico, tras la reciente detención de una médica civil de Gendarmería Nacional con 66 kilos de cocaína en Salta. La Justicia Federal enfoca ahora sus directivas en dos sentidos: por un lado, determinar en qué eslabón de la custodia judicial se produjo la filtración del cargamento original; por el otro, identificar a los financistas de la operación, bajo la pista de un empresario ligado al rubro del transporte de turismo y la promoción artística en la región.
