Patricia Bullrich presentó una acción de amparo ante la Justicia Federal para solicitar la «inconstitucionalidad» del DNU dictado por Alberto Fernández.
Este decreto presidencial fue el que endureció las restricciones y las medidas preventivas por la pandemia de coronavirus.
Patricia presentó al Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 9, a cargo de Pablo Gabriel Cayssials, y pidió el dictado de una medida cautelar para que suspenda el DNU presidencial 241/21.
La principal polémica gira en torno a la suspensión de las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La ex ministra se justificó diciendo que no había razones fundadas para tomar las medidas por decreto de necesidad y urgencia (DNU), que solamente son válidos en «circunstancias excepcionales» que -de acuerdo al artículo 99 de la Constitución- «hacen imposible seguir los trámites ordinarios», es decir, la intervención del Congreso.
«El Gobierno no puede pretender remediar su falta de acción con decretos de necesidad y urgencia y nuevos cierres que, a juzgar por el tiempo restante para que la Argentina alcance la denominada «inmunidad de rebaño», podrían extenderse por bastante más tiempo que los 15 días previstos».
«No se entiende por qué el gobierno estima que la solución al problema de los contagios se alcanzará con 15 días de aislamiento, cuando no lo logró con casi un año y, además, no está a la vista una adquisición masiva de vacunas para llegar al 70% de la población», amplió.
Y agregó: «Todo haría prever que el Poder Ejecutivo Nacional pretende mantenernos encerrados durante otro año, y si así no fuera, carece de sentido este aislamiento durante 15 días».
«El principal argumento consiste en la incursión inconstitucional del Poder Ejecutivo en materias que las provincias y la CABA no le han delegado y que, por tanto, conservan para sí, tales como los horarios de las industrias y comercios, la forma en la que deben atender al público o la organización de la escolaridad».
