La despiadada disputa sin cuartel que mantienen dos poderosos sectores de la Justicia de Tucumán tuvo este martes 10 de noviembre un importante fallo a favor de las pretensiones de la actual presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT), la doctora Marcela “Machi” Ruiz. El juez Raúl Tejerizo resolvió no hacer lugar a la acción de amparo electoral promovida por la camarista Malvina Seguí y dispuso el levantamiento inmediato de la medida cautelar que mantenía paralizados los comicios en la asociación, que en un principio estaban pactados para el 3 de diciembre.
El titular del Juzgado Civil y Comercial Común de la XIII° Nominación rechazó de manera integral el planteo de Seguí —patrocinada por el abogado Eduardo Eugenio Racedo— y validó el criterio de la conducción que encabeza Ruiz (actualmente de licencia, con el vicepresidente Jorge Jakobsen en ejercicio). Según la resolución, los funcionarios judiciales incorporados como socios adherentes computan los cuatro años de antigüedad exigidos por los artículos 8 y 37 del estatuto desde la asamblea del 5 de noviembre de 2021, y no desde el 31 de octubre de 2025, fecha de publicación en el Boletín Oficial de la reforma que formalizó esa categoría.
Tejerizo sostuvo que el artículo 5° reformado consagró una previsión específica de aplicación temporal que desplaza, para ese supuesto, la cláusula general del artículo 40. “Si la asamblea, en tanto órgano de gobierno que expresa la voluntad soberana de la asociación, resolvió expresamente habilitar la incorporación de socios y socias adherentes a partir de la reforma estatutaria, cabe interpretar que dicha decisión consagró una previsión específica en cuanto a su aplicación temporal, que desplaza, para ese supuesto particular, la regla general de vigencia contemplada en el art. 40”, escribió el magistrado. Amparó el razonamiento en el artículo 157 del Código Civil y Comercial de la Nación, que dispone que las modificaciones societarias producen plenos efectos internos entre los asociados desde su otorgamiento.
El juez subrayó además la doctrina de los actos propios. Privar a los adherentes del derecho a votar e integrar listas “implicaría convalidar una conducta contradictoria e incompatible” con la actuación institucional de la AMT desde 2021, cuando esos funcionarios comenzaron a pagar cuotas por descuento en planilla, a participar de actividades y a figurar en padrones sin objeciones. Recordó la asamblea del 23 de abril de 2026, en la que se confirmó que los funcionarios con cuatro años de antigüedad tenían voz y voto. Calificó de irrazonable la interpretación de Seguí y priorizó el derecho al sufragio como “pilar fundamental del sistema democrático”.
La resolución llega después de un derrotero procesal accidentado. Seguí presentó el amparo el 14 de octubre para excluir del padrón a unos 50 funcionarios sobre un cuerpo electoral regular de alrededor de 200 asociados. El 21 de octubre Tejerizo rechazó “por ahora” la cautelar de no innovar. El 29 de octubre la Cámara en lo Civil y Comercial Común (vocales Florencia Presti y María Soledad Monteros) revocó esa decisión, hizo lugar a la apelación de Seguí y ordenó suspender la Resolución del 22 de octubre —que había convocado los comicios para el 3 de diciembre— junto con todo el calendario electoral, hasta que recayera sentencia de fondo. Tras el fracaso de una audiencia de conciliación, Seguí pidió pronto despacho. Tejerizo dictó ahora el rechazo de la acción, levantó la cautelar y reguló costas, dejando abierta la vía de apelación.
El fallo se inscribe en una crisis de poder más amplia dentro del Poder Judicial tucumano. La AMT bajo la conducción de Ruiz perdió en octubre de 2025 la representación de los magistrados ante el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), espacio históricamente controlado por la entidad. Una nueva organización transversal —con conducción colegiada integrada, entre otros, por Raúl Ángel Robín Márquez, Alicia Valentina Ruiz de los Llanos y María Beatriz Bisdorf— desplazó a la AMT de ese órgano. En paralelo, jueces como Gonzalo Ortega y Ana María Iacono impulsaron reclamos por la rendición de cuentas y la exhibición de balances. En el conflicto también hubo amenazas de denuncias por irregularidades en la Escuela Judicial del CAM, que apuntan al vocal de la Corte Daniel Posse, a Adela Seguí (directora académica y hermana de Malvina) y a la propia Malvina Seguí por su participación en reformas que habilitaron prórrogas y designaciones familiares.
Los mandatos de la actual Comisión Directiva vencen el 15 de diciembre. El estatuto exige convocatoria con al menos 30 días de anticipación. Si el pronunciamiento de Tejerizo es confirmado por la Cámara o por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, los comicios podrán celebrarse con el padrón que incluye a los socios adherentes habilitados desde 2021. La disputa, sin embargo, está lejos de cerrarse: el expediente puede subir de instancia y las tensiones internas —entre quienes cuestionan la gestión de Ruiz y quienes la respaldan— siguen abiertas en Tribunales.
