El Instituto Agrotécnico Obispo Colombres de Tafí Viejo atravesó una jornada de protesta marcada por el malestar de estudiantes y docentes. El reclamo tuvo como uno de sus principales puntos el operativo que se realizó para retirar los teléfonos celulares de los alumnos, pero también expuso una disputa interna por la conducción del establecimiento.
La medida generó una sentada de los estudiantes frente al colegio. Los alumnos expresaron su respaldo a la vicedirectora, María de los Ángeles Rearte, y cuestionaron el procedimiento utilizado para retirar los dispositivos.
De acuerdo con los testimonios recogidos durante la protesta, las autoridades revisaron mochilas y solicitaron la entrega de los teléfonos. Los estudiantes afirmaron que recibieron advertencias sobre posibles sanciones ante una negativa. También denunciaron que algunos equipos sufrieron daños después de ser colocados en cajas.
Uno de los alumnos sostuvo que la institución cuenta con una regla que limita el uso de celulares durante las clases, pero cuestionó la forma en que se aplicó esa disposición. En ese sentido, relató que hubo advertencias sobre revisiones y sanciones. También afirmó que algunos teléfonos terminaron con roturas. “Hay teléfonos que tienen el módulo roto, cámaras rotas”, relató.
El conflicto también alcanzó a los docentes. Juana Rodríguez, una de las trabajadoras que participó de la protesta, afirmó que el malestar dentro de la institución excede el episodio de los celulares. “Hay un malestar laboral. No venimos a trabajar tranquilos. Nos sentimos perseguidos”, sostuvo.
La pelea por la conducción del colegio
Detrás de la protesta estudiantil apareció además una disputa institucional que enfrenta a la vicedirectora con el rector, Fabio Moya.
Rearte cuestionó la situación de la conducción y planteó objeciones sobre la documentación vinculada con su propia designación. Según explicó, mantiene diferencias con Moya y sostiene que existen trámites pendientes ante los organismos educativos.
La vicedirectora también cuestionó la situación del rector frente a la cooperativa que administra la institución. “Tenemos un rector que, ante nosotros, que somos una cooperativa de trabajo, tiene un mandato vencido”, afirmó.
Rearte aseguró que necesita documentación que estaría en poder de Moya para completar su expediente y avanzar con el reconocimiento formal de su cargo. También señaló que realizó consultas ante Educación Privada y la Junta para intentar destrabar el conflicto.
Además, pidió la intervención del Ministerio de Educación y del organismo responsable de controlar a las cooperativas. Su objetivo, según explicó, es regularizar tanto la situación institucional como la administrativa de la entidad.
Una elección cuestionada
El docente y asociado Marcos Cabral aportó otro elemento a la disputa. Según su explicación, el conflicto por la conducción tiene su origen en el proceso de elección de las autoridades de la cooperativa.
Cabral sostuvo que el estatuto establece que el rector debe surgir de una asamblea de asociados. En ese marco, señaló que durante una reunión realizada en diciembre de 2025 se quitó del orden del día el punto referido a la elección del rector.
El docente afirmó que, después de esa situación, una resolución del IPACyM, organismo encargado de regular a las cooperativas, habría intimado a la institución para que realizara la asamblea correspondiente.
Sin embargo, según el planteo de Cabral, Moya consiguió luego una resolución del Ministerio de Educación que permitió su continuidad al frente del establecimiento.
“Estamos a la espera de que se nos responda para anular todas esas decisiones”, manifestó.
Los docentes indicaron que presentaron un pedido de impugnación y nulidad de la designación y que aguardan una respuesta de las autoridades de Educación Privada.
Los estudiantes denunciaron temor a sanciones
La protesta también dejó expuesto el temor de algunos alumnos frente a posibles medidas disciplinarias. Varios estudiantes evitaron mostrar sus rostros ante las cámaras y afirmaron que podían recibir sanciones por participar de la manifestación.
Una alumna explicó que decidió conservar su teléfono porque considera necesario mantener una vía de comunicación con su familia ante una eventual emergencia. “No me parece que nos tengan que sacar el celular cuando no tienen ni siquiera el número de nuestras madres”, planteó.
Los estudiantes también señalaron que algunos compañeros recibieron advertencias sobre amonestaciones y suspensiones de varios días.
A ese reclamo se sumó el caso de una estudiante que afirmó haber recibido una suspensión de tres días después de la difusión de un audio. Según explicó, integra un Consejo de Adolescentes y utilizó ese espacio para acompañar a sus compañeros durante la organización de la protesta.
La joven sostuvo que la sanción surgió a partir del contenido del audio. “Me sancionaron a mí, me callaron”, expresó entre lágrimas.
El reclamo llegó a las autoridades provinciales
La jornada dejó planteado un conflicto con varios frentes abiertos. Los estudiantes cuestionaron el retiro de los celulares, denunciaron daños y posibles sanciones, mientras que los docentes reclamaron por la situación laboral y la conducción de la institución.
Rearte pidió la intervención de los organismos provinciales vinculados con Educación y cooperativas. También defendió la protesta estudiantil y sostuvo que los alumnos ejercieron su derecho a expresarse de manera pacífica.
El conflicto quedó así atravesado por dos reclamos principales: el procedimiento utilizado para retirar los teléfonos y la disputa institucional por la conducción del Instituto Agrotécnico Obispo Colombres. Las partes involucradas esperan ahora respuestas de las autoridades correspondientes.
