El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó este jueves 22 de octubre la ordenanza impulsada por la intendenta Rossana Chahla que elimina 59 tasas y conceptos tributarios municipales, una medida que el oficialismo presenta como simplificación y alivio para vecinos y comerciantes, pero que en la práctica constituye pura cosmética fiscal para un municipio que mantiene en la opacidad absoluta la mayor parte de sus gastos.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Emiliano Vargas Aignasse, reconoció durante el debate que los conceptos suprimidos representan, como máximo, el 1,5 % de los ingresos de la Dirección de Ingresos Municipales. Entre los cobros eliminados figuran aranceles por certificados de libre deuda y de cumplimiento fiscal, sellados administrativos, ciertos cánones de vía pública, trámites de cementerios y la contribución municipal sobre facturas de agua, cloacas y gas. La diputada nacional y candidata libertaria Soledad Molinuevo ya había calificado el proyecto, días atrás, como “maquillaje de campaña” con “beneficio casi nulo” para la gente, al tiempo que reclamó una reducción real del TEM y del gasto político.
Esta redacción ya había anticipado el carácter cosmético de la iniciativa el 6 de octubre, cuando todavía no tenía voto del Concejo. El contraste con la realidad administrativa del Municipio es elocuente. En agosto, El Federalista documentó que la gestión de Chahla se negó a revelar los recibos de haberes de sus secretarios ante un pedido formal de tres jueces de Faltas, invocando la Ley de Protección de Datos Personales y ofreciendo solo una escala abstracta de cargos. El presupuesto 2026 destina 110.000 millones de pesos —el 31,5 % del total— a la gestión de residuos, más del doble del promedio nacional, y el contrato con Transportes 9 de Julio S.A. se prorrogó por cinco años.
