La Federación Económica de Tucumán (FET) volvió a poner el foco sobre la presión fiscal que enfrentan las pequeñas y medianas empresas. Esta vez, la preocupación está puesta en la velocidad con la que ARCA inicia juicios de ejecución fiscal y dispone embargos sobre las cuentas bancarias de empresas con deudas tributarias.
El presidente de la entidad, Héctor Viñuales, afirmó que el problema dejó de ser una advertencia del sector empresario y pasó a convertirse en una situación concreta para numerosas firmas. “No es que lo vemos, sino que lo sufrimos”, sostuvo.
Según explicó, una deuda impaga puede derivar en un proceso judicial en un plazo muy breve. “A los 15 días mínimo se están iniciando juicios de ejecución fiscal a las empresas por saldos impagos, y muchas veces es en el mismo mes”, señaló.
El problema se agrava cuando llega el embargo. Viñuales explicó que las cuentas bancarias pueden quedar bloqueadas pocas semanas después del inicio del juicio. “Al otro mes, el día 10, 12, tenés embargada la cuenta. Generalmente, ocurre ese embargo”, afirmó.
Para una PyME, el efecto puede ser inmediato. La imposibilidad de disponer de los fondos compromete el pago de salarios, proveedores y otras obligaciones básicas. “Te genera un daño importante, porque hay que pagar los sueldos, se debe pagar todo. Además, es factible que te embarguen con el mismo monto varias cuentas”, advirtió.
“Eso inmoviliza a la empresa y le genera un daño tremendo”, agregó.
El pedido de la FET
Ante este escenario, la Federación Económica planteó una medida concreta: suspender los embargos durante un período de seis meses o, al menos, hasta fin de año.
“Solicitamos que paren los embargos por un tiempo, hasta pasar esta época difícil de la economía”, expresó Viñuales.
El titular de la FET insistió con la necesidad de generar un margen para que las empresas puedan sostener su actividad. “Que vean que, por lo menos hasta fin de año, no haya embargo para que la gente pueda trabajar tranquila”, reclamó.
El planteo forma parte de una agenda más amplia de la entidad empresaria. La FET también reclamó medidas para reducir los costos que afectan a la industria tucumana, con especial atención sobre la energía, la carga tributaria, los costos logísticos y el acceso al crédito.
La preocupación adquiere mayor dimensión en una provincia donde la mayoría del entramado empresarial está compuesto por PyMEs. Según los datos citados por el sector, Tucumán cuenta con poco más de 10.000 empresas y cerca del 90% corresponde a pequeñas y medianas compañías. Alrededor del 60% son microempresas.
“Los que están en la formalidad”
Viñuales también apuntó contra una situación que considera contradictoria: las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales quedan más expuestas ante el fisco.
“Si yo no estoy inscripto, no presento nada. Si yo no presento declaración jurada, salvo una multa, no pasa nada. Pero el que presenta declaración jurada, que pone cuánto ha vendido, cuánto ha comprado y qué saldo tiene a pagar, y el que pone cuánto tiene a pagar para los empleados, de jubilación, obra social, son los que tienen los problemas; o sea, los que están en la formalidad”, sostuvo.
El dirigente aclaró que la FET no plantea desconocer las obligaciones tributarias. “Por supuesto que lo lógico es que, si vos tenés una deuda, la tenés que pagar; estamos de acuerdo, pero no todas las empresas pueden y están en buenas condiciones”, afirmó.
El reclamo apunta, en particular, a los tiempos de ejecución. Para la Federación, el problema no reside solo en la existencia de una deuda, sino en que el embargo puede llegar cuando la empresa ya atraviesa problemas de liquidez.
Caída de ventas y menor rentabilidad
El escenario que describió Viñuales también incluye una merma de la actividad comercial e industrial. Las empresas recurren a promociones y descuentos para sostener las ventas, pero esas estrategias reducen los márgenes de rentabilidad.
“Hay una merma en la actividad comercial, industrial, y evidentemente hay una pérdida de rentabilidad”, explicó.
“Para poder mantenerse hacen una serie de liquidaciones, promociones. Vos vas por la calle y ves 3 x 2, 2 x 1, pago en contado el 30% menos”, detalló.
A ese cuadro se suman otros costos que pesan sobre las empresas. “Todo eso hace que, para poder sostener la actividad, no se gana lo que muchas veces se necesita para poder pagar los gastos, sumado a un incremento importantísimo de la energía, los impuestos, los alquileres. Es un momento difícil. Hay un sector que lo está sufriendo, y mucho”, afirmó.
Un embargo puede cortar toda la cadena de pagos
El asesor impositivo Agustín Zeppa, integrante de la comisión de impuestos del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán, coincidió con el diagnóstico de la FET y calificó el escenario como “terrorífica” para las PyMEs.
Según explicó, el problema aparece cuando los vencimientos tributarios coinciden con una menor capacidad de cobro de las empresas.
“En medio de la realidad del negocio, se te vence el previsional y a los 10 días te están haciendo el juicio. Y con los anticipos de Ganancias y Bienes Personales pasa lo mismo; no se puede refinanciar eso”, sostuvo.
Zeppa también señaló las dificultades que pueden aparecer incluso con los planes de pago. “A veces aceptan el plan de pago de 931, lo que es previsional, se deja de pagar una cuota y ya te hacen juicio”, afirmó.
El impacto, según el especialista, excede a la empresa que recibe la medida. “El primer daño es bloquearte la cuenta bancaria, lo que te impide el pago de sueldo. Así te corta la cadena de pago, porque te empiezan a rebotar los cheques que diste a los proveedores”, alertó.
Por eso, consideró necesario que la política fiscal tenga en cuenta el nivel de actividad y la situación financiera de las empresas. “Es aggiornarse a la realidad económica. No se puede ejecutar cuando está cortada la cadena de pago y ante la morosidad que hay en los clientes chiquitos, por ende, los comercios”, planteó.
El reclamo también alcanza a Rentas
La discusión no quedó limitada a ARCA. Zeppa advirtió que la Dirección General de Rentas de Tucumán aplica una lógica similar, según su diagnóstico.
“Todos lo están sufriendo, y lo peor es que (la Dirección General de) Rentas está haciendo lo mismo”, afirmó.
El antecedente provincial muestra que el tema de los embargos ya formó parte de la agenda oficial. En agosto de 2025, el Gobierno de Osvaldo Jaldo amplió los plazos para contribuyentes con deudas ante Rentas con el objetivo de evitar embargos sobre cuentas corrientes. La medida incorporó una notificación previa y cinco días adicionales para regularizar la situación.
Ahora, la FET reclama una respuesta de alcance nacional frente a los procedimientos de ARCA.
Viñuales indicó que existieron contactos para evaluar una eventual modificación, pero aclaró que hasta el momento no existe una resolución oficial. “Están viendo la posibilidad de sacar una resolución, están viendo”, señaló.
Y agregó: “Es extraoficial que le van a dar alguna solución, extraoficialmente. Pero hasta hoy no, hasta hoy no”.
Para la entidad empresaria, el objetivo es evitar que una deuda tributaria termine por convertir un problema financiero transitorio en el cierre definitivo de una empresa.
