En una jornada de definiciones trascendentales para una de las causas más emblemáticas de la historia judicial tucumana, el Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de prisión perpetua para César Soto, el principal imputado por el asesinato de Paulina Lebbos. El alegato, fundamentado en una minuciosa reconstrucción del hecho y en la responsabilidad del acusado como autor material del crimen, marca el inicio del cierre de un proceso que ha demandado casi dos décadas de reclamo ininterrumpido de justicia.
La acusación contra Soto se sustenta en una serie de indicios y testimonios que, a criterio de la fiscalía, acreditan su participación directa en el femicidio cometido en febrero de 2006. Durante la exposición de los alegatos, se hizo hincapié en el vínculo que mantenía con la víctima y en las inconsistencias detectadas en sus declaraciones a lo largo de los años, elementos que permitieron estructurar el pedido de la máxima sanción prevista por el Código Penal.
Simultáneamente, el debate judicial arrojó una novedad de fuste respecto a la situación de Sergio Kalenuk. En una decisión que reconfigura el escenario de responsabilidades, la fiscalía solicitó su desvinculación de la acusación principal al considerar que no existen elementos probatorios suficientes para sostener una imputación penal en su contra. Esta determinación desactiva una de las líneas de investigación más controvertidas de la causa, que en su momento generó una fuerte repercusión por los vínculos del entorno del imputado con el poder político de la época.
El caso Lebbos, convertido en un símbolo nacional de la lucha contra la impunidad y el encubrimiento institucional, entra así en su etapa definitiva. Tras años de dilaciones, procesos anulados y la condena previa de exfuncionarios policiales por maniobras de ocultamiento, el tribunal se encamina a dictar un veredicto que buscará dar una respuesta final a una sociedad que ha seguido el expediente con lógica expectación.
La resolución que adopte el tribunal en las próximas jornadas no solo determinará el destino de los señalados, sino que pondrá a prueba la capacidad del sistema judicial para resolver una deuda histórica. Para la familia de Paulina, encabezada por la persistente figura de Alberto Lebbos, el pedido de la fiscalía representa el reconocimiento técnico de una verdad que han sostenido durante dieciocho años frente a las estructuras de poder más herméticas de la provincia.