En una demostración de celeridad procesal poco habitual en expedientes que involucran a funcionarios de alto rango, la Justicia Federal de Tucumán ha rechazado la propuesta de reparación integral presentada por Martín Sebastián Viola, secretario de Energía de la provincia, en la causa que lo investiga por el uso indebido de un documento nacional de identidad ajeno para publicar agravios en redes sociales y medios digitales.
El caso, que tramita en el Juzgado Federal N° 2 a cargo del juez Guillermo Díaz Martínez y bajo la instrucción del fiscal federal Agustín Chit, ingresó en una etapa decisiva luego de que tanto la querella como el Ministerio Público Fiscal consideraran insuficiente la oferta de disculpas públicas y una donación de cinco millones de pesos destinada a damnificados por inundaciones. La representante legal de la víctima, Stella Belén Salas, objetó la medida por falta de formalidad y proporcionalidad, mientras que el fiscal Chit confirmó el rechazo al no haberse cumplido con los requisitos exigidos.
De este modo, Viola no podrá cerrar el expediente mediante un juicio abreviado ni una reparación económica que, según la querella, habría sentado un precedente inadecuado para delitos cometidos desde el poder político. La causa, originada en la desaparición del DNI de Julián Echazú Toneatti y en la creación fraudulenta de una cuenta en el diario La Gaceta para difamar al funcionario municipal Alejandro Sangenis, avanza ahora hacia la indagatoria y posible procesamiento, sin atajos que eludan la responsabilidad penal.
Esta diligencia contrasta con la tramitación de otros expedientes de mayor gravedad institucional que se encuentran en el mismo Juzgado Federal N° 2. Entre ellos se halla la causa N° 23/2026 por infracción a la Ley 26.364 (trata de personas con fines de explotación sexual), en la que se investiga al diputado nacional Carlos Cisneros, a la abogada Patricia Neme y a Federico Petraglia, derivada de la denominada “causa Vélez”. En marzo de 2026, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz solicitó la declaración indagatoria de los imputados y el juez Díaz Martínez notificó formalmente a la Cámara de Diputados para evaluar un eventual desafuero, sin que hasta el momento se haya producido un avance definitivo comparable a la resolución expedita del expediente de Viola.
También bajo la órbita del mismo juzgado y fiscalía se encuentran la investigación por presunto tráfico de influencias en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán –iniciada en abril de 2025 y que ya supera los once meses–, en la que se indaga un supuesto esquema de venta de sentencias que involucra a altos funcionarios judiciales y a un abogado con vínculos en el Poder Judicial; el archivo de la causa por movimientos irregulares de fondos públicos en municipios tucumanos –más de 40.000 millones de pesos en extracciones por ventanilla–, pese a las sospechas iniciales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac); y la ampliación del procesamiento de la influencer Valentina Olguín por contrabando simulado mediante el uso fraudulento de CUIT de varios gobernadores, un caso de envergadura económica y federal que requirió meses de pesquisa.
En un contexto judicial donde las causas de corrupción, narcotráfico, trata de personas o malversación de fondos públicos suelen demandar plazos prolongados o resoluciones que generan controversia, el tratamiento expedito de este expediente –de entidad menor en términos de perjuicio patrimonial o institucional– resalta la capacidad del sistema para actuar con firmeza cuando los hechos, aunque puntuales, comprometen la credibilidad de un funcionario público.
También sorprende la actitud de muchos medios que han decidido exponer esta juicio menor entre altos y protegidos funcionarios y no otros involucran a personas con gran desprotección del Estado.