Un tren de alta velocidad embistió por la cola a un convoy de la operadora Iryo que estaba detenido en la vía a la altura del kilómetro 118 de la línea Madrid-Andalucía, en las inmediaciones de la estación de Urda, en la provincia española de Toledo. Las autoridades de Castilla-La Mancha informaron de al menos treinta muertos, con la advertencia de que la cifra podría aumentar a medida que avanzaran las tareas de rescate. El incidente se produjo poco antes de las nueve de la mañana de este miércoles, cuando el tren AVE 2080, que había partido de Madrid-Puerta de Atocha con 397 pasajeros, alcanzó al Iryo 6076, que transportaba 147 personas —incluida una bebé— y que se hallaba parado.
El impacto provocó el descarrilamiento de varios coches del tren de Iryo, dos de los cuales cayeron por un terraplén de unos diez metros en una zona rural de los Montes de Toledo, mientras que otros vagones del AVE también resultaron afectados, según fuentes de los servicios de emergencias 112 y de Adif. La circulación de alta velocidad entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía quedó suspendida de inmediato, y tanto Renfe como Iryo habilitaron números de asistencia para familiares y afectados.
La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, confirmó inicialmente una decena de víctimas fatales y advirtió de que el balance se elevaría, mientras que fuentes gubernamentales consultadas por señalaron que el siniestro “puede ser peor que Adamuz”, en referencia al accidente del 18 de enero de este año en la provincia española de Córdoba, donde un descarrilamiento de un Iryo que invadió la vía contraria y chocó con un tren de Renfe dejó 46 muertos. En total, 544 personas viajaban en las dos formaciones involucradas en el alcance de este miércoles.
Las primeras hipótesis apuntan a un posible error humano en el centro de control de Atocha o a un fallo en el sistema de señalización LZB que obligó a operar con procedimientos manuales y habría permitido que se diera luz verde al AVE pese a que el Iryo se encontraba detenido.
El accidente se produce apenas nueve meses después de la tragedia de Adamuz, que socavó la confianza pública en la red de alta velocidad española —una de las más extensas de Europa— y dejó abierta una investigación sobre el estado de las vías y los sistemas de seguridad.
