El Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Juan Bautista Mahiques, remitió el 8 de mayo al Senado de la Nación los pliegos para solicitar el acuerdo correspondiente a la designación de dos vocales del Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Tucumán. Se trata de Ángel Roger Luna Roldán y Pablo Roberto Toledo, dos postulantes surgidos de ternas elaboradas por el Consejo de la Magistratura en 2023.
El paso representa un avance concreto en la cobertura de vacantes crónicas que afectan el funcionamiento de la Justicia Federal tucumana. El TOF arrastra desde hace años tres cargos sin titular, situación que se replica en juzgados de primera instancia y fiscalías bajo subrogancia o integraciones extraordinarias. Estas demoras inciden directamente en causas de alto impacto: narcotráfico, corrupción, delitos de lesa humanidad y, especialmente, los procesos electorales nacionales y provinciales que tramitan ante el Juzgado Federal N°1.
La reciente asunción de José Manuel Díaz Vélez como titular del flamante Juzgado Federal N°3 –creado hace años pero recién habilitado en abril de 2026– alivió parcialmente la sobrecarga, que supera las 90.000 causas en los despachos federales de la provincia. Sin embargo, la expectativa mayor recae ahora sobre el Juzgado Federal N°1, el “juzgado electoral”, actualmente subrogado por Guillermo Díaz Martínez, juez federal de Catamarca. El Consejo de la Magistratura ya elevó ternas para los juzgados N°1 y N°2, pero el Ejecutivo aún no las remitió al Senado.
En la terna para el Juzgado Federal N°1, con competencia electoral, figuran Carlos Ezequiel Onetto, Carlos Eduardo Saltor y Solana Casella, relatora de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
Pablo Roberto Toledo, por su parte, integra la primera terna del mismo concurso 425 de 2023 para el TOF y cuenta con apoyo visible de sectores provinciales, entre ellos la senadora Beatriz Ávila y sectores cercanos al gobernador Osvaldo Jaldo. Ángel Roger Luna Roldán, abogado de trayectoria en defensa penal y egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, acumula méritos en múltiples concursos del Consejo de la Magistratura sin que se le conozcan fuertes lazos políticos ni controversias públicas.
Las designaciones requieren acuerdo del Senado, donde las negociaciones con bloques provinciales y opositores suelen definir el resultado final. En los pasillos judiciales y políticos tucumanos se sigue con atención este proceso, no solo por su impacto en la normalización de una justicia federal históricamente demorada, sino por el peso que tendrá cualquier titular del Juzgado Federal N°1 en las próximas contiendas electorales. Por ahora, el Ejecutivo ha optado por avanzar en el TOF mientras mantiene en suspenso la definición del casillero electoral clave.
