El director de El Tucumano, Julio Rafael Valenzuela, presentó una denuncia penal ante el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán contra el diputado nacional Carlos Aníbal Cisneros, sus tres hijas —Marta María, Cecilia Mariana y María Mercedes— y Juan Federico Petraglia. La acusación comprende los delitos de enriquecimiento ilícito de funcionario público, lavado de activos y falsedad ideológica de instrumento público.
La presentación, radicada con el número FTU 23/2026, solicita su acumulación a la causa N° 23/2026 —en la que el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz investiga a Cisneros, Patricia Neme y Petraglia por infracción a la ley de trata de personas—, por conexidad subjetiva y objetiva, así como por las obligaciones derivadas de los estándares internacionales antilavado.
La denuncia se basa en información previamente publicada por este medio, que las hijas de Cisneros habían intentado suprimir mediante una medida autosatisfactiva invocando la Ley de Protección Integral a las Mujeres y la perspectiva de género. En ese escrito, las demandantes afirmaron que “ningún sujeto informador ha dado participación a la UIF”, una declaración que, según la denuncia, confirma el incumplimiento de las obligaciones de reporte de operaciones sospechosas vinculadas a personas políticamente expuestas.
Entre los elementos centrales de la acusación figura el crecimiento patrimonial declarado por el propio Cisneros ante la Oficina Anticorrupción: de $2,7 millones en 2019 a $465,7 millones en 2024, es decir, una multiplicación por 172 en cinco años. Del total, el 46 % corresponde a “participaciones societarias” sin desglose público detallado.
La denuncia también incorpora declaraciones públicas del diputado, incluido un fragmento de una entrevista en la que negó poseer tierras adquiridas por prescripción adquisitiva y, seguidamente, se refirió a una propiedad con las palabras “soy el dueño”.
Se menciona asimismo el control de Cisneros sobre la Caja Popular de Ahorros desde 1995 —entidad que administra el monopolio provincial del juego— y su vínculo con una red de empresas operadoras de tragamonedas en la que figuraban socios luego condenados por lavado de activos en causas de trata de personas.
La presentación judicial destaca que las notas periodísticas que las hijas de Cisneros procuraban eliminar por vía judicial constituyen ahora prueba documental en el expediente federal. El juez y el fiscal tienen a su disposición la documentación sobre la estructura patrimonial del empresario sindical, incluyendo operaciones inmobiliarias, financieras y un hotel de lujo en Tafí del Valle valuado en USD 3,7 millones.
Hasta el momento, no se registran declaraciones oficiales de los denunciados respecto de esta nueva presentación penal. La causa por trata de personas, en tanto, continúa su curso con el pedido de indagatoria formulado por el fiscal Vehils Ruiz.
Mientras tanto, mañana lunes se llevará a cabo la audiencia que definirá si el portal El Tucumano deberá levantar las notas documentadas sobre los bienes de las hijas del polémico diputado nacional Carlos Aníbal Cisneros. Las demandantes —Marta, Cecilia y Mercedes Cisneros— invocan la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres y normativas internacionales de género para solicitar la supresión de publicaciones que detallan sus participaciones societarias e inmobiliarias, sustentadas en registros públicos. La audiencia se transmitirá en directo por el streaming de La Tucumana.
La medida autosatisfactiva urgente fue presentada el 25 de marzo de 2026 ante un juzgado civil de Tucumán por el abogado Juan Andrés Robles. En un escrito de 31 páginas, las tres hermanas citan la Convención de Belém do Pará, la CEDAW y la Ley Micaela, aunque no explicitan de qué modo preciso las notas periodísticas configurarían violencia mediática.