En la segunda audiencia del juicio oral por el femicidio de Érika Antonella Álvarez, Felipe “El Militar” Sosa rompió nueve meses de silencio y admitió, de manera espontánea, que fue él quien arrojó el cuerpo de la joven de 25 años en el basural de Manantial Sur. “Yo lo dejé en el basural, entre las 10 y las 12”, declaró ante el tribunal mientras se exhibían imágenes del lugar del hallazgo, según reportes de la jornada y publicaciones en redes sociales que recogieron sus palabras.
El principal acusado, de alrededor de 50 años, exmilitar y empresario de seguridad privada, precisó que actuó “totalmente solo” y que “absolutamente nadie” más intervino en el descarte del cadáver, ocurrido la mañana del 7 de enero de 2026 en la intersección de las calles William Bliss y Gerónimo Helguera. Lo hizo luego de haberse negado a declarar en la primera jornada, tras la lectura de los alegatos de apertura.
FEMICIDIO ÉRIKA ÁLVAREZ: SOSA RECONOCIÓ QUE DEJÓ EL CUERPO
"YO LO DEJÉ EN EL BASURAL, ENTRE LAS 10 Y LAS 12"
El principal acusado declaró por primera vez y desligó a Díaz.
> Perito: "En 22 años nunca vi un cuerpo envuelto así" https://t.co/ofBTvHJKEq— Cezur (@Cecilia31326244) October 27, 2026
Sosa desvinculó categóricamente a Jorge Orlando “Chicho” Díaz, su empleado de confianza y coimputado por encubrimiento agravado. “Es el único de los involucrados que no tiene nada que ver en el caso y que no sabía lo que había pasado en mi casa. Me parece una injusticia tremenda”, afirmó. “No es la primera vez que tengo la posibilidad de decir esto, para ver si de alguna forma lo puedo ayudar”. También pidió disculpas a las familias de Justina Gordillo —su entonces pareja y funcionaria de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán—, de Díaz y de Nicolás Navarro Flores, ya condenado a tres años de prisión por encubrimiento mediante juicio abreviado. “Por haberlos llamado por teléfono quedaron implicados”, justificó, en referencia a llamados posteriores al “evento” ocurrido en su vivienda de Yerba Buena.
El acusado no reconoció el homicidio. Su defensa, a cargo de Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, mantiene que no está probado que Sosa haya causado la muerte y sostiene la posibilidad de una causa distinta, tras la cual el imputado habría actuado por pánico al deshacerse del cuerpo. En junio, durante una audiencia previa a la elevación a juicio, Sosa había declarado: “Que quede claro que no maté a Érika”.
El juicio, que comenzó el lunes 26 de octubre ante las juezas María Valeria Mibelli y Eliana Karina Gómez Moreira y el juez Sebastián Mardiza, se extenderá hasta mediados de diciembre. La Fiscalía de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, pide prisión perpetua para Sosa por homicidio doblemente agravado por mediar violencia de género, y seis años para Gordillo (48) y Díaz (40) por encubrimiento agravado. Navarro Flores declarará como testigo.
Según la reconstrucción fiscal, Álvarez —estudiante de enfermería— llegó alrededor de las 3:50 de la madrugada del 7 de enero a la vivienda de Sosa en Santo Domingo al 1100, en Yerba Buena. Entre esa hora y las 7 fue agredida con extrema violencia, provocándole un traumatismo craneofacial grave y lesión cervical alta. Su cuerpo fue envuelto en tres bolsas de consorcio, selladas con cinta adhesiva y atadas con soga negra con nudos de tipo militar, antes de ser cargado en una camioneta Volkswagen Amarok y descartado en el basural. Fue hallado la tarde del 8 de enero por vecinas que buscaban verduras.
Peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) declararon en la audiencia. Uno de ellos señaló que “en 22 años nunca vi un cuerpo envuelto así”. Estudios genéticos hallaron perfiles de Sosa en las uñas de la víctima, la cinta adhesiva y las bolsas que cubrían el cuerpo. Cámaras de seguridad habían reconstruido previamente el recorrido de la Amarok aquella mañana, con una maniobra circular para cargar el cuerpo sin ser detectado por las cámaras frontales de la vivienda.
En una nota previa, este medio había destacado que, mientras la prueba contra Sosa es abrumadora —el fiscal lo describió como “hasta las manos”—, aún no existen elementos materiales directos que comprometan de manera contundente a Gordillo o a Díaz en el ocultamiento o la eliminación de rastros. La declaración de este martes concentra la responsabilidad del descarte en el principal acusado y busca aliviar la situación de su empleado, cuya defensa sostiene que solo cumplió tareas laborales aquel día.
La familia de Álvarez ha reclamado justicia con dureza. “La trataron como basura”, expresó su hermano antes del inicio del debate. “Como hermano mayor, creo que eso nunca voy a perdonar”. El proceso continúa, y la admisión del descarte del cuerpo marca un punto de inflexión en la estrategia de la defensa de Sosa, sin despejar aún las dudas sobre las circunstancias exactas de la muerte ni la participación eventual de terceros en la trama posterior al hallazgo del cadáver.
