Efectivos de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Banda del Río Salí secuestraron cinco camionetas valuadas en 250 millones de pesos en distintos puntos de la provincia, en el marco de una investigación por estafas millonarias que involucra a dos empresas salteñas dedicadas a la actividad comercial con flotas de vehículos. Los conductores de las unidades quedaron demorados a disposición de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad, mientras que la causa continúa bajo análisis judicial y se secuestró documentación de interés.
El comisario principal Marcos Morante, jefe de esa unidad, informó el sábado que las pesquisas de la Unidad de Delitos Económicos Complejos de Salta habían detectado un esquema de estafa piramidal estilo Ponzi, que derivó en numerosos allanamientos y secuestros en la provincia vecina, aunque restaban localizar algunos vehículos que al parecer habían sido trasladados a Tucumán. En ese contexto, se desplegó la totalidad del personal investigativo de la Brigada de Investigaciones, que en distintos días y lugares logró el secuestro de las cinco camionetas, las que fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.
La investigación salteña, encabezada por la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, se había iniciado meses atrás a partir de denuncias de particulares que describían promesas de rendimientos mensuales en dólares a cambio de aportes de capital o de vehículos propios para la compra y el alquiler de flotas. Los sospechosos se presentaban como responsables de las firmas Gerala Foa S.R.L. y Naireibis S.R.L., captaban fondos o unidades, cumplían inicialmente con los pagos y luego cesaban los compromisos, entregaban garantías sin valor comercial o comercializaban rodados con prendas y restricciones que impedían su transferencia.
En julio de 2026 la fiscalía salteña había dispuesto seis allanamientos simultáneos en la capital provincial, con el secuestro de doce automóviles, dispositivos informáticos, teléfonos y documentación, además de la detención de tres sospechosos y la prohibición de salida del país. Parte de esa flota, según las pesquisas, había sido trasladada a otras provincias, incluida Tucumán, para dificultar su localización, lo que motivó la intervención de la policía tucumana en coordinación con las autoridades de Salta.
El esquema investigado reúne características de un sistema Ponzi, en el que los pagos a los primeros inversores se financian con los aportes de nuevos participantes sin una actividad económica real capaz de sostener las ganancias prometidas. La causa en Tucumán se encuentra en etapa de análisis judicial, con los conductores demorados y la documentación secuestrada a disposición de la Unidad Fiscal competente, mientras se espera que avancen las pericias y las posibles conexiones con los procedimientos realizados en Salta.
