La crisis del transporte público de pasajeros en Tucumán ha ingresado en una nueva fase de tensión financiera y política. La Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) formalizó ante el Concejo Deliberante capitalino un pedido de recomposición tarifaria, bajo el argumento de un desfasaje de costos que, según advierten, amenaza la sostenibilidad misma del servicio. La pretensión empresaria busca elevar el valor del boleto mínimo a los 1.600 pesos, lo que representaría un incremento cercano al 70% respecto de la tarifa actual de 950 pesos.
El planteo de los transportistas no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una combinación de factores macroeconómicos y cambios en la política de subsidios. El encarecimiento de los insumos básicos —especialmente el combustible y los repuestos—, sumado a las recientes actualizaciones salariales del sector, ha erosionado el margen operativo de las empresas. A este escenario se añade la persistente incertidumbre sobre el flujo de fondos nacionales, cuya retracción ha obligado a las provincias a asumir un rol de auxilio financiero que los empresarios consideran insuficiente.
Desde la cámara que nuclea a las prestatarias, sostienen que el valor actual del pasaje ha quedado desfasado frente a la inflación acumulada. Según el estudio de costos presentado, la cifra solicitada es la mínima necesaria para garantizar la renovación de unidades y el cumplimiento de las frecuencias. Sin embargo, la propuesta se topa con la cruda realidad de los usuarios, cuyo poder adquisitivo se encuentra fuertemente castigado por el contexto económico general, convirtiendo al transporte en una de las erogaciones más sensibles de la canasta básica.
La decisión queda ahora en manos del cuerpo deliberativo, que deberá arbitrar en una encrucijada compleja: acceder al pedido para evitar un posible paro o reducción de servicios, o priorizar la capacidad de pago de los ciudadanos en un clima de alta irritabilidad social. La discusión no se limita únicamente al precio; también pone de relieve la necesidad de un debate de fondo sobre el modelo de transporte en la provincia y la eficiencia en la asignación de recursos públicos.
En las próximas jornadas, las comisiones técnicas del Concejo analizarán los números presentados por AETAT. Mientras tanto, la comunidad aguarda una resolución que logre equilibrar la viabilidad de las empresas con el derecho constitucional al acceso a un transporte público digno y accesible, en un equilibrio que se percibe cada vez más frágil.